La expulsi¨®n de 770.000 camboyanos llega a la Corte Penal Internacional

La primera denuncia por cr¨ªmenes contra la humanidad presuntamente cometidos por el Gobierno de Camboya desde 2002, en decir, en tiempo de paz, llega este martes a la Corte Penal Internacional (CPI). Se refiere a la expulsi¨®n de su tierra de 770.000 civiles (6% de la poblaci¨®n) para hacer sitio a los planes de empresas afines al poder. Ello ha supuesto la confiscaci¨®n de 4.000.000 de hect¨¢reas (un 22% de la superficie del pa¨ªs). La principal denunciante es Global Diligence, un asociaci¨®n de juristas con sedes en Par¨ªs y Londres. La Federaci¨®n Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la ONG m¨¢s antigua del mundo, les apoya y espera que la fiscal¨ªa de la Corte abra una investigaci¨®n preliminar.

Seg¨²n la petici¨®n preparada por el equipo de Richard Rogers, el abogado que representa a 10 v¨ªctimas, los traslados forzosos ¡°han ido acompa?ados de la destrucci¨®n de sus hogares y cosechas, dejando a grupos enteros en la miseria¡±. Si bien todos los afectados eran civiles, ¡°los ind¨ªgenas, que suman solo el 1,5% de la poblaci¨®n, tiene diez veces m¨¢s posibilidades de perderlo todo¡±. Para apoyar esta afirmaci¨®n se aporta otro dato: un 40% de las concesiones autorizadas por el Gobierno para construir en los terrenos vaciados se concentran en el noreste de Camboya¡±. ¡°All¨ª viven la mayor¨ªa de las comunidades ¨¦tnicas¡±.

Entre los que se han opuesto a esta pol¨ªtica hay abogados, periodistas, religiosos, ecologistas, sindicalistas y disidentes pol¨ªticos, adem¨¢s de l¨ªderes locales. ¡°Por ello han sido perseguidos, encarcelados y hasta asesinados¡±, seg¨²n Rogers. Aunque los traslados forzosos han sido mayores en el campo, las ONG que han colaborado en las investigaciones calculan que entre 2000 y 2013, ¡°unas 145.000 personas fueron desahuciadas solo en la capital, Phnom Penh¡±.

La suerte de 800 familias de la ciudad es descrita con detalle para apoyar esta afirmaci¨®n. Todos eran vecinos de Dey Krahorm, en el centro de Phnom Penh. En 2005, una firma cercana al Gobierno gan¨® el contrato para construir all¨ª y ech¨® al grupo. ¡°La mitad de las familias fueron expulsadas a base de coerci¨®n. En 2009, 500 trabajadores de la empresa aparecieron escoltados por 300 polic¨ªas antidisturbios. En cuesti¨®n de horas, se deshicieron del resto de los habitantes¡±.

Si bien la CPI no ha recibido una demanda parecida desde su apertura en 2002, s¨ª se ha ocupado del traslado forzoso de poblaci¨®n, y de la confiscaci¨®n de tierras, en sus investigaciones sobre Darfur (Sud¨¢n), la Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo y Kenia. Dado que Camboya firm¨® en 2002 el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte, ¨¦sta tiene competencia para ocuparse del asunto si lo cree conveniente. ¡°Aunque la labor de la CPI es complementaria, el Gobierno camboyano no est¨¢ dispuesto a abordar estos cr¨ªmenes. Una investigaci¨®n preliminar frenar¨ªa la comisi¨®n de nuevos delitos y contribuir¨ªa a que Phnom Penh reconsiderara las apropiaciones indebidas de tierra¡±, apunta Global Diligence. El Gobierno de Hun Sen, que lleva casi tres d¨¦cadas en el poder, asegura que no hay pruebas para sustentar el caso.