Por qu¨¦ el Gobierno reprime la auditor¨ªa social en M¨¦xico
Nunca es buena se?al cuando un Gobierno empieza a desmantelar los pesos y contrapesos que evitan el abuso del poder
Uno de los conceptos m¨¢s importantes que han surgido de las ciencias sociales en Am¨¦rica Latina en los ¨²ltimos a?os es la noci¨®n de la contralor¨ªa (auditor¨ªa) social ¡ªo societal accountability en ingl¨¦s. Es un concepto acu?ado por los polit¨®logos argentinos Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz en el que engloban las acciones pac¨ªficas que llevan a cabo grupos de la sociedad civil para exponer, denunciar y cuestionar abusos de poder, corrupci¨®n y violaciones de derechos humanos por parte de los gobernantes y para exigir la rendici¨®n de cuentas y el castigo de quien viola la ley. Son acciones que llevan a cabo think tanks, organismos no gubernamentales (ONGs), periodistas y movimientos sociales en los medios de comunicaci¨®n, en las calles y en las cortes. Son acciones que requieren de la existencia de la libertad de prensa, expresi¨®n y movimiento y de un poder judicial aut¨®nomo. El ejercicio de la contralor¨ªa social es de vital importancia en pa¨ªses donde las elecciones no logran ser un mecanismo efectivo de rendici¨®n de cuentas y de representaci¨®n efectiva.
M¨¦xico vivi¨® en el segundo semestre de 2014 un periodo de contralor¨ªa social sin precedentes. Mediante important¨ªsimas investigaciones period¨ªsticas se develaron graves conflictos de inter¨¦s que afectan al presidente Enrique Pe?a Nieto y su c¨ªrculo cercano de colaboradores y se exhibieron graves violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco. Mediante enormes movilizaciones sociales, la sociedad civil inund¨® las calles del pa¨ªs para exigir verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sure?o estado de Guerrero a manos de gobernantes aliados con el crimen organizado.
Como suelen reaccionar los l¨ªderes autoritarios, los voceros del presidente Pe?a Nieto calificaron estas m¨²ltiples formas de movilizaci¨®n ciudadana como una conspiraci¨®n en contra de las ambiciosas reformas econ¨®micas del presidente. Y hoy se aprestan a amedrentar a los actores y minar los derechos que hacen posible la contralor¨ªa social.
Como reaccionan los l¨ªderes autoritarios, los voceros del presidente Pe?a Nieto calificaron las marchas como una conspiraci¨®n contra las reformas?
Tres ejemplos: El sorpresivo despido de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigaci¨®n de la radiodifusora MVS por una falta administrativa menor es un ataque en contra de la contralor¨ªa social. Aristegui y sus colegas se han destacado por investigar los temas que m¨¢s molestan a los gobernantes, como el conflicto de inter¨¦s, la corrupci¨®n y la violaci¨®n de derechos humanos. Los programas que dirige Aristegui se han convertido en un foro para cientos de voces disidentes que no tienen cabida en los principales medios de comunicaci¨®n. Aunque el despido de Aristegui y su equipo fue decisi¨®n de los due?os de un medio privado, es muy probable que la presi¨®n del Gobierno federal y del nuevo equipo de comunicaci¨®n del presidente haya sido decisiva en el despido de la periodista. Ser¨ªa un caso de represi¨®n encubierta en el que no hay coerci¨®n f¨ªsica, pero por medios soterrados se logra amedrentar a quienes proveen evidencia del abuso del poder. El mensaje es contundente: inhibir una de las actividades primordiales de control ciudadano del poder pol¨ªtico ¨C el periodismo de investigaci¨®n.
El sorpresivo anuncio del Archivo General de la Naci¨®n de que ya no estar¨¢n disponibles para consulta p¨²blica los miles de documentos que dan cuenta de la participaci¨®n gubernamental y de las fuerzas armadas en cientos de ejecuciones y desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia en los a?os setentas es un ataque a la contralor¨ªa social. Esta informaci¨®n sirvi¨® de fundamento para que la Comisi¨®n de la Verdad de Guerrero sustentara en su informe la activa participaci¨®n del ej¨¦rcito en la desaparici¨®n forzada de cientos de guerrilleros, estudiantes, campesinos y disidentes pol¨ªticos. Aunque el cierre de los archivos ha sido informado por un ente administrativo, es muy probable que las fuerzas armadas le hayan exigido al presidente el cierre de una fuente oficial que retrata un pasado represor y sugiere la continuidad entre pr¨¢cticas del pasado y del presente. El mensaje es directo: inhibir el acceso al insumo m¨¢s valioso para la contralor¨ªa social ¨C la informaci¨®n.
Aunque el despido de Aristegui y su equipo fue decisi¨®n de los due?os de un medio privado, es muy probable que hubiera presi¨®n del Gobierno?
El sorpresivo nombramiento de Eduardo Medina Mora ¨C un funcionario p¨²blico que estuvo a cargo de los servicios secretos de M¨¦xico y luego de la procuraci¨®n de justicia durante los primeros a?os de la guerra contra el narcotr¨¢fico ¨C como ministro de la Suprema Corte de Justicia, ignorando m¨¢s de 50 mil firmas ciudadanas que exig¨ªan un debate sobre los m¨¦ritos del candidato es un ataque a la contralor¨ªa social. El alegato ciudadano suger¨ªa entre otros puntos que Medina Mora ser¨¢ juez y parte cada vez que lleguen a la corte denuncias de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos cometidos durante la guerra contra el narco. En un conflicto que ha dejado 88,000 muertos y 23,000 desapariciones y en el que se ha pisoteado el estado de derecho y que ser¨¢ materia de futuras comisiones de la verdad, Medina Mora carecer¨¢ de la m¨ªnima neutralidad. El mensaje es claro: el presidente no quiere que las cortes sean aliadas de los ciudadanos para castigar el abuso del poder ejecutivo.
Nunca es buena se?al cuando un Gobierno elegido a trav¨¦s de las urnas empieza a desmantelar los pesos y contrapesos que evitan el abuso del poder. Atacar a los actores y socavar los derechos que hacen posible la contralor¨ªa ciudadana del poder pol¨ªtico es una ominosa se?al de erosi¨®n democr¨¢tica. Hay que encender las alarmas ahora, antes de que estos actos den pie a una regresi¨®n autoritaria.
Guillermo Trejo es profesor de ciencia pol¨ªtica en la Universidad de Notre Dame e investigador del Kellogg Institute for International Studies.
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