La mitad de los Estados mexicanos considera el aborto un homicidio

En el a?o 2007, la Ciudad de M¨¦xico aprob¨® la despenalizaci¨®n del aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestaci¨®n, y en 2008 el Supremo decidi¨® que esta legislaci¨®n es constitucional. A partir de esta hist¨®rica declaraci¨®n se desat¨® en el pa¨ªs una ola de reformas a las legislaciones estatales para proteger la vida desde su concepci¨®n, lo que impide a una mujer interrumpir su embarazo sin estar cometiendo un homicidio. La jurisprudencia establecida por la Corte, lejos de generar m¨¢s legalizaciones del aborto, provoc¨® en M¨¦xico un boicot general desde los congresos locales.

El m¨¢s reciente intento por proteger la vida desde la fecundaci¨®n del ¨®vulo ocurri¨® en Veracruz en enero pasado, cuando el congreso local aprob¨® en una primera fase el proyecto presentado por el gobernador Javier Duarte, a petici¨®n del grupo cristiano CitizenGo. La iniciativa destac¨® por haber sido impulsada por Duarte, quien no goza de buen prestigio como mandatario, pero no es un caso ¨²nico en el pa¨ªs: antes de ¨¦ste, los congresos de 17 Estados hab¨ªan reformado sus constituciones para establecer el derecho a la vida ¡°desde el momento de la concepci¨®n¡±, de manera que si Veracruz aprueba en segunda ronda el proyecto, ser¨¢n 18 de 32 las entidades mexicanas que criminalizan la interrupci¨®n del embarazo.

El congreso veracruzano rechaz¨® que se trate de una iniciativa antiaborto, argumentando que el proyecto no menciona esta pr¨¢ctica ni modifica el C¨®digo Penal del Estado, pero seg¨²n el constitucionalista Diego Valad¨¦s, una vez protegido el derecho a la vida desde la fecundaci¨®n, cualquier atentado contra ella se convierte en homicidio calificado porque es la privaci¨®n de la vida de otra persona.

¡°La reforma no solo es una afrenta a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sino ahora adem¨¢s se entra en franco desaf¨ªo con relaci¨®n a otras disposiciones constitucionales¡±, advirti¨® el investigador de la Universidad Nacional y exfiscal general. Las disposiciones que contraviene esta protecci¨®n a la vida desde la concepci¨®n son, justamente, las establecidas por el Supremo cuando declar¨® constitucional el aborto legal en la capital del pa¨ªs.

La jurisprudencia creada por la Suprema Corte significa que, al reconocer que la despenalizaci¨®n del aborto en la Ciudad de M¨¦xico es constitucional, sienta el precedente de legalidad para que el resto del pa¨ªs pueda despenalizarlo tambi¨¦n, y reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que deber¨ªa tener eco en otros estados, pues ¡°la carta magna del pa¨ªs se impone a todas las dem¨¢s, el principio de progresividad significa que los derechos que se le reconocen a uno se le deben reconocer a los dem¨¢s¡±, explic¨® el jurista.

Una vez reconocido este derecho por el Supremo, las mujeres de otros estados podr¨ªan hacer uso del recurso y pedir permiso para abortar, una vez negado (porque es ilegal) solicitar un amparo y llegar hasta la Corte para que ¨¦sta avale su derecho a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, una mujer no puede esperar a llevar a cabo todo este proceso mientras la gestaci¨®n contin¨²a, lo que imposibilita esta alternativa.

¡°Estas reformas tienen la intenci¨®n de limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, adem¨¢s de servir como obst¨¢culo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto¡±, suscribe la organizaci¨®n GIRE, la m¨¢s reconocida en M¨¦xico en materia de derechos reproductivos.

En su m¨¢s reciente informe sobre violencia obst¨¦trica, GIRE coincide con Diego Valad¨¦s en que la protecci¨®n absoluta de un derecho (a la vida) no es posible si ello implica la negaci¨®n del ejercicio de otro (el de las mujeres a decidir sobre su cuerpo), y aunque la Corte garantice a las mujeres este derecho, las legislaciones en el pa¨ªs no avanzan hacia su garant¨ªa sino hacia su restricci¨®n.