La ley europea ampara la expulsi¨®n pero limita el veto al reingreso

El derecho a la libre movilidad en la UE no implica un acceso autom¨¢tico a la libre residencia. La norma que regula este pilar b¨¢sico comunitario ampara las expulsiones de extranjeros cuando representan una carga para el sistema social. Transcurridos tres meses desde la entrada en el pa¨ªs de acogida, las autoridades pueden decretar la salida de un europeo si considera que no tiene medios para sobrevivir, un supuesto creciente desde que arranc¨® la crisis. Lo que los pa¨ªses no pueden hacer es impedir el reingreso de manera general. Bruselas reh¨²sa pronunciarse sobre el proyecto alem¨¢n hasta que el Gobierno lo concrete, pero recuerda que la mayor parte de quienes se desplazan en el seno de la UE lo hace para trabajar.

Las presiones populistas derivadas de la crisis econ¨®mica han llevado a varios pa¨ªses comunitarios a volver la vista hacia una directiva hasta ahora poco explorada. El texto que regula la libre circulaci¨®n de personas en el continente ofrece unos m¨¢rgenes a los que la mayor¨ªa de los pa¨ªses no hab¨ªa necesitado recurrir. Todo ciudadano comunitario puede entrar y salir de un pa¨ªs con su DNI y residir all¨ª durante tres meses. En ese periodo, la norma europea no le reconoce ning¨²n derecho (prestaciones, asistencia sanitaria ordinaria¡­), aunque algunos pa¨ªses legislaron de forma que cualquier europeo pudiera solicitar desde su llegada esos beneficios.

A partir del cuarto mes, la situaci¨®n es muy distinta. Los extranjeros comunitarios pueden prolongar su estancia en cualquiera de estos supuestos: ser trabajador por cuenta propia o ajena, disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad, ser estudiante (tambi¨¦n con recursos y un seguro de salud) o ser familiar de alguien que cumple estos requisitos. Quienes quedan en paro tras haber trabajado un tiempo en el pa¨ªs cuentan con una garant¨ªa adicional: no podr¨¢n ser expulsados al menos en seis meses, siempre que busquen activamente trabajo.

Fuera de esos criterios, los ciudadanos no pueden estar seguros de que el Estado de acogida les permitir¨¢ quedarse. Los pa¨ªses miembros pueden decretar una expulsi¨®n, aunque la directiva que lo permite ¡ªaprobada en 2004, cuando estos supuestos eran aislados¡ª insiste en que debe reservarse para ¡°circunstancias excepcionales¡±, especialmente en casos de una residencia prolongada y con presencia de menores. El texto insta tambi¨¦n a evaluar el grado de integraci¨®n del candidato a la expulsi¨®n.

Algunos pa¨ªses del club comunitario han intensificado esta pr¨¢ctica en los ¨²ltimos meses. El caso m¨¢s sonado es B¨¦lgica, que el a?o pasado mostr¨® el camino de salida a casi 5.000 europeos (291 de ellos espa?oles).

Mucho m¨¢s estricta resulta la directiva europea en lo que respecta a limitar el reingreso de quienes han sido desalojados de un territorio comunitario. Los Estados solo podr¨¢n impedir un nuevo intento ¡°por razones de orden p¨²blico, seguridad p¨²blica o salud p¨²blica¡±, y en ning¨²n caso por motivos econ¨®micos. Una portavoz comunitaria matiza que no puede hacerse de manera general (por ejemplo, para todos aquellos que no tengan recursos econ¨®micos), sino individualmente, evaluando la procedencia en cada caso.

M¨¢s all¨¢ de ese marco, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia reconoce el derecho a volver a intentarlo transcurrido un plazo razonable y, en todo caso, tres a?os despu¨¦s de la orden de salida. As¨ª que resulta dudosa la legalidad de lo que proponen los sabios alemanes si el freno en las fronteras se regula de forma gen¨¦rica.

La presentaci¨®n de este informe resucita un discurso que en Alemania parec¨ªa orillado desde que la canciller Angela Merkel incorpor¨® al Gobierno a los socialdem¨®cratas. Tras una alarma preventiva a finales de 2012 por la supuesta avalancha de rumanos y b¨²lgaros que nunca lleg¨® a principios de a?o, cuando decayeron las ¨²ltimas restricciones laborales que manten¨ªan Alemania y otros pa¨ªses, los mandatarios germanos hab¨ªan moderado su discurso.

La comparecencia de dos ministros para explicar estas pr¨®ximas restricciones tiene un enorme efecto potencial. Alemania es la primera econom¨ªa europea y una de las que mejor ha escapado a la crisis, por lo que su atractivo como foco de empleo es indiscutible en un continente marcado por el paro. Especialmente para Espa?a, que con el 26% de su poblaci¨®n activa en desempleo se disputa con Grecia el primer puesto la lista de la UE.

Pese a evitar pronunciarse sobre un proyecto a¨²n por concretar, la Comisi¨®n Europea no oculta su malestar por el auge de un debate que cree escasamente fundamentado. Apenas el 2,6% de los ciudadanos comunitarios reside en un Estado miembro diferente al suyo, un porcentaje hasta hace poco considerado insuficiente para el proyecto comunitario (aunque el reparto es desigual y se concentra en los territorios ricos). La mayor¨ªa de los estudios acreditan, adem¨¢s, ganancias econ¨®micas para los pa¨ªses receptores de inmigrantes.

En el caso alem¨¢n, el Ejecutivo comunitario cita uno de esos trabajos, publicado por la fundaci¨®n Bertelsmann Stiftung en diciembre de 2013, que concluye que los extranjeros comunitarios aportan al sistema de bienestar m¨¢s de lo que reciben. Informes similares se han divulgado sobre Reino Unido, el pa¨ªs m¨¢s reacio a la libre circulaci¨®n, sin que hayan conseguido neutralizar la espiral populista.

Bruselas reconoce, eso s¨ª, que existen ¡°problemas locales¡± en determinados territorios y anima a solucionarlos sin cuestionar el principio general de la movilidad en la UE. El Ejecutivo comunitario insta a sufragar con dinero europeo proyectos de integraci¨®n social y asegura que, desde este a?o, los Estados deben destinar el 20% del fondo social europeo a esos fines.