Tres ONG piden a La Haya que investigue la lucha contra el narcotr¨¢fico en M¨¦xico

La Federaci¨®n Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ¡ªfundada en 1922 y asesora de la ONU y el Consejo de Europa¡ª solicitar¨¢ este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigaci¨®n preliminar por cr¨ªmenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Baja California (M¨¦xico). Los responsables ser¨ªan las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, que actuaron en pleno mandato del expresidente Felipe Calder¨®n (2006-2012). La FIDH ha documentado 30 casos con 95 civiles inocentes, ¡°atacados para poder presentar avances y logros en la lucha oficial contra el crimen organizado¡±. Todas las v¨ªctimas acabaron siendo absueltas por los jueces. Ning¨²n mando militar, o bien policial, fue a juicio por lo ocurrido.

M¨¦xico es un Estado parte de la CPI, y el Estatuto de Roma, texto fundacional de la misma, entr¨® all¨ª en vigor en 2006. La ONG puede, por tanto, invocar la justicia internacional en un caso as¨ª. La FIDH ha colaborado con la Comisi¨®n Mexicana de Defensa y Promoci¨®n de Derechos Humanos, y la Comisi¨®n Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, y el tr¨ªo describe a los afectados como gente de clase media baja, y baja. ¡°Su vulnerabilidad social permit¨ªa presentarles como integrantes de c¨¢rteles, y hacer pesar sobre ellos sospechas infundadas y en su mayor¨ªa fabricadas¡±. Los expedientes presentados son pocos, pero las tres ONG consideran que ¡°forman parte de un fen¨®meno criminal sistem¨¢tico y m¨¢s extenso¡±, a¨²n por investigar.

Seg¨²n dice su informe, la pol¨ªtica de seguridad del sexenio presidencial de Calder¨®n no limit¨® el uso de la fuerza armada en la persecuci¨®n del narcotr¨¢fico. De ah¨ª que los ataques contra la poblaci¨®n civil fueran sistem¨¢ticos y respondieran a un mismo patr¨®n. ¡°Primero, se detiene, tortura y acusa falsamente a los civiles de tener alg¨²n v¨ªnculo con el tr¨¢fico de drogas. Los arrestos se producen a domicilio, o en la calle, sin orden judicial. Las torturas son las utilizadas en M¨¦xico, es decir, golpes con una bolsa en la cabeza, ahogamientos, choques el¨¦ctricos incluso en los genitales, tortura sexual y amenazas de muerte¡±. Tambi¨¦n se usan drogas y armamento militar ¡°para implicar falsamente a los civiles con el narcotr¨¢fico¡±, afirman los investigadores. ¡°Al final, sin haberles dejado hablar con un abogado, los retenidos son obligados a firmar confesiones¡±.

Las tres ONG califican estas operaciones de ¡°cacer¨ªas, llevadas a cabo por servidores p¨²blicos del Estado o el Gobierno Federal, ya sea en colaboraci¨®n o bien facilit¨¢ndolas¡±. De los afectados, dicen que son ¡°un objetivo claro y no v¨ªctimas azarosas o colaterales de las acciones del Estado en la guerra contra el narcotr¨¢fico¡±.

Tanto Human Rights Watch como Juan M¨¦ndez, Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura, coinciden en el perfil social de la v¨ªctimas retratadas por las tres organizaciones desplazadas a la sede de la CPI, en La Haya. La Corte es la ¨²nica instancia permanente para juzgar el genocidio y los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad. De todos modos, su fiscal¨ªa debe comprobar primero si M¨¦xico no quiere, o no puede, investigar los cr¨ªmenes denunciados.