Las obligaciones pendientes de Per¨² con las v¨ªctimas
Los afectados por la violencia terrorista entre 1980 y 2000 no han recibido la indemnizaci¨®n completa
Las v¨ªctimas de la violencia del terrorismo en Per¨² de los a?os 1980 a 2000 que sufrieron una violaci¨®n sexual o quedaron con alguna discapacidad, y los familiares directos de los muertos o desaparecidos, tienen derecho a recibir una reparaci¨®n de 3.500 d¨®lares. En total, son 82.700 personas con derecho a indemnizaci¨®n. De todas las v¨ªctimas, 5.324 son afectadas por dos delitos, y, en teor¨ªa, deben recibir una doble indemnizaci¨®n. Sin embargo, y a pesar de lo establecido por la norma, reciben solamente el monto correspondiente a una reparaci¨®n. Por ello, exigen al Estado cobrar lo que les corresponde.
¡°No hay peor lucha que la que se abandona¡±, dice Margarita Pati?o, viuda del periodista Hugo Bust¨ªos, asesinado en 1988 por miembros del Ej¨¦rcito en Ayacucho, departamento de la sierra sur donde la organizaci¨®n terrorista Sendero Luminoso inici¨® su lucha armada. Forma parte del grupo de representantes de las v¨ªctimas civiles y familiares de las fuerzas del orden que toman la palabra en la ceremonia en Lima por los 11 a?os de la entrega del informe final de la Comisi¨®n de la Verdad, encargada de la investigaci¨®n de los a?os de violencia.
Cada 28 de agosto, una gran cantidad de familias se re¨²ne para recordar a los seres queridos perdidos durante los 20 a?os de violencia y para hacer un balance de las obligaciones que el Estado peruano tiene hacia ellos.
Un informe de la Defensor¨ªa del Pueblo, enviado al Ministerio de Justicia el 28 de agosto, indica que 54.856 personas han recibido reparaciones econ¨®micas; los beneficiarios a los que les corresponde m¨¢s de una indemnizaci¨®n, sin embargo, han recibido solo una. ¡°Por ejemplo, existen v¨ªctimas que son beneficiarias directas ¡ªpor tener una discapacidad o haber sufrido violaci¨®n sexual¡ª que, a su vez, son familiares de personas fallecidas y/o desaparecidas; o personas con m¨¢s de un familiar v¨ªctima de fallecimiento y/o desaparici¨®n forzada¡±, explica el informe. Las v¨ªctimas directas reciben el monto de una indemnizaci¨®n, mientras que los familiares de las personas fallecidas y/o desaparecidas deben repartirlo: un 50% para la esposa o concubina y el 50% restante para los padres e hijos.
La Defensor¨ªa ha registrado un total de 88.559 delitos con derecho a reparaci¨®n. El Estado, sin embargo, a¨²n no ha desembolsado las indemnizaciones correspondientes a 33.703 delitos, el 38% del total de las obligaciones registradas hasta 2011.
¡°El Gobierno no ha dado respuesta a las principales demandas de las v¨ªctimas: muchas familias por desconocimiento no se han registrado hasta el 2011; por ello exigimos que se reabra el Registro ?nico de V¨ªctimas para reparaciones econ¨®micas¡±, indica Luis Aron¨¦s, el presidente de la Coordinadora Nacional de V¨ªctimas de la Violencia Pol¨ªtica (Conavip), a la que pertenecen decenas de organizaciones regionales y provinciales.
El Registro ?nico de V¨ªctimas es un padr¨®n oficial destinado a reconocer a las v¨ªctimas de violaciones de derechos humanos y, aunque la ley establece que es permanente, un acuerdo de la Comisi¨®n de Alto Nivel que coordina las reparaciones, planteado por el Ministerio de Econom¨ªa y Finanzas, dispuso que en diciembre de 2011 se cerrara el plazo para reconocer a nuevos beneficiarios.
Al pie del monumento dedicado a las v¨ªctimas llamado ¡®el Ojo que llora¡¯, en Lima, Aron¨¦s comenta que desde 2011 el Congreso no pone en agenda el proyecto de ley del Plan Nacional de B¨²squeda de Personas Desaparecidas. ¡°Hoy no nos quiso recibir la presidenta del Congreso¡±, lamenta. Producto de la violencia entre 1980 y 2000, hay 16.000 desaparecidos en el pa¨ªs andino, y los restos de menos de 800 han sido encontrados y entregados a sus familiares. ¡°La atenci¨®n en salud mental no se est¨¢ aplicando, ha quedado en promesas¡±, a?ade.
En el campo de la justicia tambi¨¦n quedan asuntos pendientes. ¡°El terrorismo no lo elegimos los peruanos. No se tiene los nombres de las personas que pertenecieron al Estado y cometieron excesos¡±, recuerda entre sollozos Sandra Garc¨ªa, viuda del polic¨ªa Roberto Morales, emboscado por Sendero Luminoso en 1993. Es una de las 7.000 viudas de miembros de las fuerzas de seguridad.
¡°No cederemos ante la petici¨®n c¨ªnica de pasar la p¨¢gina: no encontramos a nuestros desaparecidos y mucho menos hallamos justicia¡±, a?ade la viuda del periodista Bust¨ªos.
Si bien comparten su agotamiento y dolor, los familiares de las v¨ªctimas conf¨ªan en sus fuerzas. ¡°Estamos aqu¨ª, cargados de esperanza de que a la impunidad tambi¨¦n la venceremos. Con el compromiso de no olvidar, ni dejar que nuestro pa¨ªs lo haga¡±, advierte Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta asesinados por el grupo Colina, un escuadr¨®n de muerte del Gobierno de Alberto Fujimori.
El Gobierno del presidente Ollanta Humala destin¨® cerca de 68 millones de d¨®lares al pago de las reparaciones econ¨®micas, pero a¨²n no responde sobre las que faltan.
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