El Gobierno y las FARC se dan seis meses para firmar la paz en Colombia

La paz, esa bajo la que sue?an vivir desde hace m¨¢s de 50 a?os generaciones de colombianos, resulta cada vez menos quim¨¦rica. El Gobierno y la guerrilla de las FARC dieron este mi¨¦rcoles un paso crucial en la consolidaci¨®n de las negociaciones que se iniciaron hace casi tres a?os para poner fin a un conflicto que ha provocado m¨¢s de 220.000 muertes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el l¨ªder de las FARC, Rodrigo Londo?o, alias Timochenko, anunciaron, en presencia del mandatario anfitri¨®n, Ra¨²l Castro, un acuerdo sobre la justicia transicional y se dieron seis meses para firmar el acuerdo de paz definitivo.

Arropados por Castro y ante los equipos negociadores del Gobierno y las FARC, Santos, que acud¨ªa por primera vez a La Habana desde el inicio del proceso, y TImochenko, que cambi¨® su uniforme militar por una guayabera blanca, avanzaron hasta donde nadie antes lo hab¨ªa hecho: anunciaron un acuerdo de justicia que garantiza que no habr¨¢ impunidad y fijaron un plazo para alcanzar la paz: no m¨¢s tarde del 23 de marzo de 2016. Una vez firmado, las FARC tendr¨¢n 60 d¨ªas para dejar las armas.

"Quiero valorar el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en dos orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma direcci¨®n, que es la de la paz", asegur¨® Santos antes de que Timochenko reconociese la "gran satisfacci¨®n" por el acuerdo alcanzado. Por su parte, Ra¨²l Castro, celebr¨® lo logrado: "La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable. A¨²n quedan dificultades enormes de superar. Tenemos la certeza de que ser¨¢n vencidas". Despu¨¦s, anim¨® a Santos y a Timochenko a que se estrecharan la mano.?

Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunci¨® un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondi¨® con la suspensi¨®n de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociaci¨®n del apartado de justicia ha sido el punto m¨¢s enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla.

El acuerdo del Gobierno y la guerrilla conlleva la creaci¨®n de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgar¨¢ a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, pol¨ªticos y tambi¨¦n financiadores del paramilitarismo. Este nuevo mecanismo no depender¨¢ del poder judicial colombiano y estar¨¢ formado por jueces colombianos y extranjeros, a¨²n por concretar.?

Seg¨²n el texto, "el Estado colombiano otorgar¨¢ la amnist¨ªa m¨¢s amplia posible por delitos pol¨ªticos y conexos", del que se podr¨¢n beneficiar, seg¨²n el fiscal general, Eduardo Montealegre, hasta 15.000 guerrilleros. "En todo caso no ser¨¢n objeto de amnist¨ªa o indulto las conductas tipificadas en la legislaci¨®n nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves cr¨ªmenes de guerra", precisa el acuerdo firmado en La Habana.?

Seg¨²n lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla, cuanta m¨¢s verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial se aplicar¨¢n sanciones? m¨¢s restaurativas, con menos restricci¨®n de libertad y derechos. Las sanciones estar¨ªan relacionadas con el apartado de reparaci¨®n de las v¨ªctimas, por ejemplo, con la sustituci¨®n de cultivos il¨ªcitos, la construcci¨®n de infraestructura en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto. Quienes reconozcan delitos muy graves "tendr¨¢n un m¨ªnimo de duraci¨®n de cumplimiento de 5 a?os y un m¨¢ximo de 8 de restricci¨®n efectiva de la libertad, en condiciones especiales; quienes reconozcan la responsabilidad de manera tard¨ªa ser¨¢n sancionados con pena de prisi¨®n de 5 a 8 a?os, en condiciones ordinarias"; y las personas "que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables ser¨¢n condenadas a pena de prisi¨®n hasta de 20 a?os, en condiciones ordinarias".

Qu¨¦ penas deber¨ªan cumplir los guerrilleros ha sido uno de los aspectos m¨¢s controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Desde un primer momento, se ha dado por descontado que las FARC no aceptar¨ªan una condena que implicase c¨¢rcel. ¡°Nadie negocia para acabar entre rejas¡±, ha llegado a decir el presidente Santos. Este, sin embargo, era uno de los reclamos m¨¢s claros que hac¨ªa la oposici¨®n, encarnada por ?lvaro Uribe. En una entrevista reciente con este peri¨®dico el expresidente asegur¨® que al menos los l¨ªderes de la guerrilla deber¨ªan ir a prisi¨®n. Nada m¨¢s conocer el texto, algunos senadores uribistas, como Alfredo Rangel, aseguraron: "De manera vergonzante y para confundir a la opini¨®n, el Gobierno no se atrevi¨® a decir que no habr¨¢ c¨¢rcel para las FARC, como fue acordado".

El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las v¨ªctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creaci¨®n de la Comisi¨®n de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparaci¨®n, que ser¨¢ el siguiente en abordarse y que ya estar¨ªa acordado casi en un 90%, seg¨²n fuentes conocedoras del proceso. A partir de ahora, los equipos negociadores tratar¨¢n de cerrar el ¨²ltimo punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementaci¨®n, verificaci¨®n y refrendaci¨®n, as¨ª como garantizar la no repetici¨®n del conflicto.