Estados Unidos incumple el plazo para liberar a menores migrantes

El plazo fijado por una juez para que el Gobierno estadounidense libere a los menores de los centros de detenci¨®n para familias abiertos tras la oleada de inmigrantes centroamericanos del a?o pasado se cumpli¨® este viernes sin que hubiera se?ales visibles de que las autoridades est¨¢n cumpliendo la ordenanza.

La decisi¨®n de la juez Dolly Gee era clara: el Gobierno ten¨ªa hasta este 23 de octubre -despu¨¦s de haber concedido una extensi¨®n del plazo- para poner en libertad a los menores indocumentados recluidos por m¨¢s de 20 d¨ªas.

El fallo de la magistrada de California, que data de julio, determin¨® que, al meter a los menores y sus familiares en centros de detenci¨®n tras su aprehensi¨®n en la frontera, en algunos casos por m¨¢s de un a?o, EE UU est¨¢ violando el acuerdo ¡°Flores versus Meese¡±. Esta decisi¨®n, que data de 1997, proh¨ªbe enviar a menores a centros de detenci¨®n que no cumplan unos requisitos m¨ªnimos y que exige tambi¨¦n que se d¨¦ prioridad a su puesta bajo la custodia de un familiar o guardi¨¢n legal.

Los centros de Karnes y Dilley en Texas son los que alojan la mayor¨ªa de los casos afectados por la orden judicial. Actualmente hay 394 personas en Karnes y 1.578 en Dilley, seg¨²n datos del gobierno facilitados a EL PA?S. En un informe presentado la v¨ªspera en Washington, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critica duramente tanto las condiciones en esos centros como la pr¨¢ctica oficial de detener de forma ¡°arbitraria y autom¨¢tica¡± a los menores y sus familiares que cruzan ilegalmente la frontera estadounidense.

Seg¨²n el proyecto CARA, por el que abogados trabajan en la defensa gratuita de indocumentados, cerca de 195 familias han permanecido en estos centros por m¨¢s de 20 d¨ªas. ¡°El Departamento de Seguridad Nacional no ha tomado los pasos necesarios para cumplir con la orden de la corte¡±, denunci¨® este viernes la organizaci¨®n.

¡°El Departamento de Seguridad Nacional ha trabajado diligentemente para cumplir con todos los aspectos de la orden del tribunal¡±, replic¨® Jennifer Elzea, portavoz del Servicio de Control de Inmigraci¨®n y Aduanas (ICE). Las autoridades federales, que han objetado la decisi¨®n de la juez Gee, se han aferrado a una de las cl¨¢usulas del fallo de la magistrada para intentar evitar tener que poner en libertad a los indocumentados retenidos en estos centros.

En su fallo, Gee especifica que, si los menores no pueden ser liberados y puestos en manos de un familiar, deber¨¢n permanecer en establecimientos con licencia para cuidado infantil. En Texas, el responsable de otorgar estas licencias es el Departamento de Familias y Protecci¨®n. En septiembre, emiti¨® una norma de emergencia que exime del cumplimiento de est¨¢ndares m¨ªnimos a los centros de Karnes y Dilley, que est¨¢n administrados por empresas privadas. Entre otros, la decisi¨®n estatal les permite a estas empresas no cumplir las normas de separar la residencia de ni?os y ni?as ni permitir m¨¢s de cuatro personas por habitaci¨®n, entre otras condiciones.

De este modo, el estado puede convertir los centros de Karnes y Dilley en establecimientos con licencia para el cuidado infantil, con lo que sobre el papel estar¨ªa cumpliendo con la decisi¨®n de la juez Gee.

Grupos de derechos civiles como Grassroots Leadership iniciaron sin embargo una demanda en contra de la medida. M¨¢s de 39 organizaciones de derechos civiles se unieron en una carta para exigir al gobernador de Texas, Greg Abbott, que no otorgue las licencias.

¡°Esto es inaceptable y el estado le neg¨® a los residentes de Texas la oportunidad de comentar en este tema¡±, asegur¨® Cristina Parker, directora de programas de inmigraci¨®n para Grassroots Leadership. ¡°Texas us¨® reglas de emergencia no para proteger a los ni?os, sino para proteger al gobierno federal mientras enfrenta una condena de las cortes y el p¨²blico¡±.

En la carta, las organizaciones afirman que Texas est¨¢ exponiendo a los menores a ¡°situaciones de abuso¡±.

¡°Esto ser¨¢ un reflejo de que el estado estar¨¢ cediendo a la presi¨®n del gobierno federal y apoyando una pr¨¢ctica vergonzosa¡±, acus¨® Jonathan Ryan, director ejecutivo de RAICES.

Patrick Crimmins, portavoz del Departamento de Familias y Protecci¨®n de Texas, asegur¨® a EL PA?S que ¡°no se han otorgado las licencias, hasta ahora¡±. Lo m¨¢s probable, explic¨®, es que eso suceda en diciembre. La agencia comenz¨® a realizar inspecciones a los establecimientos este mes.

Mientras, la prensa local asegura que decenas de familias est¨¢n siendo trasladadas desde los centros de detenci¨®n en Texas a un tercero situado en Pensilvania, pero fuentes del Gobierno consultadas al respecto no quisieron confirmar ese extremo.