EE UU castiga a M¨¦xico por no certificar su respeto a los DD HH

Estados Unidos ha bloqueado parte de la ayuda que destina a apoyar a M¨¦xico en el combate al narcotr¨¢fico mediante la Iniciativa M¨¦rida. No es mucho el monto retenido, solo una partida del 15% del presupuesto total anual. Pero el gesto es significativo. Ese 15% depende de que el Congreso estadounidense reciba una certificaci¨®n del Departamento de Estado acerca de que M¨¦xico respeta los derechos humanos. A un a?o de la desaparici¨®n de los 43 estudiantes de Iguala y de la masacre de Tlatlaya, Washington ha decidido no emitir ese informe. El mensaje al Gobierno de Enrique Pe?a Nieto es claro.

¡°Este a?o, no hemos sido capaces de confirmar que M¨¦xico cumple totalmente con los criterios especificados¡±, explic¨® la decisi¨®n una fuente del Departamento de Estado, bajo condici¨®n de anonimato, consultada por EL PA?S.

No es la primera vez desde que se lanz¨® la Iniciativa M¨¦rida en 2008 que EE UU frena esa partida vinculada a derechos humanos, recuerda The Washington Post, el primer medio que adelant¨® el bloqueo de los fondos. Lo que es distinto esta vez, seg¨²n el rotativo, es que M¨¦xico puede dar por perdido al menos parte del dinero que en otras ocasiones s¨ª acab¨® fluyendo.

De los 148 millones de d¨®lares reservados este a?o para la Iniciativa M¨¦rida, cinco han sido ¡°reprogramados¡± y destinados al ¡°apoyo de erradicaci¨®n de coca en Per¨²¡±, confirm¨® la fuente oficial, seg¨²n la cual ello no cambia la voluntad de Washington de seguir ¡°apoyando los esfuerzos del Gobierno de M¨¦xico para proteger y promover los derechos humanos y el Estado de derecho¡±.

Para Maureen Meyer, especialista en M¨¦xico de ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), "la decisi¨®n del Departamento del Estado de no entregar el informe y perder los fondos para M¨¦xico rompe con los esfuerzos que han hecho en a?os anteriores para justificar que ha habido avances en los derechos humanos en M¨¦xico". Ello, coment¨® a este peri¨®dico, "refleja claramente la gravedad de la situaci¨®n en el pa¨ªs y su frustraci¨®n (de Washington) ante la falta de voluntad del Gobierno mexicano de investigar y sancionar a los responsables por violaciones a los derechos humanos".

Aunque Washington ha intentado ser muy comedido en sus declaraciones sobre la situaci¨®n de derechos humanos en M¨¦xico desde la llegada al poder de Pe?a Nieto, en los ¨²ltimos meses ha dado crecientes muestras de inquietud.

Ya lo hizo en junio, con la publicaci¨®n del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado. En el cap¨ªtulo mexicano, el Gobierno de Barack Obama destac¨® su preocupaci¨®n con los ¡°significativos¡± problemas en la materia en M¨¦xico, especialmente la persistente ¡°impunidad¡± y la ¡°implicaci¨®n de la polic¨ªa y el Ej¨¦rcito en graves abusos¡±. Tlatlaya, donde se ha confirmado la implicaci¨®n de militares en el asesinato a sangre fr¨ªa de al menos 15 civiles, e Iguala, donde persisten demasiadas sombras en torno a la desaparici¨®n de 43 estudiantes, est¨¢n mencionados tambi¨¦n en lo m¨¢s alto del reporte, que fue desestimado por M¨¦xico como ¡°ejercicio unilateral¡±. Pero tal como demuestran cables desclasificados en los ¨²ltimos meses, esos dos casos llevan haciendo sonar las alarmas en Washington desde hace al menos un a?o.

Poco despu¨¦s de conocerse el informe del Departamento de Estado, 82 legisladores estadounidenses firmaron una carta manifestando su preocupaci¨®n por la situaci¨®n de derechos humanos en M¨¦xico e instando al secretario de Estado, John Kerry, a que ¡°haga de la defensa de los derechos humanos una parte fundamental de la agenda bilateral con M¨¦xico¡±.

Unos d¨ªas m¨¢s tarde, a comienzos de julio, ocho organizaciones de derechos humanos de EE UU y M¨¦xico dieron un paso m¨¢s all¨¢ y pidieron formalmente al Gobierno de Obama que no emitiera este a?o la certificaci¨®n de cumplimiento de derechos humanos para M¨¦xico y que, de este modo, retuviera el 15 % de los fondos, tal como ha sucedido ahora.

Seg¨²n destac¨® en ese momento WOLA, que fue una de las organizaciones peticionarias, ese gesto ¡°enviar¨ªa un claro mensaje de que EE UU condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en M¨¦xico¡±.

La decisi¨®n del Departamento de Estado se conoce en un momento delicado. Esta semana, el martes, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizar¨¢ en Washington el caso de Iguala y revisar¨¢ las conclusiones preliminares del grupo de expertos internacionales (GIEI), que han puesto en duda la versi¨®n oficial de los hechos. De lo que transpire en esa audiencia depender¨¢ en buena parte si la CIDH decide prolongar el mandato de los expertos, tal como quieren tanto los familiares de los desaparecidos como el Gobierno mexicano. Seg¨²n ha dejado claro, su decisi¨®n tendr¨¢ en cuenta el grado de compromiso del ejecutivo para cumplir con las recomendaciones que ha recibido sobre la forma de investigar el caso que desde hace un a?o tiene en vilo a todo el pa¨ªs.