Un juez de EE UU ordena deportar a un criminal de guerra salvadore?o

El juez de la Corte de Inmigraci¨®n de la ciudad estadounidense de Miami, Michael C. Cuerno, decidi¨® que el exministro de Defensa de El Salvador, general Jos¨¦ Guillermo Garc¨ªa, otrora aliado de Washington en la guerra contrainsurgente en la d¨¦cada de 1980, debe ser deportado por su participaci¨®n en una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato de un arzobispo, de cuatro monjas y la masacre de m¨¢s de 1.000 campesinos, seg¨²n public¨® el viernes The New York Times.

La decisi¨®n fue emitida el pasado 26 de febrero, pero no fue hecha p¨²blica por la Corte hasta que el diario estadounidense solicit¨® darla a conocer bajo la Ley de Libertad al Derecho de Informaci¨®n. Tras la solicitud, los funcionarios judiciales determinaron que "el inter¨¦s p¨²blico en la divulgaci¨®n de la informaci¨®n era mayor que el inter¨¦s en la privacidad del general Garc¨ªa¡±, seg¨²n aclara la autora de la nota, la periodista Julia Preston, conocedora del drama salvadore?o desde la guerra civil (1980-1992).

De acuerdo al reportaje el fallo del juez Cuerno fue m¨¢s all¨¢ de procesos judiciales anteriores y encontr¨® que el general Garc¨ªa hab¨ªa desempe?ado un papel directo en algunos de los asesinatos m¨¢s atroces en El Salvador en momentos en que Washington apoyaba al ej¨¦rcito salvadore?o en su lucha contra los insurgentes del izquierdista Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN), en la actualidad convertido en partido pol¨ªtico y desde 2009 partido gobernante.

Contra el general Garc¨ªa, y contra el tambi¨¦n general y exministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, se han abierto varios procesos judiciales en el pasado en el Estado de la Florida. Uno de ellos en una corte civil en la que los demandantes Juan Ramagoza, Neris Gonz¨¢lez y Carlos Mauricio, de origen salvadore?o, acusaron en 1999 a los exmilitares por torturas sufridas cuando estuvieron prisioneros. El juicio fue ganado por las v¨ªctimas y los exmilitares obligados a pagar indemnizaciones por m¨¢s de 50 millones de d¨®lares a las v¨ªctimas. Otro juicio por el asesinato, el 2 de diciembre de 1980, de cuatro monjas estadounidenses de la Orden Maryknoll, tambi¨¦n fue ganado por las v¨ªctimas y los militares obligados a cancelar millonarias indemnizaciones.

Estas atrocidades formaban parte de la pol¨ªtica militar deliberada del general Garc¨ªa como ministro de Defensa", dice el fallo

En este ¨²ltimo caso de la Corte de Inmigraci¨®n en el que se procesaba solo al general Garc¨ªa por fraude migratorio, el juez Cuerno encontr¨® "pruebas claras y convincentes" de que el general Garc¨ªa "asistido o no, particip¨® en 11 episodios de violencia que marcaron a El Salvador, incluyendo el asesinato del Arzobispo de San Salvador, ?scar Arnulfo Romero, cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980 en la capilla de un Hospital de cancerosos".

De acuerdo al juez de Miami tambi¨¦n encontr¨® que el general Garc¨ªa ayud¨® a ocultar la participaci¨®n de los soldados que mataron a cuatro religiosas estadounidenses m¨¢s tarde ese a?o. ?l "sab¨ªa o deber¨ªa haber sabido" que las tropas del ej¨¦rcito hab¨ªan matado a los aldeanos, entre ellos mujeres y ni?os, en la poblaci¨®n de El Mozote en diciembre de 1981, considerada una de las m¨¢s grandes atrocidades de la guerra salvadore?a ejecutadas por el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa.

¡°Estas atrocidades formaban parte de la pol¨ªtica militar deliberada del general Garc¨ªa como ministro de Defensa", dice el texto del fallo, en el que se agrega que Garc¨ªa "foment¨®, y se deja crecer, un ambiente institucional en el que las Fuerzas Armadas salvadore?as apresaba a civiles indefensos con el pretexto de la lucha contra la subversi¨®n comunista ".

La deportaci¨®n del general Garc¨ªa no ser¨¢ inminente, dado que el acusado apelar¨¢ la sentencia, tal como expres¨® su abogada defensora, Alina Cruz, al afirmar que "discrepamos respetuosamente con las conclusiones y resoluciones del juez de inmigraci¨®n. El caso est¨¢ siendo apelado y estamos seguros de que el general Garc¨ªa ser¨¢ exonerado. Lamento que no puedo comentar m¨¢s sobre este caso en curso", manifest¨® la defensora de Garc¨ªa a The New York Times.

El general Garc¨ªa tiene de 81 a?os de edad y fue ministro de Defensa desde octubre 1979 a abril 1983, a?os ¨¢lgidos de la guerra civil en los que se cometieron el asesinato del Arzobispo Romero, el de las cuadro monjas estadounidenses, y de la presidenta de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella Garc¨ªa Villa, as¨ª como las masacres de El Mozote y del R¨ªo Sumpul, en contiendas contrainsurgentes llamadas de ¡°tierra arrasada¡±. Desde 1990 reside en Miami como asilado pol¨ªtico.

En Estados Unidos hay tres casos abiertos para deportar a exaltos oficiales del ej¨¦rcito salvadore?o. Adem¨¢s de Garc¨ªa est¨¢n procesados el general Eugenio Vides Casanova, en Miami, y el coronel Inocente Montano, en Boston. Este ¨²ltimo est¨¢ involucrado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989; tambi¨¦n es uno de los demandados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de Espa?a, por el caso abierto en Madrid de la matanza de los jesuitas, cinco de ellos de origen espa?ol, entre los que destacan Ignacio Ellacur¨ªa e Ignacio Mart¨ªn-Bar¨®, prominentes figuras de la Teolog¨ªa de la Liberaci¨®n.

Las posibles deportaciones de los exmilitares salvadore?os, dicen observadores pol¨ªticos, responden a una nueva pol¨ªtica girada en 2011 por el presidente Barack Obama, referida a no dar refugio ni visas de entrada a territorio norteamericano a personas involucradas en genocidios y en graves violaciones a los derechos humanos, o cr¨ªmenes de lesa humanidad.