El conflicto minero se enroca en Per¨²

El primer reporte mensual de conflictos sociales en Per¨², elaborado en 2004 por la Defensor¨ªa del Pueblo, inclu¨ªa 41 hechos, de los cuales solo dos eran desavenencias entre comunidades y empresas mineras. En el ¨²ltimo a?o, ha habido un promedio mensual de 210 conflictos, el 45% relacionado con la miner¨ªa. Expertos opinan que la recurrencia de estos enfrentamientos se debe, entre otras razones, a las deficiencias del Estado, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y a que las mineras han sentado malos precedentes. Estas empresas han puesto en peligro el abastecimiento de agua de las poblaciones, seg¨²n denuncian los ciudadanos en proyectos como el de Cajamarca y T¨ªa Mar¨ªa.

Per¨² es un Estado que no aprende, con una sociedad civil que solo existe en el estallido y una ¨¦lite pol¨ªtica que solo existe en Lima y en capitales de provincias El polit¨®logo y exrepresentante del Per¨² ante la UNESCO Jorge Nieto

El polit¨®logo y exrepresentante del Per¨² ante la UNESCO Jorge Nieto detalla a EL PA?S que la recurrencia de los conflictos mineros se debe a ¡°un Estado que no aprende, empresas que no acumulan conocimiento, una sociedad civil muy d¨¦bil que solo existe en el estallido y una ¨¦lite pol¨ªtica que solo existe en Lima y en capitales de provincias¡±.

La abogada Ana Leyva, que acompa?a a organizaciones afectadas por la miner¨ªa en los talleres de participaci¨®n ciudadana ¡ªque por ley deben realizar las empresas¡ª, indica que ¡°las herramientas de gesti¨®n ambiental generan poca confianza en los ciudadanos. En los talleres las personas participan pero no se canalizan sus preocupaciones, no hay decisiones consultadas¡±. Leyva agrega que ¡°el conflicto en Las Bambas [Apur¨ªmac, sur] es producto de una acumulaci¨®n. Hay incumplimiento de un acuerdo [con la poblaci¨®n local] y no hay qui¨¦n revise que se cumpla. Hay un problema institucional fuerte y el Estado no arbitra¡± las discrepancias.

Batalla en Apur¨ªmac

El conflicto minero en la regi¨®n Apur¨ªmac, en el que murieron cuatro manifestantes el pasado lunes, tiene un ingrediente que puede desencadenar mayores enfrentamientos. En mayo de 2013, el Gobierno aprob¨® un decreto que permite que los proyectos de miner¨ªa con Estudio de Impacto Ambiental aprobado (EIA) se desarrollen sin necesidad de informar a la poblaci¨®n ni de modificar el estudio cuando hagan cambios ¡°de impacto ambiental no significativo¡±.

La empresa china MMG, a cargo del proyecto Las Bambas, en Apur¨ªmac, fue la tercera en usar dicho decreto, que solo precisa la presentaci¨®n de un informe t¨¦cnico sobre la ausencia de da?os ambientales. MMG logr¨® cambiar sin mayores complicaciones la ubicaci¨®n de una planta de tratamiento de molibdeno, otra de filtros y un almac¨¦n de elementos concentrados, y usar transporte en camiones en vez de un mineroducto subterr¨¢neo de 200 kil¨®metros. Cuando las organizaciones locales de las provincias de Grau y Cotabambas se enteraron de los cambios, exigieron en Lima una explicaci¨®n de las consecuencias de las modificaciones, pero no recibieron respuestas.

El viceministro de Energ¨ªa y Minas, Guillermo Shinno, comenta que la empresa modific¨® el proyecto minero de acuerdo a ley. Pero no reconoci¨® que la norma implica la falta de informaci¨®n para la poblaci¨®n potencialmente afectada por la mina, en este caso, un emprendimiento a tajo abierto que debe producir 400.000 toneladas anuales de cobre a partir de 2016. Esa producci¨®n representa el 1,3% del PBI del pr¨®ximo a?o, seg¨²n analistas econ¨®micos.

Un consultor explic¨® a este diario que el tr¨¢mite de modificaci¨®n del estudio de impacto ambiental es m¨¢s caro y obliga a la empresa a reportar los cambios a la poblaci¨®n. Seg¨²n el Ministerio de Energ¨ªa y Minas, 66 compa?¨ªas mineras han hecho modificaciones de sus proyectos mediante esta v¨ªa r¨¢pida entre julio de 2013 y mayo de 2014.