El Ej¨¦rcito mexicano detiene a ocho militares por la matanza de Tlatlaya

La matanza de Tlatlaya, en la que el Ej¨¦rcito mat¨® a 22 supuestos narcos, dio ayer un giro radical. Un teniente y siete soldados implicados en la salvaje operaci¨®n al sur del Estado de M¨¦xico fueron detenidos e ingresaron en prisi¨®n militar bajo los cargos de desobediencia e infracciones al deber. Aunque el desenlace judicial es a¨²n incierto, el golpe de autoridad, el m¨¢s sonado en filas castrenses durante el mandato de Enrique Pe?a Nieto, llega cuando el caso amenazaba con convertirse en un problema pol¨ªtico de primera magnitud. Durante dos meses, el Ej¨¦rcito se ha enrocado en una endeble versi¨®n exculpatoria. Ni ha facilitado identidades de los fallecidos ni explicado qu¨¦ hac¨ªan de madrugada las tropas en aquel rec¨®ndito lugar. Tampoco c¨®mo fue posible que muriesen todos los supuestos narcos, sin que quedase vivo ninguno, ni c¨®mo se logr¨® que no hubiese ninguna baja militar. El malestar por estas lagunas, exacerbado por el silencio castrense, alcanz¨® su c¨¦nit hace una semana cuando una testigo presencial asegur¨® que los soldados hab¨ªan conseguido capturar a sus oponentes y que luego, tras interrogarles, los mataron a sangre fr¨ªa, uno a uno. S¨®lo sobrevivieron tres mujeres, que dijeron haber sido secuestradas.

Este testimonio actu¨® de espoleta en un ambiente ya caldeado. Las asociaciones de derechos humanos internacionales, que recientemente han pedido a la Corte Penal de La Haya que investigue los desmanes de la guerra contra el narco durante la presidencia de Felipe Calder¨®n (2006-2012), calificaron lo ocurrido de ¡°masacre¡±. La onda expansiva se hizo sentir en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado en una indisimulada advertencia record¨® a M¨¦xico la necesidad de una investigaci¨®n ¡°f¨¢ctica y cre¨ªble¡± a cargo de autoridades civiles. Ante estas presiones, la Secretar¨ªa de Defensa Nacional rompi¨® el viernes pasado su silencio para ofrecer su colaboraci¨®n ¡°irrestricta¡± en el esclarecimiento de los hechos. El segundo paso lo dio ayer por la ma?ana al ingresar a los soldados a una prisi¨®n militar y ponerlos a disposici¨®n de un juzgado castrense. ¡°Estas acciones las realiza la Procuradur¨ªa General de Justicia Militar, por su presunta responsabilidad en la comisi¨®n de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracci¨®n de deberes en el caso del oficial, e infracci¨®n de deberes en el caso del personal de tropa¡±, afirma el comunicado de Defensa Nacional.

Esta purga tiene pocos precedentes en el Ej¨¦rcito. Inmersos en un feroz combate contra el crimen, los militares mexicanos se han movido habitualmente por cauces alejados de los controles civiles y nunca han tenido a gala responder a las acusaciones de guerra sucia. El repentino cambio no es ajeno a que el propio presidente Pe?a Nieto se?al¨® el lunes en Nueva York que el caso ser¨ªa investigado por la Procuradur¨ªa General del Estado, un organismo civil y sometido a los designios del poder ejecutivo. Ante la inminente llegada de los fiscales, la Secretaria de Defensa se ha aprestado a actuar.

La versi¨®n ofrecida por los detenidos no ha trascendido. Hasta su puesta a disposici¨®n judicial, el Ej¨¦rcito sosten¨ªa que las muertes se hab¨ªan registrado durante un enfrentamiento. En este primer relato, de 273 palabras, se afirmaba que un convoy militar que inspeccionaba el terreno se hab¨ªa topado por casualidad con una bodega custodiada por ¡°personal armado¡± y que este, al ver a los soldados, empez¨® a disparar. El resultado fueron 22 ¡°supuestos agresores¡± muertos y un militar herido sin gravedad.

Se trata de una decisi¨®n que tiene pocos precedentes en las fuerzas castrenses del pa¨ªs

La declaraci¨®n de la superviviente hizo tambalear esta versi¨®n. La mujer es madre de una adolescente muerta en Tlatlaya. La chica ten¨ªa 15 a?os y se llamaba ?rika. La testigo cont¨® que sobre las diez de la noche del domingo 29 de junio lleg¨® a la bodega donde estaba su hija. Era un refugio del sanguinario cartel de La Familia. A eso de las tres de la madrugada, hizo acto de presencia un convoy militar y empez¨® el tiroteo. Tras media hora de refriega, siempre seg¨²n esta versi¨®n, los sitiados se rindieron. En el enfrentamiento perdi¨® la vida un supuesto narco. Otro qued¨® herido, as¨ª como ?rika. Tras entregar las armas, empezaron los interrogatorios. Este es el relato de la superviviente: ¡°Ellos [los soldados] dec¨ªan que se rindieran, y los muchachos ped¨ªan que les perdonaran la vida. ¡®Con que muy machitos, hijos de su puta madre. Con que muy machitos¡¯. As¨ª les dec¨ªan los militares, cuando ellos salieron. Todos salieron y se rindieron (¡­). Entonces les preguntaron c¨®mo se llamaban, y los her¨ªan, no los mataban. Yo dec¨ªa que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos dec¨ªan: ¡®Esos perros no merecen vivir¡¯ (¡­) Luego los paraban as¨ª en hilera y los mataban (¡­) Se escuchaban los quejidos, los lamentos¡±.

Posteriormente, los dos heridos, incluida la chica, fueron asesinados, siempre seg¨²n esta reconstrucci¨®n. ¡°La mataron ah¨ª mismo, y tambi¨¦n al muchacho que estaba al lado de ella¡±, afirma la superviviente. Esta sali¨® viva junto a otras dos mujeres que dijeron haber sido secuestradas. La testigo pas¨® una semana detenida en manos del ministerio p¨²blico. Sostiene que fue coaccionada para que vinculara a los fallecidos con organizaciones criminales.

El caso de Tlatlaya arroja luz sobre espinoso papel de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco. Entre 30.000 y 40.000 militares est¨¢n movilizados en estas tareas. Y su actividad tiene efectos peligrosos. ¡°Las Fuerzas Armadas no se limitan ¨²nicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus ¨®rdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles¡±, ha se?alado la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos, un organismo estatal mexicano. En esta l¨ªnea, el propio relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, ha alertado de los excesos de la ¡°represi¨®n militar¡± y de la falta de una ¡°rendici¨®n de cuentas por los atropellos cometidos¡±.