Fiscales, lesa humanidad y soberan¨ªa

La muerte de Alberto Nisman sigue siendo portada en todo el mundo. El fiscal que tom¨® el caso, Gerardo Pollicita, ratific¨® la acusaci¨®n formal contra la presidente Fern¨¢ndez de Kirchner y su canciller. Dicha imputaci¨®n deber¨¢ ser convalidada por un juez, desde luego, pero no obstante constituye, en s¨ª misma, un mensaje que nadie podr¨¢ deso¨ªr, ni el gobierno, ni la sociedad, ni la comunidad internacional.

Tal vez esta sea la respuesta de los fiscales a las agresiones verbales recibidas por parte de la presidenta dos d¨ªas atr¨¢s. En silencio y por escrito, Argentina podr¨ªa estar al borde de una grave crisis institucional. El vicepresidente tambi¨¦n est¨¢ imputado, por corrupci¨®n, vale la pena recordar.

Los peri¨®dicos m¨¢s importantes del mundo, incluyendo este, han expresado la necesidad de una investigaci¨®n internacional. Otras voces¡ªgobiernos extranjeros, organizaciones de Derechos Humanos y celebridades como Mia Farrow y Martina Navratilova¡ªhan hecho ese reclamo de manera m¨¢s enf¨¢tica. Es que el gobierno argentino no tiene credibilidad en cuanto a su capacidad e inter¨¦s en resolver el caso. ?C¨®mo podr¨ªa? La imputaci¨®n en cuesti¨®n es por el delito de encubrimiento de los acusados por el ataque terrorista de 1994.

Fern¨¢ndez de Kirchner act¨²a por reflejo condicionado, esperando que el caso desaparezca de los medios informativos y rechazando la idea de una investigaci¨®n internacional. El caso no desaparecer¨¢ de los diarios internacionales por un buen tiempo. El mundo entiende muy bien aquello que el gobierno argentino pretende ocultar. Suicidio o asesinato, la gravedad de esta muerte no tiene precedentes. Un fiscal federal, con evidencia acusatoria contra el gobierno, estaba a punto de presentar esa evidencia ante el Congreso. Los tres poderes del Estado concentrados en el caso Nisman. Proteger la vida de ese fiscal era responsabilidad del gobierno. Por acci¨®n o por omisi¨®n, se trata de un crimen de Estado.

El gobierno argentino rechaza la intervenci¨®n de la comunidad internacional en cualquiera de sus formas. Evitar esa intervenci¨®n, traducida como ¡°injerencia en asuntos internos¡±, parece ser el objetivo exclusivo de las misiones diplom¨¢ticas argentinas en estos d¨ªas. El gobierno apela a la noci¨®n de soberan¨ªa para resolver el caso dentro de su jurisdicci¨®n. Llam¨¦moslo, resolverlo en privado.

El problema es que Fern¨¢ndez de Kirchner es v¨ªctima de m¨²ltiples conspiraciones, seg¨²n propia admisi¨®n, no solo por parte de potencias imperiales, el capital financiero y el sistema judicial de Nueva York. Tambi¨¦n es v¨ªctima de las conspiraciones desestabilizadoras orquestadas por individuos, ciudadanos argentinos residentes en Argentina, Stiuso, Lagomarsino o Magnetto. En otras palabras, un gobierno tan d¨¦bil, ?c¨®mo podr¨ªa resolver un caso tan complejo? Siendo as¨ª, Fern¨¢ndez de Kirchner necesita ayuda internacional para resolver el ataque terrorista de 1994 y la muerte del fiscal Nisman. El rechazo solo contribuye a reforzar la hip¨®tesis de encubrimiento.

Pero la cuesti¨®n es m¨¢s compleja que los deseos de una presidente confundida. El ataque a la AMIA constituye un crimen de lesa humanidad. El terrorismo siempre lo es, pero adem¨¢s, el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, expl¨ªcitamente calific¨® ese atentado como delito de lesa humanidad en noviembre de 2006. Esto implica que la causa AMIA no prescribir¨¢ jam¨¢s y es de jurisdicci¨®n universal, tal como lo dispone la convenci¨®n sobre imprescriptibilidad de los cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad adoptada por las Naciones Unidas en 1968, tratado que, por otra parte, est¨¢ homologado en la propia Constituci¨®n Argentina. Por a?adidura, es plausible pensar en el caso Nisman, su denuncia y su muerte, como parte del mismo proceso legal.

M¨¢s a¨²n, una investigaci¨®n internacional no solo ser¨ªa necesaria, bienvenida y jur¨ªdicamente pertinente. Ser¨ªa tambi¨¦n cat¨¢rtica para Argentina, una herramienta para una transici¨®n pol¨ªtica que, a esta altura y en menos de 300 d¨ªas, deber¨¢ ser de r¨¦gimen, no tan solo de gobierno. Pi¨¦nsese en una comisi¨®n de notables para investigar el caso AMIA y la muerte del fiscal Nisman, as¨ª como en 1983 Alfons¨ªn cre¨® la CONADEP, Comisi¨®n Nacional por la Desaparici¨®n de Personas, para investigar los cr¨ªmenes de los setenta. Ser¨ªa ¨²til una comisi¨®n AMIA, que adem¨¢s est¨¦ abierta a la cooperaci¨®n con gobiernos, organizaciones internacionales y organismos de Derechos Humanos.

Argentina tiene democracia desde 1983, pero en muchos sentidos debe volver a empezar. El caso AMIA y Nisman es solo el m¨¢s significativo de una muy larga lista de violaciones de derechos. Ojal¨¢ que esa necesaria catarsis sirva para otro ¡°Nunca M¨¢s¡±.

Twitter @hectorschamis