La tortura, pr¨¢ctica sistem¨¢tica en Venezuela

El desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales ha sido una constante en los pa¨ªses en donde se imponen reg¨ªmenes totalitarios. No escapa a esta apreciaci¨®n, desde luego, el r¨¦gimen militar-c¨ªvico venezolano que viola sistem¨¢ticamente los derechos de los ciudadanos. Esta afirmaci¨®n la hacemos, no por un simple capricho o por la racional postura cr¨ªtica ante la locura que nos invadi¨® en 1998, sino por razones bien fundadas en conclusiones de ¨®rganos internacionales e informaci¨®n veraz de organizaciones no gubernamentales serias y responsables.

En su falso discurso afuera, los mal llamados "revolucionarios bolivarianos" se ufanan del "¨¦xito sin precedentes" de las pol¨ªticas que garantizan los derechos econ¨®micos y sociales. Pero la realidad es otra. Imponen medidas y controles absurdos e ilegales que se traducen en un mecanismo perverso muy bien estructurado para empobrecer y dominar. Tambi¨¦n irrespetan los derechos sociales de los venezolanos cuando acosan la educaci¨®n privada y convierten el trabajo decente en d¨¢diva, basada en una relaci¨®n excluyente de contenido puramente ideol¨®gico. Ni hablar de los derechos civiles y pol¨ªticos, cuando desde el poder se decreta la discriminaci¨®n o apartheid pol¨ªtico y la consecuente persecuci¨®n, la confiscaci¨®n de los espacios medi¨¢ticos, el aniquilamiento progresivo de la libertad de expresi¨®n y del derecho a la informaci¨®n, el derecho a protestar pac¨ªficamente.

La comunidad internacional sigue con preocupaci¨®n las pol¨ªticas del r¨¦gimen venezolano mucho m¨¢s hoy ante las violaciones graves, generalizadas y sistem¨¢ticas de los derechos humanos, realizadas mediante torturas y pr¨¢cticas humillantes y degradantes que conforman una pol¨ªtica de Estado. Muy distinto a los "reconocimientos" de ayer, sus socios m¨¢s destacados: Kirchner, Ortega y Morales se muestran distantes, mientras otros como Rousseff se presentan cr¨ªticos ante los abusos revolucionarios, lo que pareciera ahora significar que despu¨¦s de tantos a?os de atropellos y juego de intereses, los vecinos y amigos de la revoluci¨®n se percatan de la realidad que ocultaban los abultados precios del petr¨®leo.

En d¨ªas pasados, ante el silencio c¨®mplice de la Fiscal General de la Rep¨²blica y la Defensora del Pueblo se conocieron otros actos repugnantes de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes infligidos a Leopoldo L¨®pez, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse, dirigentes opositores detenidos arbitrariamente por protestar o simplemente por disentir y condenar la barbarie, fueron hacinados, humillados con excremento en sus celdas y cuerpos, atormentados y encerrados en cuatro metros cuadrados, sin posibilidad de ver la luz del d¨ªa.

Muy distinto a los "reconocimientos" de ayer, sus socios m¨¢s destacados¡ª Kirchner, Ortega y Morales¡ª se muestran distantes

Estos actos producto de la maldad y el odio se unen a las atrocidades cometidas en contra de estudiantes que ejercieron su derecho a protestar. J¨®venes golpeados, torturados, abusados sexualmente; todo ello recogido en Informes serios remitidos a los ¨®rganos internacionales, como el Comit¨¦ contra la Tortura, que levant¨® su voz y exigi¨® al r¨¦gimen de Maduro que pusiera fin a tales pr¨¢cticas.

No s¨®lo estamos ante actos que constituyen el crimen de tortura, sancionado por las Convenciones y dem¨¢s instrumentos internacionales, sino ante un crimen m¨¢s grave a¨²n, sancionado por el Derecho Internacional Penal: el crimen de lesa humanidad, que choca con la consciencia humana y que abre el ejercicio de la jurisdicci¨®n penal universal en tribunales nacionales de algunos Estados y la competencia de la Corte Penal Internacional.

Los actos de tortura f¨ªsica y mental en contra de los presos pol¨ªticos en Venezuela no son hechos aislados, tampoco individualizados ni espor¨¢dicos, menos simplemente atribuibles a funcionarios de segundo rango, ejecutores de las ¨®rdenes superiores. Estamos ante actos crueles que responden a dos criterios que determinan el crimen de lesa humanidad: la generalidad y la sistematicidad, es decir, en contra de una parte de la poblaci¨®n, por razones pol¨ªticas o ideol¨®gicas, y ante una pol¨ªtica de Estado, tal como se define en el Estatuto de Roma de 1998.

El r¨¦gimen no investiga ni sanciona, menos condena a los responsables. Por el contrario, impera la m¨¢s pura impunidad, esa que todos condenan con discursos elocuentes en los ¨®rganos internacionales. No hay voluntad de sancionar a los responsables, m¨¢s bien se les trata de sustraer de la justicia. No hay un poder judicial imparcial, independiente y eficaz que responda a estas violaciones, lo que abre la aplicaci¨®n del principio de la complementariedad que permite a la Corte Penal Internacional ejercer la jurisdicci¨®n que le confirieron los Estados al adoptar el Estatuto de Roma.

Esta lamentable situaci¨®n y los actos perpetrados impunemente por agentes del r¨¦gimen, con el odio y la violencia aupados por la alta dirigencia oficialista, abultan los expedientes abiertos a todos aquellos que han cometido o participado en la realizaci¨®n de estos odiosos cr¨ªmenes y abren el camino a la justicia que persigue la erradicaci¨®n definitiva de la impunidad por tales conductas para que no se cometan m¨¢s en el futuro, en ninguna parte del mundo.

V¨ªctor Rodr¨ªguez Cede?o es exembajador de Venezuela y exmiembro de la Comisi¨®n de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.