La oposici¨®n desaf¨ªa la represi¨®n chavista

Las protestas en Venezuela no cesan, a pesar de que el Gobierno ha logrado reducir sus focos m¨¢s violentos en todo el territorio. S¨®lo en Caracas el viernes estaban pautadas dos manifestaciones que en buena medida retratan lo que hoy es este pa¨ªs: por un lado los autoconvocados caminaron desde el sureste de Caracas, en la urbanizaci¨®n El Cigarral ¡ªun sector de clase media profesional muy antichavista donde se levantan grandes edificios de apartamentos¡ª hasta el distribuidor Santa Fe, en la autopista de Prados del Este, convertida por estos d¨ªas en el nuevo punto de encuentro de la oposici¨®n. Por el otro, en la tarde el partido Voluntad Popular, casi proscrito, marchar¨ªa hacia el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, para exigir la liberaci¨®n de su l¨ªder, Leopoldo L¨®pez ¡ªpreso desde hace mes y medio en una c¨¢rcel militar¡ª y el cese de la persecuci¨®n contra sus miembros.

La coincidencia de esas convocatorias no sugiere desavenencias, pero s¨ª indica que el liderazgo pol¨ªtico opositor ya no est¨¢ a la cabeza del descontento de la ciudadan¨ªa. Mientras caminaban, los autoconvocados de la vanguardia exhib¨ªan una gran pancarta con un mensaje: ¡°Resistencia civil¡±. En esa frase se resume quiz¨¢ todo el rechazo que sienten por la precaria situaci¨®n econ¨®mica del pa¨ªs, por la inexistencia de medios audiovisuales independientes o por el apogeo de la delincuencia.

El antichavismo siente que est¨¢ haciendo un profundo acto de catarsis con estos actos. En ocasiones las caminatas son dispersadas sin motivo aparente o terminan en disturbios que merecen la intervenci¨®n de los equipos antimotines. En un informe publicado a mediados de semana, Amnist¨ªa Internacional document¨® 10 casos de torturas y tratos crueles propinados por miembros de la Guardia Nacional, la Polic¨ªa Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Son muchas las denuncias que no han llegado a sustanciarse ante las autoridades oficiales por miedo a las represalias. La forma en que son reprimidos ¡ªque ha provocado duros cuestionamientos de la Iglesia esta semana¡ª se ha convertido en una raz¨®n m¨¢s para que no claudiquen en la idea de provocar un cambio de Administraci¨®n, esbozada por un ala de la opositora Mesa de la Unidad, liderada por Leopoldo L¨®pez, la defenestrada diputada Mar¨ªa Corina Machado y Antonio Ledezma.

A esto se suma la prohibici¨®n de mostrar el descontento en el municipio Libertador por ¨®rdenes de su alcalde chavista, Jorge Rodr¨ªguez. La ¨²ltima traba a la libre manifestaci¨®n ocurri¨® el jueves. Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela pretend¨ªa caminar desde el rectorado hasta la sede de la vicepresidencia econ¨®mica, en territorio chavista, para entregar un documento con propuestas para enfrentar el desempleo y el desabastecimiento.

La Polic¨ªa Nacional Bolivariana impidi¨® la salida del recinto universitario y, de acuerdo con los testimonios recogidos en la prensa local, abri¨® el paso a un grupo de choque chavista que golpe¨® a los estudiantes, ocasion¨® destrozos en la escuela de Trabajo Social y ridiculiz¨® a un estudiante al quitarle la ropa y obligarlo a huir desnudo. La jornada termin¨® con siete heridos. El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, inform¨® de la presencia de encapuchados armados que amedrentaron a estudiantes y robaron a dos fot¨®grafos.

Mientras todo eso ocurr¨ªa en la principal universidad del pa¨ªs, en el palacio de Miraflores el presidente Nicol¨¢s Maduro anunciaba la creaci¨®n del Consejo Presidencial de Derechos Humanos. Muy distinto a su predecesor Hugo Ch¨¢vez, quien no dudaba en polemizar con quienes cuestionaban su compromiso con las garant¨ªas ciudadanas, Maduro ha optado por la cautela frente a los se?alamientos y ha preferido responder con un hecho. La semana pasada hab¨ªa mencionado que la misi¨®n de cancilleres de la Uni¨®n Sudamericana de Naciones (Unasur), que visit¨® Venezuela para intentar acercar a las partes enfrentadas, le hab¨ªa sugerido crear una dependencia que supervisara de cerca el respeto a los derechos de los manifestantes.

Adscrito a la vicepresidencia de la Rep¨²blica, el Consejo Presidencial de Derechos Humanos estar¨¢ al mando del vicepresidente Jorge Arreaza y tendr¨¢ la participaci¨®n de los ministros de Interiores, Defensa y Comunas; de la Defensora del Pueblo, la Fiscal General y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; de dos diputados y tres representantes de organizaciones civiles con recorrido en la defensa de los derechos humanos. Ser¨¢n 15 personas que tendr¨¢n la asesor¨ªa de lo que Maduro llam¨® ¡°un conjunto de expertos¡± designados por Unasur.

El Gobierno no ha podido ocultar la preocupaci¨®n que le genera el varapalo que ha recibido su imagen en el exterior. Este anuncio de Maduro se suma al parte semanal de los disturbios ofrecido por la Fiscal General, Luisa Ortega D¨ªaz. Este viernes la fiscal inform¨® que hasta la fecha han fallecido 39 personas y otras 608 han resultado heridas en las refriegas. La Fiscal¨ªa ha presentado a 2.285 personas en tribunales, de las que 904 son estudiantes. Con esta aclaratoria, la fiscal pretende reforzar la impresi¨®n de que las protestas no son lideradas solo por universitarios. Y tiene raz¨®n. La protesta cruza transversalmente a toda la sociedad.