Las aguas sucias de Guatemala
La contaminaci¨®n afecta al 90% y hace subir la mortalidad infantil
Guatemala es un pa¨ªs bendecido por la naturaleza, pero la mala calidad de sus aguas se est¨¢ convirtiendo en un grave problema. Seg¨²n datos del Instituto Geogr¨¢fico Nacional, el pa¨ªs tiene 550 r¨ªos y riachuelos, de los que 38 se consideran ¡°grandes r¨ªos¡±. Su orograf¨ªa ha permitido la existencia de 1.151 comunidades en torno a lagos. No obstante, el 90% del agua dulce de Guatemala no es apta para el consumo humano, asegura Virginia Mosquera, investigadora del Instituto de Agricultura, Ciencias Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Land¨ªvar. La principal fuente de contaminaci¨®n son las heces fecales.
La explosi¨®n demogr¨¢fica explica este fen¨®meno. Guatemala pas¨® de tener 7,5 millones de habitantes en 1976, a 15,8 millones en 2015. El caudal de aguas negras, las que son vertidas sin ning¨²n tratamiento a los r¨ªos que rodean ciudades y poblaciones, se ha triplicado en ese tiempo.
Unos tres millones de guatemaltecos, mayoritariamente del ¨¢rea rural, no tienen acceso al agua potable, extremo que se paga, incluso, con la vida: de las 10 causas principales de enfermedades end¨¦micas en el pa¨ªs, cinco tienen relaci¨®n directa con el consumo de agua contaminada. Los ni?os son los m¨¢s vulnerables. Seg¨²n la Secretar¨ªa General de Planificaci¨®n Econ¨®mica, en Guatemala mueren 42 menores de cinco a?os por cada 1.000, la tasa m¨¢s alta de Centroam¨¦rica. El 48,1% de esas muertes son atribuibles al consumo de agua no potable.
Las aguas dejan tambi¨¦n de ser v¨¢lidas para el riego. A las aguas negras se suman los metales pesados que desecha la industria, y los herbicidas y plaguicidas de las grandes plantaciones, que producen alimentos cuyas exportaciones sostienen uno de los pilares fundamentales de la econom¨ªa nacional.
El pa¨ªs no cuenta con una ley de aguas que regule su calidad. El intento por reglamentar las aguas residuales que obligaba a las municipalidades a tener una planta de tratamiento y que deb¨ªa entrar en vigor el 2 de mayo de 2015 fue pospuesto para 2017 por falta de presupuesto. ¡°En el fondo¡±, comenta la investigadora Mosquera, ¡°hay falta de voluntad pol¨ªtica. No llegamos ni a considerar la construcci¨®n de plantas de tratamiento de las aguas residuales, porque no es algo que, desde la perspectiva de los dirigentes pol¨ªticos, pueda generar un caudal de votos. Un tratamiento de cloraci¨®n reducir¨ªa dr¨¢sticamente los casos de enfermedades gastrointestinales. Pero no lo hacemos y seguimos tirando la basura a los r¨ªos, con lo que se agrava el problema¡±.
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