Belo Monte y c¨®mo no producir energ¨ªa en el siglo XXI

El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenz¨® a ser llenada. El proyecto m¨¢s importante del programa energ¨¦tico de la presidenta Dilma Rousseff es tambi¨¦n un monumento a c¨®mo no debe producirse energ¨ªa en el siglo XXI. Adem¨¢s de su alto costo, la represa est¨¢ asociada con corrupci¨®n y grandes impactos socioambientales.

Belo Monte ser¨ªa la tercera represa m¨¢s grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el r¨ªo Xing¨², afluente clave del Amazonas. Producir¨ªa en promedio solo la tercera parte de su capacidad m¨¢xima. Inundar¨¢ 516 km2 (el tama?o de la ciudad de Chicago) de bosque amaz¨®nico, ¨¢reas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Par¨¢.

¡°¡­el gobierno y la sociedad brasile?os no toleran y no tolerar¨¢n la corrupci¨®n. La democracia brasile?a se fortalece cuando la autoridad asume el l¨ªmite de la ley como su propio l¨ªmite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura¡­¡±, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habl¨® de incluir las ¡°cuestiones de las comunidades ind¨ªgenas¡± en los compromisos clim¨¢ticos del pa¨ªs.

Tambi¨¦n en septiembre, la casa de do?a Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energ¨ªa, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xing¨² Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xing¨².

La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectar¨¢ a 40,000 personas en total, muchas de ellas ind¨ªgenas.

El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autoriz¨® la operaci¨®n de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dict¨¢menes t¨¦cnicos ambientales y de la autoridad de protecci¨®n de los ind¨ªgenas.

Desde 2011, cuando la construcci¨®n comenz¨®, varias comunidades ind¨ªgenas han sufrido da?os serios a su salud, integridad, territorio y cultura. ?stos han empeorado ante la proximidad de la operaci¨®n de la represa. Los servicios p¨²blicos, incluyendo los de centros de salud y de atenci¨®n a la ni?ez ¡ªde por s¨ª precarios¡ª, colapsaron. La violencia creci¨® exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tr¨¢nsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostituci¨®n estallaron, afectando a ni?as y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas.

Aunque se entregaron m¨¢s de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, ¨¦stas denuncian defectos estructurales, falta de transporte p¨²blico y servicios esenciales. Las casas no tienen conexi¨®n al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia.

El discurso de Rousseff resulta parad¨®jico frente a la realidad. Ella fue v¨ªctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese r¨¦gimen para implementar Belo Monte.

El Ministerio P¨²blico Federal present¨® m¨¢s de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensi¨®n de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petici¨®n del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensi¨®n de seguridad, intrumento legal ir¨®nicamente creado por la dictadura. La ¨²ltima vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendi¨® el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protecci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas. El fallo fue anulado d¨ªa despu¨¦s.

La corrupci¨®n tambi¨¦n salpic¨® al proyecto. Seg¨²n confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Guti¨¦rrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementaci¨®n. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigaci¨®n contra la corrupci¨®n de la historia de Brasil.

Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgi¨® a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades ind¨ªgenas.

La reacci¨®n de Brasil fue contundente: retir¨® su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dej¨® de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inici¨® un proceso de ¡°fortalecimiento¡± del Sistema Interamericano que termin¨® reformando el reglamento de la Comisi¨®n.

La CIDH dej¨® de pedir la suspensi¨®n de obras, pero s¨ª acciones urgentes para proteger a las comunidades ind¨ªgenas afectadas. En 2011, ¨¦stas demandaron a Brasil y cuatro a?os despu¨¦s, en diciembre de 2015, la Comisi¨®n inici¨® el tr¨¢mite del caso. Ese organismo podr¨ªa priorizar el caso, tomar una decisi¨®n pronto y evitar mayores da?os.

Como dice do?a Antonia, la lucha contin¨²a. Rousseff a¨²n puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupci¨®n y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad hist¨®rica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los pa¨ªses alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llen¨¢ndose.

* Astrid Puentes Ria?o es codirectora de AIDA, Asociaci¨®n Interamericana para la Defensa del Ambiente. @AIDAespanol, @astridpuentes.