Un tribunal falla contra la restrictiva ley del aborto de Irlanda del Norte

La restrictiva legislaci¨®n sobre el aborto en Irlanda del Norte es ¡°incompatible con los derechos humanos¡± de las mujeres y adolescentes v¨ªctimas de una violaci¨®n o de incesto, y de aquellas en cuyo periodo de gestaci¨®n se detecta una malformaci¨®n del feto. As¨ª lo acaba de dictaminar el Alto Tribunal de Belfast en una sentencia que divide a la sociedad de esta provincia aut¨®noma del Reino Unido y que ha ca¨ªdo como una bomba en el ¨¢mbito pol¨ªtico. A diferencia del resto del territorio brit¨¢nico, la norma s¨®lo permite la interrupci¨®n del embarazo a las norilandesas en el caso de que su salud f¨ªsica o mental est¨¦ en grave riesgo.

El fallo emitido este lunes por el juez Horner ha sido jaleado como ¡°hist¨®rico¡± por la Comisi¨®n de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC, en sus siglas inglesas), que junto a otras organizaciones y ciudadanos a t¨ªtulo individual plantearon al alto tribunal, el pasado junio, una ampliaci¨®n de los supuestos legales para practicar el aborto. El fiscal general de la provincia, John Larkin, se ha declarado en cambio ¡°decepcionado¡± por una sentencia que est¨¢ considerando recurrir, aunque todav¨ªa no ha dado ese paso.

La cuesti¨®n es tremendamente espinosa en una sociedad muy conservadora, donde la oposici¨®n al derecho al aborto trasciende a la tradicional rivalidad entre las comunidades protestante y cat¨®lica y est¨¢ presente en el grueso de partidos del espectro pol¨ªtico. Irlanda del Norte mantiene vigente una ley del siglo XIX que contempla sentencias de prisi¨®n para las mujeres que aborten fuera del supuesto de grave riesgo para la salud de la madre, y que tambi¨¦n penaliza a los miembros del equipo m¨¦dico que la asistan. En el resto del Reino Unido, la sanidad p¨²blica ampara a las mujeres que deseen abortar hasta las 24 semanas de embarazo, pero esa legislaci¨®n de 1967 no rige en el Ulster, y un dict¨¢cmen del Tribunal Superior de Londres, en mayo del a?o pasado, aval¨® que as¨ª siguiera siendo en la provincia aut¨®noma.

La realidad que afrontan los grupos partidarios de reformar la legislaci¨®n norilandesa es la de al menos un millar de mujeres y adolescentes que cada a?o viajan a otros lugares del Reino Unido para interrumpir su embarazo. Dado que la propia justicia brit¨¢nica les ha negado la cobertura sanitaria a tal efecto, ellas mismas deben costearse el traslado y la intervenci¨®n. El caso de Sarah Ewart ¨Cuna de las firmantes de la demanda ante el Alto Tribunal de Belfast- cobr¨® revelancia p¨²blica hace dos a?os cuando esta mujer, que estaba en su vig¨¦sima semana de embarazo, tuvo que desplazarse a Inglaterra para abortar, despu¨¦s de que los m¨¦dicos detectaran una malformaci¨®n en el cerebro del feto. Ella decidi¨® a relatar su historia p¨²blicamente.

Del estigma de Ewart, o de las otras 60.000 mujeres que desde 1970, seg¨²n datos de Amnist¨ªa Internacional, han viajado en secreto desde el Ulster a otras localizaciones brit¨¢nicas para abortar, puede leerse entre l¨ªneas en la sentencia del juez Horner. El magistrado alude indirectamente a la falta de voluntad de la clase pol¨ªtica para encarar la cuesti¨®n y sugiere que la convocatoria de un refer¨¦ndum permitir¨ªa conocer qu¨¦ piensa realmente la sociedad de Irlanda del Norte sobre la necesidad de impulsar una reforma.