M¨¦xico no logra extirpar la tortura

Cuatro a?os despu¨¦s, ha vuelto ante las c¨¢maras. Es alto y flaco. Lleva una sencilla camisa de manga corta y alza el ment¨®n en un gesto de orgullo. Su mirada se pasea entre las decenas de periodistas que aguardan a que hable. Se llama Rogelio Anaya, tiene 31 a?os y el 13 de agosto de 2010, esposado y con los ojos vidriosos, fue presentado al mundo por la Polic¨ªa Federal como uno de los autores del atentado con coche bomba que hab¨ªa segado la vida de tres personas y herido a siete en Ciudad de Ju¨¢rez. Tras ser exhibido, su confesi¨®n, grabada en v¨ªdeo por los agentes, fue emitida en las grandes televisiones. En aquel momento, Anaya era escoria. Ahora, tras un largo infierno, las tornas han girado. Le han retirado todos los cargos y ¨¦l es quien denuncia en p¨²blico. Lo apoya Amnist¨ªa Internacional, que presenta su caso como paradigma de confesi¨®n obtenida bajo tortura, una pr¨¢ctica que, seg¨²n la citada organizaci¨®n, sigue siendo extensamente utilizada por las fuerzas militares y policiales de M¨¦xico. No es una opini¨®n nueva. El relator de la ONU para esta cuesti¨®n, Juan M¨¦ndez, denunci¨® recientemente que, amparada en la impunidad, estos abusos constituyen una ¡°endemia generalizada¡± en el pa¨ªs norteamericano. Rogelio Anaya, casado y con dos hijos, lo confirma.

¡°Pido que se limpie mi nombre¡±, plantea una v¨ªctima de las malas pr¨¢cticas

¡°Soy un superviviente y pido que se limpie mi nombre¡±, dice. Antes de hablar, respira hondo. Se percibe que est¨¢ haciendo un esfuerzo para contenerse cuando relata c¨®mo, tras ser detenido a ra¨ªz de una llamada an¨®nima, fue arrojado durante m¨¢s de 36 horas a un carrusel de aberraciones: golpes, descargas el¨¦ctricas, asfixia con bolsa de pl¨¢stico y el 'tehuacanazo' (la introducci¨®n violenta de agua con gas por la nariz). El resultado fue la confesi¨®n. Pero Anaya no dio su brazo a torcer y, desde la c¨¢rcel, inici¨® una extenuante lucha. En 2013, con el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto, la Procuradur¨ªa prometi¨® que, si se hallaban indicios de torturas, se retirar¨ªan los cargos. Y as¨ª ocurri¨®. Despu¨¦s de tres a?os encarcelado, Anaya qued¨® libre, pero estigmatizado. ¡°El problema es que ning¨²n polic¨ªa ha sido procesado por lo que le hicieron. Y eso es lo normal en este pa¨ªs¡±, se?ala Rupert Knox, de Amnist¨ªa Internacional, y ofrece un dato iluminador: de las 7.164 quejas por tortura y abusos recibidas entre 2010 y 2013 por la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, ninguna acab¨® en condena.

El apogeo en la denuncia de los abusos policiales coincidi¨® con la etapa del presidente Felipe Calder¨®n (2006-2012), cuando el combate contra el narco entr¨® en fase aguda y dej¨® m¨¢s de 70.000 muertos. El cambio presidencial ha tra¨ªdo la promesa de mejora y un descenso del 30% de las quejas. La Procuradur¨ªa ha abierto m¨¢s investigaciones y el Ejecutivo ha hecho exhibici¨®n p¨²blica de su rechazo a estas pr¨¢cticas. Incluso, bajo mandato de la justicia internacional, ha reconocido la responsabilidad del Estado en casos tan flagrantes como el del alba?il Anan¨ªas Laparra, torturado en 1999 para que confesase el asesinato del novio de su hija. A su hijo tambi¨¦n lo maltrataron para que acusase a su padre. Laparra pas¨® 12 a?os en prisi¨®n a pesar de no haber matado a nadie. El viernes el Gobierno le organiz¨® un acto de desagravio.

¡°Lo normal es que no se procese a ning¨²n agente¡±, lamenta Amnist¨ªa Internacional

Pero estos gestos, seg¨²n los expertos, no bastan para frenar un fen¨®meno detr¨¢s del que late la impunidad. ¡°Hay un sistema penal que ni investiga ni sanciona, pero lo m¨¢s desalentador es que la polic¨ªa carece de sistemas de control, algo especialmente grave porque la tortura es cometida por la autoridad que la tiene que investigar¡±, indica Ernesto L¨®pez Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Estos factores generan un agujero negro en el que, seg¨²n Portillo, quedan ocultos la mayor¨ªa de los casos. Y los que salen a la luz pasan una amarga traves¨ªa. Yuly Baltazar Mart¨ªnez, hondure?a de 34 a?os, lo sabe muy bien. Su esposo, ?ngel Col¨®n, activista de derechos humanos, intent¨® alcanzar EE UU en busca de un trabajo que le permitiera costear el tratamiento de su primog¨¦nito, aquejado de c¨¢ncer. En Tijuana contact¨® con un coyote. Mientras aguardaba en casa del traficante, fue detenido. Hasta aqu¨ª, una historia com¨²n en la frontera norte. Pero la polic¨ªa, seg¨²n Amnist¨ªa, dio un paso m¨¢s y, en vez de deportarlo, le oblig¨® a confesar bajo tortura que pertenec¨ªa a la banda. Y Col¨®n, negro, inmigrante y pobre, fue a dar a la c¨¢rcel.

De aquello han pasado cinco a?os. Entretanto han ocurrido muchas cosas, algunas p¨²blicas, otras ¨ªntimas. Entre las primeras, que Col¨®n ha mantenido su inocencia contra viento y marea, que Amnist¨ªa le ha declarado preso de conciencia, y que Honduras ha salido en su defensa. Entre las segundas, que ?ngel, el hijo enfermo, muri¨® sin tener a su padre al lado, o que Yuly, la esposa, tras un lustro de penalidades, no volvi¨® a ver cara a cara su marido encarcelado hasta el pasado lunes.