El Supremo venezolano limita el derecho a la protesta

Un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pone un nuevo obst¨¢culo al entendimiento que con mediaci¨®n del Vaticano y la Uni¨®n de Naciones Sudamericanas (Unasur) intentan la oposici¨®n y el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro. La sentencia, que interpreta, a solicitud de un alcalde chavista, el art¨ªculo 68 de la Constituci¨®n y 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Pol¨ªticos, limita el derecho a la manifestaci¨®n pac¨ªfica que deber¨¢ contar con el permiso de la alcald¨ªa.

Esta decisi¨®n abre la puerta a la polic¨ªa antidistrubios para intervenir en cortes de carretera?¡ªen ocasiones violentos¡ª que durante los dos ¨²ltimos meses caracterizan la protesta de la oposici¨®n venezolana. Seg¨²n el Supremo, el derecho a la manifestaci¨®n ¡°no es absoluto¡± y ordena a los alcaldes ayudar a los cuerpos de seguridad en esa tarea.

Hasta ahora los municipios gobernados por la oposici¨®n se limitaban a custodiar a los manifestantes evitando confrontaciones. Para justificar ese comportamiento aseguraban que sus polic¨ªas, de car¨¢cter administrativo, no ten¨ªan facultad para dispersar protestas y adem¨¢s carec¨ªan de los equipos para hacerlo.

El art¨ªculo 43 de la ley de Partidos Pol¨ªticos solo impone a los interesados la obligaci¨®n de los manifestantes de informar de su protesta con al menos 24 horas de antelaci¨®n. ¡°No hay ning¨²n art¨ªculo de esa ley que afirme que hay que pedir permiso para manifestarse¡±, dijo ayer en rueda de prensa el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde. ¡°La Sala Constitucional modific¨® la ley y ha usurpado competencias de la Asamblea Nacional. La sala no puede legislar¡±, agreg¨®.

Cierre de la v¨ªa p¨²blica

Esta decisi¨®n viene a completar otro fallo del Supremo que obligaba a los alcaldes a impedir el cierre de v¨ªas en sus jurisdicciones. La aplicaci¨®n de esa sentencia termin¨® con la destituci¨®n sumaria de dos burgomaestres ¡ªel de San Crist¨®bal, Daniel Ceballos, y el de Naguanagua, Enzo Scarano¡ª por desacato y la celebraci¨®n de nuevas elecciones en esas localidades. San Crist¨®bal fue hasta hace algunas semanas el epicentro principal de las protestas contra el Gobierno central.

Esta decisi¨®n se produjo la misma noche que el Gobierno y la oposici¨®n manten¨ªan su tercera reuni¨®n en el marco de lo que la narrativa oficial llamaConferencias de Paz. La condena de las ONG no se ha hecho esperar. Provea, una organizaci¨®n que defiende los derechos humanos, afirm¨® en un comunicado que el fallo del Supremo ¡°vulnera complementos esenciales¡± para el pleno goce ¡°de los derechos ciudadanos y las libertades democr¨¢ticas¡±. El muy duro comunicado acusa al Supremo, que act¨²a como ap¨¦ndice del Ejecutivo desde tiempos de Hugo Ch¨¢vez, de violar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos y marchar a contracorriente de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Lo m¨¢s grave quiz¨¢ sea la animosidad que esta decisi¨®n causa entre los estudiantes universitarios y el ala de la oposici¨®n que no cree en el prop¨®sito de enmienda que dice tener el chavismo en la llamada Conferencia de Paz. Esta decisi¨®n abona la idea de que con el di¨¢logo el Gobierno busca un reacomodo t¨¢ctico para enfriar las protestas y luego proseguir en su idea de profundizar la visi¨®n estatista y colectivista plasmada en el llamado Plan de la Patria, el ¨²ltimo programa de gobierno escrito por el extinto Hugo Ch¨¢vez.