Cuando el Estado exonera al Estado

En una operaci¨®n de Estado que nos remite a los peores a?os del autoritarismo mexicano, en d¨ªas recientes el secretario de la Funci¨®n P¨²blica, Virgilio Andrade, exoner¨® al presidente de M¨¦xico, a su esposa y al secretario de Hacienda de cualquier conflicto de inter¨¦s. Ello por haber favorecido con contratos millonarios a una empresa que les construy¨® con financiamiento preferencial sendas casas particulares a la primera dama y al secretario de finanzas.

Actuando como abogado defensor, en lugar de fiscal investigador, Andrade argument¨® que sus clientes est¨¢n libres de cualquier cargo legal porque cuando se adquirieron los inmuebles privados ninguno de los tres era funcionario federal y porque las reglas del federalismo mexicano no le permitieron investigar lo hecho por el presidente cuando fue gobernador del Estado de M¨¦xico. Aquello ocurri¨® entre 2005 and 2011, periodo en el que se finc¨® la relaci¨®n de favores entre Enrique Pe?a Nieto y el Grupo Higa, la cual brind¨® beneficios privados a la primera dama y al secretario de Hacienda cuando Pe?a Nieto era candidato a la presidencia y presidente electo en 2012.

Actuando como abogado defensor, en lugar de fiscal investigador, Andrade argument¨® que sus clientes est¨¢n libres de cualquier cargo legal

Como parte de la operaci¨®n de Estado, Andrade se coordin¨® con la Oficina de la Presidencia para que tras la exoneraci¨®n el presidente y el secretario de Hacienda pidieran una disculpa p¨²blica por cualquier ¡°malentendido¡± que sus acciones privadas pudieran haber causado. Para controlar da?os, Andrade exoner¨® a sus clientes en viernes, cuando la atenci¨®n medi¨¢tica disminuye, y a 36 horas del inicio del ciclo escolar, cuando la atenci¨®n de la mayor parte de la poblaci¨®n adulta est¨¢ en los colegios. La exoneraci¨®n vino a una semana del informe anual del presidente en el que Pe?a Nieto ya no tendr¨¢ que tocar el tema del conflicto de inter¨¦s y podr¨¢ en cambio anunciar un enorme gasto p¨²blico para reconstruir el corro¨ªdo tejido social, supuesta fuente de corrupci¨®n y violencia, a decir del propio presidente.

Cuando el Estado se exonera a s¨ª mismo de fehacientes conflictos de inter¨¦s, la se?al que se env¨ªa a la sociedad es que los gobernantes est¨¢n por encima de la ley y que la aplicaci¨®n del estado de derecho es negociable. Es una se?al que envenena la vida democr¨¢tica porque la obediencia de la ley no es un acto individual y normativo sino relacional y estrat¨¦gico. Cuando un ciudadano espera que sus vecinos violenten la ley, la probabilidad de que ¨¦l tambi¨¦n la viole es muy alta. Pero el factor m¨¢s importante que lleva a la gente a violentar la ley es la certeza de que el Estado y los gobernantes ser¨¢n los primeros en violarla. Casi por regla, cuando los ciudadanos transgreden la ley de manera sistem¨¢tica lo hacen porque el Estado es el primero en transgredirla.

Andrade se coordin¨® con la Oficina de la Presidencia para que tras la exoneraci¨®n el presidente y el secretario de Hacienda pidieran una disculpa p¨²blica por cualquier ¡°malentendido¡±

Cuando el Presidente Pe?a Nieto y su equipo piensan que la operaci¨®n de Estado para exonerarlos de los graves problemas de conflicto de inter¨¦s les permitir¨¢ darle vuelta a la p¨¢gina y concentrarse en temas de crecimiento y desarrollo econ¨®mico, ignoran una de las lecciones m¨¢s importantes de la historia reciente: no hay crecimiento ni desarrollo sostenible en ausencia de un estado democr¨¢tico de derecho, en el que los gobernantes no est¨¦n por encima de la ley. Traducido al contexto mexicano, esto quiere decir que ninguna de las reformas estructurales que ha abanderado el presidente Pe?a Nieto, desde la reforma energ¨¦tica hasta la educativa y la fiscal, podr¨¢ prosperar y sacar a M¨¦xico del subdesarrollo si el pa¨ªs sigue siendo un reino de impunidad.

?Qu¨¦ pueden esperar los inversionistas del ramo energ¨¦tico que no son parte del c¨ªrculo ¨ªntimo del gabinete presidencial, cuando el presidente asigna proyectos a sus amigos? ?Con qu¨¦ legitimidad le exige el Gobierno federal al sindicato de maestros que acepte la evaluaci¨®n magisterial y que transparente el uso de los recursos p¨²blicos, cuando el presidente y su equipo se niegan a rendir cuentas? ?Por qu¨¦ los ciudadanos habr¨ªan de pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones fiscales, cuando el presidente nombra a un fiscal a modo para eximirlo de una violaci¨®n al estado de derecho?

El factor m¨¢s importante que lleva a la gente a violentar la ley es la certeza de que el Estado y los gobernantes ser¨¢n los primeros en violarla

La opereta de Estado que arm¨® el presidente Pe?a Nieto para auto-exonerarse nos demuestra que la construcci¨®n de un estado democr¨¢tico de derecho no pasa por el Estado mexicano sino que debe ser una agenda ciudadana. Nos obliga, tambi¨¦n, a pensar en nuevos mecanismos institucionales para ponerle fin a la impunidad como forma de gobierno.

Para encontrar pistas, no hay que ir muy lejos; basta con mirar al Sur de M¨¦xico y a la hist¨®rica gesta guatemalteca, en la que el trabajo conjunto de la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ¨C un organismo ciudadano auspiciado por Naciones Unidas ¨C y una movilizaci¨®n ciudadana sin precedentes han puesto al descubierto m¨²ltiples casos de colusi¨®n de gobernantes con el mundo criminal, graves violaciones de derechos humanos, y en los ¨²ltimos meses una extensa red de corrupci¨®n que llegaba hasta la c¨²spide del poder y al mism¨ªsimo presidente Otto P¨¦rez Molina.

Como lo ha sugerido el ex canciller mexicano Jorge G. Casta?eda, la profunda crisis de impunidad por la que atraviesa M¨¦xico obliga a la sociedad civil a explorar nuevos mecanismos institucionales ¨C como la CICIG ¨C que nos permitan de manera pac¨ªfica sentar las bases para la construcci¨®n de un aut¨¦ntico estado democr¨¢tico de derecho.

Guillermo Trejo es profesor en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.?