Las mil y una tribulaciones de Puerto Rico
Sin reformas econ¨®micas profundas, no habr¨¢ recuperaci¨®n
La marcha inexorable de Puerto Rico hacia el default finalmente se hizo realidad con el impago de 58 millones de d¨®lares a sus tenedores de bonos. La noticia no tom¨® a nadie por sorpresa: tan solo unas semanas antes, el gobernador Alejandro Garc¨ªa Padilla hab¨ªa advertido que las deudas de la isla eran ¡°impagables¡±. Si bien ahora la discusi¨®n se centra en el limbo legal en que se encuentra San Juan con sus acreedores, igual importancia deben d¨¢rsele a las profundas reformas que se requieren para reactivar la econom¨ªa.
De las pocas cosas que tiene Puerto Rico a su favor es que no hay una escasez de diagn¨®sticos sobre los males que lo aquejan y c¨®mo enfrentarlos. En junio del 2012 la Reserva Federal de Nueva York public¨® un amplio informe sobre la competitividad de la isla, el cual fue actualizado en el 2014. Y este a?o la renombrada economista Anne Krueger, junto con otros colegas, detall¨® los problemas estructurales de Puerto Rico en otro publicitado estudio.
La imagen no es alentadora: a la ya consabida crisis fiscal producto de un aparato estatal altamente dispendioso ¡ªla deuda p¨²blica aument¨® de un 63% del producto nacional bruto en el 2000 a m¨¢s del 100% en el 2015¡ª se suma una profunda recesi¨®n econ¨®mica que ya lleva casi una d¨¦cada. Lamentablemente, no parece haber voluntad en Washington o San Juan para entrarle de lleno a las m¨²ltiples tribulaciones que aquejan a la isla, especialmente cuando muchas de estas requieren tratar el espinoso tema de su estatus pol¨ªtico.
Por ejemplo, uno de los grandes problemas estructurales de Puerto Rico es que cuenta con una de las tasas de participaci¨®n laboral m¨¢s bajas del Hemisferio Occidental: un 39,8%. Peor a¨²n, de la minor¨ªa de puertorrique?os que s¨ª trabaja, casi un cuarto se encuentra en el sector p¨²blico.
La isla ha perdido casi una d¨¦cima parte de su poblaci¨®n en 10 a?os, con el agravante de que quienes parten son los m¨¢s emprendedores
Las causas han sido ampliamente identificadas: el salario m¨ªnimo, fijado a nivel federal para toda la uni¨®n, es desproporcionadamente alto para un territorio cuyo ingreso per c¨¢pita equivale a un 60% del ingreso per c¨¢pita de Mississippi, el estado m¨¢s pobre de EE UU. Esto eleva los costos de contrataci¨®n de la mano de obra joven y poco calificada, que es la que abunda en la isla. De igual manera, el umbral de ingresos para acceder a los beneficios de la asistencia social y otros subsidios es muy bajo y por ende cubre a un amplio sector de la poblaci¨®n, desincentivando la b¨²squeda de trabajo.
Por razones electorales, los pol¨ªticos boricuas se resisten a reformar estas dos pol¨ªticas espec¨ªficas que atentan contra la robustez del mercado laboral. Aquellos que apoyan la estadidad por lo general ven con malos ojos cualquier cosa que implique eximir a Puerto Rico de las leyes que aplican al resto de la uni¨®n, e incluso afirman que ser un estado m¨¢s garantizar¨ªa ayudas federales adicionales a los puertorrique?os. Quienes apoyan la asociaci¨®n libre, a grandes rasgos favorecen un salario m¨ªnimo y asistencia social, altos por su naturaleza populista.
Los bienes de supermercado son un 23% m¨¢s caros en la isla que el promedio de los precios en EE UU
Otro punto ampliamente destacado es el elevado costo de vida. Un an¨¢lisis del Instituto de Estad¨ªsticas de Puerto Rico encontr¨® que los bienes de supermercado eran 23% m¨¢s caros en la isla que el promedio de los precios en EE UU. Ello en parte se explica por la implementaci¨®n de la llamada Ley Jones, que requiere que el cabotaje entre puertos estadounidenses sea realizado por barcos y tripulaci¨®n estadounidenses, lo que encarece innecesariamente los costos de transporte al estar Puerto Rico tan alejado de EE UU continental. En este punto finalmente parece haber voluntad para pedir una exenci¨®n. El costo mensual de la energ¨ªa es otro gran lastre para la competitividad: es 2,6 veces superior al de EE UU, en gran medida por los altos costos e ineficiencia de la empresa p¨²blica PREPA. Varias propuestas de reformas al mercado energ¨¦tico, como la construcci¨®n de un gasoducto, han enfrentado una feroz resistencia.
La combinaci¨®n de estos y otros problemas con la crisis fiscal ha generado un c¨ªrculo vicioso: las medidas de austeridad adoptadas hasta ahora han consistido primordialmente en aumentos de impuestos, los cuales castigan la actividad econ¨®mica y aceleran la migraci¨®n hacia EE UU. La isla ha perdido casi una d¨¦cima parte de su poblaci¨®n en la ¨²ltima d¨¦cada, con el agravante de que quienes parten tienden a ser los m¨¢s emprendedores de la poblaci¨®n.
M¨¢s all¨¢ de discutir c¨®mo administrar la bancarrota de Puerto Rico, el ¨¦nfasis debe estar en c¨®mo reactivar su econom¨ªa, lo cual implica fuertes y necesarias medidas de reducci¨®n del gasto estatal, privatizaci¨®n de activos, exenci¨®n de leyes federales y reformas a regulaciones tributarias y fiscales que minan la competitividad.
Sin estas acciones no habr¨¢ recuperaci¨®n. Por eso, el debate sobre la conveniencia o no de otorgarle a Puerto Rico las garant¨ªas del Cap¨ªtulo 9 de la Ley de Quiebras no deber¨ªa distraer la atenci¨®n de Washington y San Juan por encima de una agresiva y urgente agenda de reformas.
Juan Carlos Hidalgo es analista de pol¨ªticas p¨²blicas sobre Am¨¦rica Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC. Twitter: @jchidalgo
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