Violencia, sobornos y falta de derechos en la c¨¢rcel mexicana
Un estudio sobre las prisiones de la zona metropolitana del DF refleja la debilidad que sufre el sistema judicial del pa¨ªs
La mitad de los presos de las c¨¢rceles de la mayor ¨¢rea metropolitana de M¨¦xico afirman que fueron golpeados en el momento de su detenci¨®n para forzarles a cambiar su declaraci¨®n. Las denuncias de que la polic¨ªa exigi¨® el pago de una mordida (extorsi¨®n) a cambio de un trato preferencial se han duplicado en los ¨²ltimos 10 a?os. M¨¢s del 80% asegura que las autoridades de la prisi¨®n exigieron a su familia dinero a cambio de que les llevaran comida al interior de la c¨¢rcel y el 57% solamente por entrar al penal. Otros tantos ¡ªun 76,4%¡ª desconoc¨ªan sus derechos a la hora de su juicio. Seis de cada 10 de los internos en las prisiones del Distrito Federal y el Estado de M¨¦xico, la tercera aglomeraci¨®n m¨¢s grande del mundo seg¨²n la ONU y que concentra a m¨¢s de 20 millones de habitantes, han sido condenados por robo simple, la mitad por un monto de 11.000 pesos (700 d¨®lares). Uno de cada cuatro, por menos de 2.500 (160 d¨®lares). Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayor¨ªa no ha cumplido los 30 a?os y vienen de familias pobres.
Son los condenados de un sistema judicial con tal nivel de desconfianza que nueve de cada 10 delitos cometidos en M¨¦xico no se denuncian, seg¨²n cifras oficiales. Los datos provienen del estudio Delito y C¨¢rcel en M¨¦xico, deterioro social y desempe?o institucional, elaborado por el Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®micas mexicano (CIDE), y que forma parte del proyecto internacional Poblaciones carcelarias en Latinoam¨¦rica, que analiza prisiones de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, M¨¦xico y Per¨². El informe, que recoge informaci¨®n de 2013 y la compara con an¨¢lisis de 2002, 2005 y 2009, arroja un aumento en la corrupci¨®n en la actuaci¨®n de las autoridades.
¡°Hay dos datos que muestran una preocupante descomposici¨®n. Uno, el incremento en los internos que han tenido evidencia de presos que han obtenido su libertad mediante pagos o influencias. El segundo es el aumento de los cobros indebidos [mordidas: soborno o extorsi¨®n]¡±, indica el informe. Los reclusos que han denunciado que alg¨²n polic¨ªa les pidi¨® dinero han crecido de un 36,9% en 2002 a 46,1% en 2013.
El 45,6% de los presos asegura que fue golpeado por la polic¨ªa para forzarlo a declarar. ¡°Esta cifra es particularmente grave porque refleja que no ha habido, a lo largo de la serie hist¨®rica, absolutamente ning¨²n cambio en las formas tradicionales de operaci¨®n de la polic¨ªa de investigaci¨®n y de los ministerios p¨²blicos¡±, indica el informe. La ONU present¨® hace 10 d¨ªas un documento que conclu¨ªa que la tortura en M¨¦xico era ¡°generalizada¡± en todos los cuerpos policiales, una acusaci¨®n que fue rechazada de inmediato por el Gobierno mexicano.
Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayor¨ªa no ha cumplido los 30 a?os y vienen de familias pobres
La mayor¨ªa de los presos, adem¨¢s, no entendieron sus derechos en el momento de ser enjuiciados: dos de cada tres declararon que entendieron poco o nada de lo que suced¨ªa a su alrededor. En 2013, la cifra ascendi¨® a un 76,4%. La incomprensi¨®n del proceso es grave, aseguran los investigadores, porque ¡°no s¨®lo se refiere a la incapacidad de establecer una interacci¨®n adecuada y una defensa racional, sino tambi¨¦n a una falta de comprensi¨®n de los mecanismos institucionales¡±.
Durante sus juicios, la mayor¨ªa de los detenidos no pudieron hablar a solas con sus familiares y amigos (el 64,6%) y, ya en la c¨¢rcel, con su abogado defensor (un 59,1%). El 86,1% desconoc¨ªa que ten¨ªa el derecho de pedir libertad condicional. Seis de cada 10 dieron su primera declaraci¨®n frente a un juez, fundamental para sus sentencias, sin que estuviera un abogado defensor presente. Un 63,8% no fue informado de que incluso pod¨ªa negarse a declarar. Un juicio mexicano es escrito y secreto, lo que lo convierte en un proceso largo, complicado y burocr¨¢tico. La reforma penal, impulsada desde 2008, busca cambiar este sistema para que en M¨¦xico se practiquen juicios orales, donde se valoren las pruebas con mayor claridad.
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