Un juez suspende la aplicaci¨®n de la reforma migratoria de Obama
La paralizaci¨®n es temporal y se produce en respuesta a la demanda de 26 estados. El Gobierno de Obama anuncia que apelar¨¢ el fallo
La batalla migratoria se recrudece en Estados Unidos: un juez federal suspendi¨® temporalmente la noche del lunes las medidas ejecutivas ordenadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados. El mandatario critic¨® este martes el fallo del juez federal de Texas y confirm¨® que el Departamento de Justicia lo apelar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas.
¡°No es la primera vez que un juez intenta bloquear algo que acaba siendo legal. Conf¨ªo en que tengo la autoridad¡± para dictar este tipo de medidas, declar¨® Obama desde la Casa Blanca. ¡°La ley est¨¢ de nuestro lado y la historia est¨¢ de nuestro lado¡±, insisti¨®. Se espera que el caso acabe en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, aunque el fiscal general, Eric Holder, que ha calificado la decisi¨®n del juez texano como un mero ¡°paso provisional¡±, ha indicado que todav¨ªa se est¨¢n estudiando todas las opciones legales. La Casa Blanca estima que en los ¡°pr¨®ximos d¨ªas¡± se habr¨¢ decidido qu¨¦ paso legal se da para rebatir el fallo texano.
Pese a que la lucha legal no ha hecho m¨¢s que comenzar, la decisi¨®n del juez Andrew Scott Hanen, de la corte federal de Brownsville, Texas ¨Cel Estado que ha encabezado la demanda¨C paraliza por el momento las medidas migratorias que estaban a punto de comenzar. Este mi¨¦rcoles se abr¨ªa el plazo para extender la Acci¨®n Diferida para j¨®venes llegados en la infancia (DACA), el popular programa que desde 2012 le ha permitido a m¨¢s de medio mill¨®n de j¨®venes indocumentados frenar su deportaci¨®n y obtener un permiso temporal de trabajo. A este paso le deb¨ªa seguir, en los pr¨®ximos meses, el inicio de un nuevo programa para conceder permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, conocido como DAPA, un plan que estaba previsto que empezara a implementarse en mayo.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional Jeh Johnson, ha manifestado su "profundo desacuerdo" con el fallo, pese a lo cual ha dicho que el Gobierno debe cumplirlo, al menos hasta que se pronuncie otra corte superior.? Por ello, ha se?alado, ¡°el Departamento de Seguridad Nacional no comenzar¨¢ a aceptar peticiones para la expansi¨®n de DACA el pr¨®ximo 18 de febrero, como estaba planeado originalmente. Hasta nuevo aviso, tambi¨¦n suspenderemos el plan para aceptar peticiones para DAPA¡±.
Johnson ha especificado que la decisi¨®n del juez no afecta a los individuos que a¨²n califican para DACA seg¨²n los criterios de 2012 o aquellos que necesiten renovar su estatus. Tambi¨¦n ha puntualizado que la orden de la corte no afecta la capacidad de este departamento para implementar prioridades en el control de las leyes de inmigraci¨®n. En noviembre de 2014, junto con el anuncio de DAPA el gobierno deline¨® nuevas prioridades para la detenci¨®n y deportaci¨®n de inmigrantes indocumentados.
"Continuaremos priorizando la seguridad p¨²blica y fronteriza. Me complace que un porcentaje creciente de las deportaciones cada a?o se concentran en aquellos condenados por cr¨ªmenes¡±, ha asegurado Johnson.
En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 Estados -24 republicanos y dos dem¨®cratas- contra las acciones ejecutivas, argumenta que de no frenarlas se producir¨ªa un ¡°da?o irreparable¡±, hecho por el cual ha concedido "un mandato judicial temporal" para suspender la aplicaci¨®n de las medidas mientras se sustancie el proceso o hasta "una orden ulterior de este tribunal¡±.
"Ser¨ªa imposible volver a meter al genio de nuevo en la botella", ha subrayado Hanen, que dice coincidir con los demandantes en que la legalizaci¨®n de millones de inmigrantes indocumentados es una acci¨®n "virtualmente irreversible¡±. Seg¨²n un an¨¢lisis del instituto demosc¨®pico Pew Research Center, casi la mitad de los indocumentados que se podr¨ªan beneficiar de las medidas de Obama, 2,3 millones de personas, viven en alguno de los Estados que interpusieron la demanda.
El magistrado, conocido por otras resoluciones cr¨ªticas con la pol¨ªtica migratoria, considera que la Administraci¨®n no ha llevado a cabo los procedimientos b¨¢sicos exigibles para aplicar el plan migratorio. Adem¨¢s, le reprocha al Gobierno que no haya sido capaz de un mayor control de las fronteras, lo que ha agravado el problema de la inmigraci¨®n ilegal, seg¨²n detalla The New York Times. En esa l¨ªnea, apoya la queja de los Estados en relaci¨®n con el coste que ya les supone la lucha contra la inmigraci¨®n irregular.
La base de la demanda era la convicci¨®n de los Estados que la presentaron de que con las medidas migratorias Obama hab¨ªa "sobrepasado" los poderes que tiene como presidente y fallado as¨ª en su obligaci¨®n en garantizar que las leyes son cumplidas. El gobernador de Texas -que fue quien present¨® la demanda el a?o pasado, cuando todav¨ªa era el fiscal general de ese Estado- Greg Abbott, ha saludado la decisi¨®n judicial. "El presidente hab¨ªa renunciado a su responsabilidad de proteger la Constituci¨®n de EE UU en su intento por ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, y la decisi¨®n de Hanen le pone freno", ha se?alado en un comunicado.
