Amnist¨ªa Internacional critica el plan de restituci¨®n de tierras en Colombia

"?C¨®mo va a regresar alguien a casa sabiendo que los mismos que lo desplazaron por la fuerza y mataron a sus familiares podr¨ªan estar esper¨¢ndolo?", pregunt¨® ayer Marcelo Pollack, investigador de Amnist¨ªa Internacional en Colombia, en la presentaci¨®n en Bogot¨¢ del informe Un t¨ªtulo de propiedad no basta: Por una restituci¨®n sostenible de tierras en Colombia. En este documento se eval¨²a la efectividad de una ley que se centra en resarcir a las v¨ªctimas del conflicto armado y devolverle la tierra a los que han tenido que abandonarla. La Ley de V¨ªctimas y Restituci¨®n de Tierras lleva dos a?os aplic¨¢ndose y es una de las banderas del presidente Juan Manuel Santos, pero presenta graves lagunas seg¨²n la organizaci¨®n internacional.

Las amenazas y homicidios a los que se enfrentan los que reclaman sus tierras, sumados "a la falta de rigor para aplicar una legislaci¨®n deficiente", impiden que Santos cumpla con la promesa de restituir las tierras robadas, explica el estudio. El informe concluye que la forma en la que se aplica dicha ley es demasiado lenta y "defrauda a la mayor¨ªa de las personas a quienes se rob¨® la tierra".

Para Amnist¨ªa Internacional, no basta con que el Gobierno devuelva a los aproximadamente seis millones de desplazados sus tierras, sino que adem¨¢s tiene que garantizar la seguridad f¨ªsica y econ¨®mica de quienes regresan. Y no solo de ellos, tambi¨¦n de los jueces y funcionarios que participan en el proceso de restituci¨®n y pueden sufrir amenazas. Seg¨²n datos de la fiscal¨ªa colombiana, citados por la organizaci¨®n, hasta agosto de 2014 se investigaban 35 homicidios relacionados con tierras. Pollack afirm¨® que si el Gobierno no se ocupa de esta violencia "sus pol¨ªticas no ser¨¢n m¨¢s que meros gestos vac¨ªos".

Otra de las cr¨ªticas es que hasta ahora la restituci¨®n se ha centrado en devoluciones de tierras "a peque?a escala y relativamente sencillas", dejando a un lado las que han sido ocupadas por empresas nacionales y multinacionales que, seg¨²n el informe, "han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses econ¨®micos".

El estudio asegura que hasta el 1 de agosto de 2014 solo se han restituido 29.000 hect¨¢reas a 2.000 campesinos. "Es una fracci¨®n de los ocho millones de hect¨¢reas que se cree que fueron adquiridas ilegalmente en el conflicto", dice el informe.

El Gobierno ha respondido. Seg¨²n la Unidad de Restituci¨®n de Tierras, Colombia es el ¨²nico pa¨ªs que asumi¨® la devoluci¨®n, y todas las familias que han vuelto se mantienen en ellas. "Existen garant¨ªas para un retorno seguro y sostenible", explica este organismo. Seg¨²n el Gobierno, hay 300.000 hect¨¢reas en manos de los jueces para ser restituidas.