La corrupci¨®n y sus sistemas

M¨¦xico tiene malas calificaciones en materia de corrupci¨®n. Basta mirar los ¨ªndices para comprobarlo. Basta revisar lo dicho cotidianamente en los medios para reafirmarlo. Los niveles alcanzados son tales, que una parte de la sociedad se ha organizado para denunciar los hechos, identificar personas y presentar soluciones. Las inveteradas resistencias estatales cedieron a la presi¨®n de las denuncias para terminar convocando a la formaci¨®n del ¡°sistema nacional anticorrupci¨®n¡±.

El pasado mi¨¦rcoles 27 se le dio cabida en la Constituci¨®n. Por la gravedad de los hechos vividos y por lo mucho que erosionan la gobernabilidad y la civilidad, es esperable que las soluciones jur¨ªdicas a las que se arrib¨® sean, si no perfectas, s¨ª de enorme eficacia y calidad t¨¦cnica. De otro modo, ni se justificar¨ªa el esfuerzo realizado ni, mucho menos, las expectativas creadas.

Las reformas hechas a la Constituci¨®n est¨¢n construidas en dos ejes: el propio sistema nacional anticorrupci¨®n y el sistema nacional de responsabilidades administrativas. Partiendo de una correcta apreciaci¨®n de los generalizados alcances de la corrupci¨®n, con la reforma se otorgaron competencias al Congreso de la Uni¨®n para emitir las leyes que permitan la coordinaci¨®n de los ¨®rdenes integrantes del sistema federal (Federaci¨®n, estados, Distrito Federal y municipios). Esto significa que cada uno de sus componentes acudir¨¢ con sus propias competencias y, en el ejercicio de ellas, buscar¨¢ llegar a acuerdos con los restantes. La instancia rectora del sistema ser¨¢ un Comit¨¦ Coordinador, compuesto por seis funcionarios con una actividad preponderante diversa (Auditor Superior de la Federaci¨®n, Fiscal Anticorrupci¨®n, por ejemplo), y un representante del llamado Comit¨¦ de Participaci¨®n Ciudadana, ¨®rgano que con tal car¨¢cter se cre¨® con la propia reforma.

Las reformas hechas a la Constituci¨®n est¨¢n construidas en dos ejes: el propio sistema nacional anticorrupci¨®n y el sistema nacional de responsabilidades administrativas

Las competencias del Comit¨¦ Coordinador son para establecer los mecanismos de coordinaci¨®n, dise?ar y promover pol¨ªticas de fiscalizaci¨®n y control de recursos p¨²blicos, determinar los medios para intercambiar informaci¨®n, elaborar un informe anual y generar recomendaciones no vinculantes, primordialmente.

El segundo eje es el sistema nacional de responsabilidades administrativas. Se gener¨® al darle competencia al Congreso de la Uni¨®n para establecer los supuestos de responsabilidad, las penas y los procedimientos para sancionar administrativamente a los servidores p¨²blicos de todo el pa¨ªs y a los particulares vinculados con tales faltas. Se quiso estandarizar la legislaci¨®n sancionadora, evitando las determinaciones diferenciadas propias de todo sistema federal. Sin embargo, la aplicaci¨®n de los supuestos legales seguir¨¢ siendo de las correspondientes autoridades federales o locales.

En los dos ejes de la reforma hay debilidades. En el primero, lo son de car¨¢cter institucional. Es dif¨ªcil suponer que el enorme problema existente pueda ser corregido por la mera coordinaci¨®n de instancias con competencias propias y bien diferenciadas.

Es tambi¨¦n poco probable que el ¨®rgano previsto para llevar a cabo la coordinaci¨®n logre resultados efectivos, pues su operaci¨®n no es permanente, tiene escasas atribuciones y su integraci¨®n no es funcional. Ya apunt¨¦ que sus miembros no est¨¢n dedicados por completo a las tareas, y las funciones primordiales de algunos de ellos no tienen que ver con el combate a la corrupci¨®n, adem¨¢s de que no hay representaci¨®n alguna de los diversos niveles de gobierno que se supone habr¨¢n de estar involucrados. As¨ª, las bases institucionales del sistema nacional son endebles. Los problemas del segundo eje parten de un mal diagn¨®stico.

Se acept¨® la extendida generalizaci¨®n de que, al ser la corrupci¨®n un fen¨®meno exclusivo de los funcionarios p¨²blicos, todo se reduce a combatir a los corrompidos, sin atender a los corruptores, es decir, a quienes corrompen. Por adoptar esa perspectiva, el combate a la corrupci¨®n qued¨® comprendido en los estrechos l¨ªmites de la responsabilidad administrativa, consiguiendo que uno de los participantes en el juego dif¨ªcilmente quede sujeto a reglas y sanciones. Los alcances del sistema de responsabilidades administrativas contra la corrupci¨®n son parciales, debiendo hacerse mucho en la legislaci¨®n para extenderlos y hacerlos eficaces.