La CIDH sanciona a Per¨² por la desaparici¨®n forzada de ni?os

Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado peruano, entre otras obligaciones, entregar 10 alpacas y una casa a dos hombres que hace 24 a?os sufrieron el asesinato de sus familiares, el robo de sus animales y la quema de sus viviendas por parte de una patrulla militar. En la regi¨®n Huancavelica -sierra central-, en pleno conflicto armado interno y durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Ej¨¦rcito detuvo ilegalmente a 15 personas y las traslad¨® a una mina abandonada, donde los ametrall¨® e hizo estallar sus cuerpos con dinamita.

La CIDH difundi¨® este viernes la sentencia contra Per¨² por su responsabilidad en la desaparici¨®n forzada, en 1991, de dichas v¨ªctimas, entre ellos siete ni?os y ni?as de seis meses a siete a?os de edad. Las detenciones ilegales y la desaparici¨®n forzada fueron pr¨¢ctica com¨²n de las fuerzas armadas entre 1980 y 2000, en el per¨ªodo de la violencia iniciada por el grupo terrorista Sendero Luminoso.

El caso fue denunciado a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos en julio de 1991 -22 d¨ªas despu¨¦s del crimen- y, luego de 24 a?os, el tribunal hemisf¨¦rico ordena al Estado ¡°determinar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones declaradas en la sentencia¡±, dado que s¨®lo hubo un militar condenado por el delito de ejecuci¨®n extrajudicial en el caso conocido como Santa B¨¢rbara, por el nombre de la comunidad campesina de donde se llevaron a las personas. La jefatura pol¨ªtico-militar de Huancavelica elabor¨® entonces el plan Apolonia para combatir la subversi¨®n e incursionar en dicha comunidad.

Per¨² debe realizar la exhumaci¨®n de los restos humanos en la mina Misterio y pagar a los deudos de los asesinados 80.000 d¨®lares?

La Corte indica que el crimen cometido no fue solo ejecuci¨®n extrajudicial, sino desaparici¨®n forzada -un delito imprescriptible- porque luego de los hechos en la mina, las actuaciones de las autoridades y agentes estatales ¡°tuvieron el prop¨®sito de eliminar las evidencias de lo sucedido y ocultar lo que realmente hab¨ªa ocurrido o borrar todo rastro de los cuerpos para evitar su identificaci¨®n o que su destino y paradero fuera establecido¡±.

El fuero interamericano determin¨® tambi¨¦n que el Estado se neg¨® a reconocer la detenci¨®n de las personas e informar sobre su destino?¡°con el prop¨®sito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, y provocar intimidaci¨®n y supresi¨®n de derechos¡±.

Un comunicado de CEJIL, distribuido desde Washington el viernes, refiere que ¡°de los siete militares involucrados en la masacre, dos fueron excluidos por su edad; otros dos, Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano y Javier Bendez¨² Vargas, tienen ¨®rdenes de captura vigentes por medio de Interpol y (en el caso de Pacheco) una orden de extradici¨®n por parte del Estado; los dos restantes fueron liberados de toda responsabilidad¡±.

De acuerdo con el fallo, Per¨² tambi¨¦n debe realizar la exhumaci¨®n o la identificaci¨®n de los restos humanos en la mina Misteriosa o Varall¨®n, ¡°sitio que deber¨¢ proteger para su preservaci¨®n¡±, y pagar 80.000 d¨®lares a los deudos de los ni?os y adultos asesinados por concepto de da?o inmaterial. La Corte afirma, adem¨¢s, que si en el plazo de un a?o el Estado no ha entregado una vivienda adecuada a Zen¨®n Osnayo y Marcelo Hilario Quispe, deber¨¢ pagarles 25.000 d¨®lares.

Huancavelica, un departamento cuya poblaci¨®n es predominantemente quechua-hablante, fue por d¨¦cadas la regi¨®n m¨¢s pobre de Per¨² hasta 2014. Pese a ser una de las regiones m¨¢s peque?as del pa¨ªs, seg¨²n el informe final de la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n, ocup¨® el cuarto lugar con m¨¢s casos reportados de desapariciones forzadas y el segundo con m¨¢s casos de violaci¨®n sexual cometida por militares.