Los porqu¨¦s de Iguala

El Gobierno mexicano es responsable de la desaparici¨®n de al menos 512 personas entre 1969 y 1985 en Guerrero, el epicentro de la crisis social desatada por la desaparici¨®n de 43 estudiantes en Iguala (a 192 kil¨®metros al sur de la capital de M¨¦xico) el 26 de septiembre pasado. De aquellas 512 personas, a d¨ªa de hoy, se desconoce su paradero y la orden judicial por las que se les detuvo, seg¨²n el informe elaborado por la Comisi¨®n de La Verdad de Guerrero, al que ha tenido acceso EL PA?S. El documento prueba que a lo largo de 14 a?os la extinta Direcci¨®n Federal de Seguridad (DFS) ech¨® mano de polic¨ªas y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales, violaciones e incluso vuelos de la muerte.

La conclusi¨®n del informe revela los antecedentes de una de las mayores crisis sociales del pa¨ªs en los ¨²ltimos a?os: la masacre de Iguala. La investigaci¨®n recopila centenares de testimonios y documentos que prueban que la extinta DFS, que operaba bajo las ¨®rdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que ejerci¨® el poder hegem¨®nico del pa¨ªs entre 1929 y 2000), despleg¨® 360 efectivos policiales y militares de ¨¦lite para la ¡°localizaci¨®n, captura y exterminio¡± de grupos ¡°subversivos¡± en los a?os setenta sin ning¨²n tipo de orden judicial. La Comisi¨®n pone nombre, foto y apellido a, por lo menos, 512 de esas v¨ªctimas, detenidas en Guerrero. Con un ¨ªnfimo presupuesto aprobado por el Congreso guerrerense (que ha incumplido en los ¨²ltimos seis meses), un equipo de acad¨¦micos independientes realiz¨® un exhaustivo trabajo que comenz¨® oficialmente en 2012 ¡ªpero cuyo germen se remonta a 2006¡ª por petici¨®n de los familiares de las v¨ªctimas. Durante su trabajo sufrieron ataques de sicarios, el ¨²ltimo en enero de este a?o.

¡°La gente a¨²n tiene mucho miedo a hablar. De ninguna manera lo recabado representa el 100% de las desapariciones forzadas. Muchas personas todav¨ªa tienen temor. Otros consideran que ya ocurri¨® hace mucho tiempo y prefieren resignarse¡±, explica Nicomedes Fuentes, uno de los miembros de la Comisi¨®n. ¡°Todo lo que ocurri¨® en la guerra sucia [durante los a?os sesenta y setenta] est¨¢ vinculado con lo de Ayotzinapa. No se resolvi¨® el problema de los a?os setenta. Nunca se ha buscado resarcir el da?o. No hay una cultura democr¨¢tica que traiga paz. El peor delincuente tiene derecho a un juicio. No tienen por qu¨¦ desaparecerlos. Tienen que juzgarlos y castigarlos de acuerdo con el Estado de derecho de M¨¦xico¡±. La Comisi¨®n asisti¨® en 2012 a la exhumaci¨®n de dos cad¨¢veres de personas ejecutadas extrajudicialmente, pero a¨²n no han sido devueltas a sus familias.

Gustavo Tar¨ªn, miembro de la polic¨ªa militar, afirma que los habitantes de Guerrero eran detenidos e interrogados bajo tortura para que ¡°confesaran¡± delitos sin orden judicial. Si no aceptaban, los llevaban atados y vendados a una silla a la que llamaban el banquito de los acusados. Les dec¨ªan que los iban a fotografiar, cuenta Tar¨ªn. ¡°Entonces los mataban con un disparo en la nuca. Siempre se us¨® la misma pistola, por lo que la bautizaron como la espada justiciera. Se colocaban dentro de costales, se le pon¨ªan unas piedras y se cos¨ªan¡±. Los cuerpos eran arrojados desde aviones militares. En una noche pod¨ªa haber hasta tres o cuatro vuelos. Tar¨ªn calcula que al menos 1.500 personas murieron as¨ª durante ese periodo. La Comisi¨®n ha podido comprobar al menos esas 512 muertes. Uno de los militares que particip¨® en estas operaciones pidi¨® asilo pol¨ªtico en Canad¨¢ en 1988, horrorizado por lo que hab¨ªa visto.

Margarito Monroy Cand¨ªa, mec¨¢nico de aviones, respalda la versi¨®n. Particip¨® en 15 viajes. Su testimonio: ¡°Se?ala que las personas que transport¨® eran de todos los lugares, tambi¨¦n de buena situaci¨®n econ¨®mica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrec¨ªan que si ten¨ªan sexo [con los militares], al llegar a Guerrero las dejar¨ªan en libertad y en su caso [las devolver¨ªan] a sus esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que ¨¦l viera, las liberaron¡±, explica el informe.

Monroy cuenta que todos los viajes en que particip¨® eran encabezados por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, denunciado en 2001 por 120 familias por la desaparici¨®n de sus seres queridos y formalmente acusado en 2004 ¡ªpoco despu¨¦s fue absuelto¡ª de lanzar al mar a 22 campesinos desde un avi¨®n. Se retir¨®, condecorado, en 2008, pese a que tambi¨¦n fue se?alado por supuestos v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico. Muri¨® en 2012 en uno de los barrios m¨¢s adinerados de la capital mexicana en un ataque con el sello del narco: un desconocido lo mat¨® de un tiro en la cabeza a plena luz del d¨ªa.

Las poblaciones y testimonios mencionados en la Comisi¨®n hacen imposible no vincular lo ocurrido hace 40 a?os con la tragedia de Iguala de 2014. Las cifras de pobreza de Guerrero son id¨¦nticas: de 70% de la poblaci¨®n en 1962 a 69,7% en 2013, pese a que el Gobierno mexicano ha dedicado millonarios programas oficiales para atajarla. Las protestas que iniciaron el movimiento subversivo contra el Gobierno mexicano eran, en inicio, pac¨ªficas, hasta que una serie de matanzas en los a?os sesenta y un fraude electoral en 1962 provocaron que la Asociaci¨®n C¨ªvica Guerrerense (ACG, fundada, entre otros, por Genaro V¨¢zquez) eligiera la clandestinidad y apareciera la figura de Lucio Caba?as, un maestro rural convertido en guerrillero que se convirti¨® en una de las cabezas m¨¢s visibles del movimiento. Los tiroteos y las matanzas eran habituales. V¨¢zquez y Caba?as egresaron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la misma a la que pertenecen los 43 desaparecidos del pasado septiembre.

En 1974, el Partido de los Pobres, ya convertido en guerrilla, secuestr¨® al senador Rub¨¦n Figueroa Figueroa, un hombre que se enorgullec¨ªa tanto de su red de cacicazgo que se hac¨ªa llamar el tigre de Huitzuco y que hac¨ªa campa?a por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el cargo de gobernador. Liberado a los dos meses, ya en el cargo de gobernador los zarpazos del tigre de Huitzuco fueron implacables. Muchos de los detenidos datan de su mandato, entre 1975 y 1981.

Las v¨ªctimas tienen rostros e historias. Algunas son familias enteras. Como los Castro Molina. El padre, Petronilo, y los tres hijos, Guadalupe, Fabiola y Eleazar, desaparecidos desde 1972. O Carlos D¨ªaz Fr¨ªas, que se ahorc¨® en 1978 en su celda porque no aguant¨® m¨¢s las torturas. Sus familiares a¨²n esperan una respuesta.