M¨¦xico: paradojas de la decadencia democr¨¢tica

A un mes de las elecciones de 300 diputados federales, 9 gobernadores, y cientos de diputados locales y alcaldes en 17 estados, M¨¦xico experimenta de lleno las contradicciones que marcan su problem¨¢tico presente: de un lado, la continuidad de la descomposici¨®n del Estado, ejemplificada estos d¨ªas en la incapacidad para detener el despliegue formidable de poder del crimen organizado en el estado de Jalisco; y en la indisposici¨®n para reconocer y castigar el m¨¢s reciente esc¨¢ndalo de ejecuci¨®n extrajudicial de personas por parte de fuerzas polic¨ªacas federales, acaecido en Apatzing¨¢n (Michoac¨¢n). Por otro lado, se han aprobado dos leyes importantes para el futuro de la democracia mexicana: la creaci¨®n del Sistema Nacional Anticorrupci¨®n y la Ley Nacional de Transparencia. ?C¨®mo entender estas se?ales encontradas?

Un largo proceso legislativo ser¨¢ necesario antes de poder procesar a cualquier pol¨ªtico electo

Las nuevas leyes representan avances normativos sustantivos y son el resultado de una larga negociaci¨®n entre el Gobierno, los partidos pol¨ªticos y actores de la sociedad civil, quienes han buscado crear mecanismos institucionales de control de la corrupci¨®n y la opacidad rampantes en el Estado mexicano. El Sistema Nacional Anticorrupci¨®n empodera a la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n, ¨®rgano de la C¨¢mara de Diputados encargado de analizar las cuentas p¨²blicas (por primera vez vigilar¨¢ el ejercicio en tiempo real del gasto p¨²blico, incluido el de los Estados y municipios); se crea la Fiscal¨ªa Nacional Anticorrupci¨®n, con jurisdicci¨®n igualmente nacional, y adem¨¢s se fortalecen las capacidades sancionatorias de la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica.

Sin embargo, estos avances son contrarrestados por el hecho de que el fuero de los pol¨ªticos electos sigue vigente. Un largo proceso legislativo ser¨¢ necesario antes de poder procesar a cualquier pol¨ªtico electo. La fiscal¨ªa anticorrupci¨®n no tiene garantizada una autonom¨ªa pol¨ªtica plena. La Auditor¨ªa Superior seguir¨¢ dependiendo de la C¨¢mara de Diputados, la que, en caso de que un partido tenga mayor¨ªa absoluta, podr¨ªa limitar su presupuesto y libertad de acci¨®n. Para colmo, tomar¨¢ tres a?os terminar el conjunto de reformas legales secundarias necesarias y construir las instituciones que deben aplicar la nueva ley.

La ley de transparencia?no va a suprimir la pr¨¢ctica de ocultar la informaci¨®n pol¨ªticamente sensible usando los resquicios legales

La reci¨¦n promulgada Ley Nacional de Transparencia obliga a abrir toda la informaci¨®n de los gobiernos federal y estatales, las c¨¢maras de senadores y diputados, el poder judicial, los partidos pol¨ªticos y toda entidad que reciba recursos p¨²blicos. El Instituto Federal de Acceso a la Informaci¨®n y Protecci¨®n de Datos Personales ser¨¢ la ¨²ltima instancia en la materia, por lo que conocer¨¢ de casos de estados y municipios cuando la informaci¨®n se niegue a los ciudadanos. Pero la ley no va a suprimir la pr¨¢ctica consuetudinaria de los funcionarios de ocultar la informaci¨®n pol¨ªticamente sensible usando los resquicios legales que permanecen. La ley es apenas el principio de un largo proceso legislativo e institucional que tomar¨¢ un par de a?os en tener efectos reales.

Entretanto, M¨¦xico vive, todos los d¨ªas, los efectos de la debilidad del Estado. El crimen organizado sigue creando severos problemas de seguridad en buena parte del pa¨ªs e interviniendo en la pol¨ªtica. Esta situaci¨®n deriva de una serie de fallas del Estado. Despu¨¦s de a?os de esfuerzos institucionales y del gasto de cientos de millones de d¨®lares, las polic¨ªas del pa¨ªs siguen sin credibilidad, pues menos de la mitad de sus efectivos han pasado las pruebas de confianza, habiendo cientos de municipios cuyas polic¨ªas est¨¢n casi en su totalidad reprobadas. El desperdicio de recursos y la falta de seriedad de los gobiernos estatales y municipales en esta materia es verdaderamente criminal.

En pleno periodo electoral, menos de la mitad de los ciudadanos conf¨ªa en el INE

Por otro lado, se percibe un retraso deliberado por parte de los gobernadores en la implementaci¨®n de la reforma penal, que deber¨ªa conducir al fortalecimiento de las procuradur¨ªas de justicia de los estados. Por si faltara algo, el gobierno federal no resuelve los grandes esc¨¢ndalos de violaci¨®n a los derechos humanos (Tlataya, Iguala-Ayotzinapa, por ejemplo). La clase pol¨ªtica torpedea de una manera o de otra los cambios institucionales imprescindibles para fortalecer el Estado de Derecho.

Todo esto sucede en pleno periodo electoral. La p¨¦rdida de prestigio del Instituto Nacional Electoral, la instituci¨®n clave de la transici¨®n democr¨¢tica, es grave: menos de la mitad de los ciudadanos conf¨ªa en el INE, y la intrascendencia de las campa?as ha conducido a que el proceso electoral de 2015 sea de escas¨ªsimo inter¨¦s, lo cual anticipa una gigantesca abstenci¨®n y posiblemente la anulaci¨®n del voto como estrategias de protesta de amplios sectores de las clases medias y populares. Todo ello, parad¨®jicamente, beneficiar¨¢ al PRI, que usa los recursos del gobierno para mantener una amplia clientela.

Las grandes fracturas de legitimidad del r¨¦gimen abren las puertas, a mediano plazo, o bien a una soluci¨®n populista, ya disponible en la figura de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, o a una soluci¨®n autoritaria a trav¨¦s del propio gobierno, que ofrecer¨¢ resolver desde arriba los problemas nacionales con medidas dr¨¢sticas. A menos que la sociedad civil se movilice de manera decisiva, se profundizar¨¢ la decadencia conservadora y se abrir¨¢n las puertas a la restauraci¨®n autoritaria.

Alberto J. Olvera es profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Hist¨®rico-Sociales de la Universidad Veracruzana