Marchas en Per¨² contra las extorsiones en el sector de la construcci¨®n

La muerte m¨¢s reciente de un dirigente sindical de construcci¨®n civil tuvo lugar el 8 de marzo en Lima: a Saturnino Rodr¨ªguez Santos le exigieron renunciar al comit¨¦ de obra del Consorcio San Luis, afiliado al Sindicato de Trabajadores en Construcci¨®n Civil de Lima y Balnearios, pero se neg¨®. Al d¨ªa siguiente, tres hombres le dispararon fuera de su casa. La historia se repite desde 2011 entre l¨ªderes de sindicatos miembros de la Federaci¨®n de Trabajadores de Construcci¨®n Civil del Per¨² (FTCCP). Su secretario general, Mario Huam¨¢n, explica a EL PA?S que desde 2003, varias mafias extorsionan a los supervisores de obra y tratan de meter a trabajadores como si fueran vigilantes, llamados ¡°chalecos¡±. Este jueves, una marcha pedir¨¢ al Gobierno evite m¨¢s muertos.

¡°No voy a renunciar. Ellos quieren entrar a la obra pero no defienden a los trabajadores. Solo les interesa cobrar cupos a las empresas y a los empleados. No me voy a ir¡±, dijo Saturnino Rodr¨ªguez a un compa?ero suyo despu¨¦s de ser amenazado el mes pasado. El testimonio fue recogido por Carlos Mej¨ªa de la FTCCP.

La Federaci¨®n de Trabajadores de Construcci¨®n Civil y la C¨¢mara Peruana de la Construcci¨®n Civil (Capeco) ¨Clos empresarios agremiados¨C por primera vez han convocado a una marcha nacional contra la delincuencia y por la seguridad. La protesta tendr¨¢ lugar en Lima y en las capitales de La Libertad, Tumbes, Arequipa y Jun¨ªn.

Huam¨¢n dijo a este diario que el problema empez¨® en el puerto del Callao como delincuencia com¨²n en 2002-2003. Durante el Gobierno de Alan Garc¨ªa (2006-2011) se agrav¨® porque se crearon sindicatos de construcci¨®n paralelos con respaldo pol¨ªtico del Partido Aprista. ¡°Antes hab¨ªa un solo sindicato en Lima. Con Garc¨ªa, el n¨²mero creci¨® a 52, pero entre el 80 y el 85% de afiliados no eran trabajadores aunque tuvieran su carnet de obrero¡±, relat¨®.

¡°Hubo personajes denunciados por extorsi¨®n pero fueron apoyados por congresistas. Algunos eran cercanos a la Confederaci¨®n de Trabajadores del Per¨², conocida por su v¨ªnculo con el Apra¡±, agreg¨®.

Los extorsionadores, precisa el empresario Lelio Balarezo - presidente de Capeco - ¡°chantajean y piden el pago de cupos (extorsi¨®n) para poder trabajar con tranquilidad. Ponen sus chalecos, es decir, hombres a cargo de la vigilancia¡±. Sin embargo, a pesar de que reciben el dinero, los chalecos no siempre van a la obra.

En entrevista con EL PA?S, Balarezo tambi¨¦n dijo que los empresarios apoyaron la creaci¨®n en 2010 de una nueva dependencia de la polic¨ªa: ¡°La Divisi¨®n de Protecci¨®n de Obras Civiles fue financiada al 100% por la C¨¢mara con apoyo log¨ªstico para reparaci¨®n de veh¨ªculos, escudos, cascos. Esta divisi¨®n opera en Lima, Trujillo y Arequipa, pero deber¨ªa hacerlo a nivel nacional¡±, anot¨®. Dicha divisi¨®n cuenta con 130 a 140 agentes y Capeco destina unos 600.000 soles por a?o (aproximadamente 212.000 d¨®lares) a dicha dependencia.

¡°Lamentablemente, hay una ola delincuencial de estos seudosindicatos y seudofederaciones de construcci¨®n civil. La exministra de Trabajo aprob¨® decretos para reinscribir a los trabajadores y tener un listado de qui¨¦nes son, y a¨²n estamos en ese proceso¡±, indic¨® el representante de los empresarios del sector.

Balarezo, que lleva 40 a?os en el negocio, sostiene que un 70% de las obras de construcci¨®n est¨¢n amenazadas, ¡°aunque en obras del sector p¨²blico no es com¨²n¡±, a?adi¨®.

Mario Huam¨¢n cuenta que, cuando una nueva obra de construcci¨®n empieza, un grupo de hombres armado llega sobre las 6:30 de la ma?ana y les dice: ¡°Esto va a ser as¨ª. Si hay 100 trabajadores, unos ocho van a dar seguridad. Les tienen que pagar a los chalecos su salario con todos sus beneficios sociales y boletas de pago. Y si la polic¨ªa los detiene, exhiben su identificaci¨®n de que son obreros¡±.

Las municipalidades son las ¨²nicas entidades que poseen la informaci¨®n de las obras en cada distrito, por lo que se sospecha de que hay filtraciones desde all¨ª hacia las mafias. Las empresas tienen un presupuesto de seguridad que asciende, dependiendo de la obra, al 2% o 3% y que va al cabecilla.

En 2012, la empresa de construcci¨®n Abengoa denunci¨® este tipo de extorsi¨®n. En agosto de 2013, la polic¨ªa detuvo a Carlos Alberto Roncagliolo, alias Colch¨®n, vicepresidente de la Central de Trabajadores del Per¨², af¨ªn al Apra. El seudol¨ªder sindical cobraba por ¡°porcentaje de obra, por trabajadores fantasma y por cuotas sindicales¡±. El mes siguiente a la captura de El Colch¨®n, el expresidente Alan Garc¨ªa fue nombrado miembro del consejo internacional asesor de Abengoa.

Seg¨²n informaci¨®n de la Divisi¨®n de Protecci¨®n de Obras Civiles de la Polic¨ªa Nacional, en enero (durante 24 operativos) desarticularon dos bandas y detuvieron a 51 personas en delito flagrante. En 2012 registran el mayor n¨²mero de bandas desarticuladas (40) en cuatro a?os de trabajo, y en 2013, 28 mafias.

El sector de la construcci¨®n creci¨® en Per¨² entre el 14% y el 22% en a?os pasados, pero en 2013 se retrajo al 8% ¡°por el ruido pol¨ªtico¡±, coment¨® el presidente de Capeco a EL PA?S. El l¨ªder sindical Huam¨¢n explica que hay cerca de 200.000 trabajadores de construcci¨®n civil en Per¨², "pero son unos 106.000 afiliados. Casi la mitad est¨¢n con las extorsiones".