Pese al rev¨¦s, las organizaciones que apoyan la reforma migratoria se han apresurado a afirmar que continuar¨¢n trabajando para que las acciones ejecutivas de Obama entren en vigor.
"No estamos de acuerdo con la decisi¨®n de la corte y creemos que un tribunal superior va a reafirmar la legitimidad de las medidas (de Obama), al igual que incontables expertos legales que afirman que el presidente tiene autoridad para actuar", resumi¨® el sentir generalizado de las agrupaciones Janet Murgu¨ªa, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, una de las organizaciones hispanas m¨¢s influyentes de EE UU.
La v¨ªa legal no es m¨¢s que uno de los caminos tomados por los que se oponen a las acciones migratorias dictadas por Obama en noviembre, frustrado por la negativa del Congreso a aprobar una reforma migratoria que propusiera una soluci¨®n para los m¨¢s de 11 millones de indocumentados que viven en el pa¨ªs.
La oposici¨®n republicana, que domina las dos c¨¢maras del Congreso desde enero, ha tratado tambi¨¦n de revertir las medidas presionando mediante la retirada de fondos del Departamento de Seguridad Nacional. Este ministerio es el ¨²nico que no ha conseguido financiaci¨®n hasta finales del a?o fiscal, sino que se quedar¨¢ sin recursos a partir del 27 de febrero, a menos que los congresistas aprueben una nueva partida de dinero. Algo que hasta ahora no ha funcionado por los intentos republicanos de incluir en ella medidas para revertir las acciones ejecutivas migratorias, hecho tajantemente rechazado por los legisladores dem¨®cratas.
El fallo judicial de Texas le ha servido al presidente de la C¨¢mara de Representantes, el republicano John Boehner, para reclamarle a los dem¨®cratas que cedan en esta batalla legislativa. "Ojal¨¢ que los dem¨®cratas del Senado que afirman que se oponen a esta extralimitaci¨®n ejecutiva permitan ahora que el Senado empiece a debatir una propuesta de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional", dijo en un comunicado.
Obama sin embargo ten¨ªa lista su r¨¦plica: "Le aconsejo encarecidamente al Congreso que, si de verdad est¨¢ tan preocupado por la inmigraci¨®n (...) lo que deber¨ªa hacer es trabajar de forma unificada y trabajar con la administraci¨®n para lograr una pol¨ªtica migratoria integral que nos permita ser tanto una naci¨®n de leyes como una naci¨®n de inmigrantes".
El juez que quiere frenar a Obama
"Es uno de los jueces m¨¢s conservadores en uno de los Estados m¨¢s republicanos en Estados Unidos". Con esas palabras describi¨® el congresista Luis Guti¨¦rrez, dem¨®crata de Illinois, al juez Andrew Hanen en una reciente visita a Houston.
¡°Se critica que s¨®lo los jueces dem¨®cratas son activistas, pero en este caso eso es precisamente lo que ocurre¡±, acus¨® el legislador, uno de los congresistas que m¨¢s ha trabajado a favor de una reforma migratoria para el pa¨ªs, durante una charla en la iglesia evang¨¦lica Lindale Assembly of God.
Hanen trabajaba como abogado en el sector privado cuando, en 1992, fue nominado para juez de distrito por el entonces presidente, el republicano George H. Bush. Nunca lleg¨® a ser confirmado pero, pero diez a?os m¨¢s tarde, en 2002, fue nominado otra vez por el hijo de Bush, el tambi¨¦n presidente republicano George W. Bush, para servir en la corte de distrito sureste de Texas. En esa ocasi¨®n s¨ª logr¨® el puesto, para el que lo confirm¨® una amplia mayor¨ªa en el Senado.
Su decisi¨®n de detener las medidas ejecutivas de Barack Obama no ha sorprendido, puesto que Hanen ha criticado abiertamente en el pasado la pol¨ªtica migratoria del presidente dem¨®crata.
En 2014 el magistrado caus¨® una fuerte pol¨¦mica cuando responsabiliz¨® al Gobierno de Obama por la crisis humanitaria en la frontera sur de Texas, cuando miles de menores no acompa?ados cruzaron en masa.
Ya en diciembre de 2013, en la opini¨®n del caso ¡°Estados Unidos versus Mirtha Nava¡±, una mujer acusada de haber tratado de introducir de forma ilegal en EE UU a un ni?o salvadore?o de diez a?os, Hanen asegur¨® que ¡°en vez de hacer cumplir las leyes del pa¨ªs, el gobierno tom¨® pasos para ayudar a los individuos que las violaron¡±. Adem¨¢s, acus¨® al Departamento de Seguridad Nacional de ¡°completar una conspiraci¨®n criminal¡±, en referencia a la pol¨ªtica de reunificaci¨®n de familias detenidas en la frontera.
Durante la audiencia donde se analiz¨® la demanda interpuesta contra las medidas ejecutivas de Obama, en enero, Hanen cuestion¨® seriamente la decisi¨®n del gobierno y ahond¨® en los criterios de elegibilidad para DACA.
El magistrado comenz¨® su intervenci¨®n diciendo que ¡°hablar de inmigraci¨®n en Brownsville es como hablarle a No¨¦ del diluvio¡± y defendi¨® su competencia en el tema afirmando que se trata de ¡°un ¨¢rea de leg¨ªtimo debate¡±.
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