Obama, la Corte Suprema y los sistemas migratorios

Antes del fin de abril, la Corte Suprema declarar¨¢ sobre una serie de ¨®rdenes ejecutivas de Barack Obama. El fallo ha sido largamente esperado por cuatro millones de inmigrantes indocumentados, quienes podr¨ªan beneficiarse de un amparo si la Corte aprueba las ordenes ¨C lo cual se ve m¨¢s probable tras la muerte del magistrado conservador Antonin Scalia.

Pero incluso si gana el gobierno de Obama, el efecto ser¨¢ diferente seg¨²n el estado. Aparte de extender el amparo, las ¨®rdenes de noviembre buscan proveer nuevos lineamientos para agentes de control migratorio, disuadi¨¦ndolos de perseguir a inmigrantes con historial de violaciones migratorias pero sin expediente de cr¨ªmenes serios.

En otras palabras, el impacto principal de las ¨®rdenes concierne la cuesti¨®n de control: qu¨¦ pueden hacer los agentes, y a qui¨¦n pueden perseguir. Pero eso es solo la mitad del problema. La otra mitad es acerca de c¨®mo los casos suelen desarrollarse en salas donde los inmigrantes ni tienen derecho al asesoramiento legal. Y a juzgar por las estad¨ªsticas, las cortes son la pieza m¨¢s fracturada del sistema migratorio.

Las deportaciones, por ejemplo. En California, por ejemplo, solo un 35% de los que entraron en procesos de deportaci¨®n en este a?o fiscal fueron repatriados. Pero en Carolina del Norte, los jueces expidieron ¨®rdenes de deportaci¨®n en casi el 80% de los casos.

Puede ser que pocos se sorprendan con esos datos. En las zonas m¨¢s conservadoras y menos receptivas a la inmigraci¨®n los jueces tienen menos simpat¨ªa, claro. Pero Dana Marks, presidenta de la Asociaci¨®n Nacional de Jueces Inmigratorios (NAIJ) y jueza activa en San Francisco, dice que las disparidades regionales de orientaci¨®n pol¨ªtica tienen menos que ver que otros factores estructurales. Entre ellos: el reciente influjo de centroamericanos a ciertos estados y la fatiga cr¨®nica entre jueces abrumados con casos. Marks dice que su propia lista de casos rebasa unas tres mil personas.

¡°Dado el estr¨¦s y la fatiga, tomas el camino de menos resistencia,¡± dice. Los jueces pertenecientes a circuitos amenos a inmigrantes ¡°podr¨ªan otorgar un permiso para quedarse debido a eso. Si est¨¢n ocupad¨ªsimos y abrumados, no tienen tiempo para un fallo cuidadosamente formulado para justificar la conclusi¨®n y permitirme rechazar un caso (de asilo), el cual podr¨ªa ser apelado de todas formas.¡±

Luego entra el tema de capacitaci¨®n. Durante d¨¦cadas, los jueces inmigratorios se reun¨ªan una vez al a?o llevando a cabo una especie de educaci¨®n continua. El Departamento de Estado mandaba a alguien para actualizar a los jueces sobre los pa¨ªses de origen de los migrantes que ped¨ªan asilo. Un representante del Departamento de Justicia hac¨ªa una presentaci¨®n sobre casos emblem¨¢ticos. Hab¨ªa entrenamiento en temas de ¨¦tica y asuntos pr¨¢cticos -- como mantener una agenda bien organizada y una buena relaci¨®n con los int¨¦rpretes. Tambi¨¦n se les daba a los jueces la oportunidad de examinar decisiones en conjunto con sus colegas, para as¨ª entender mejor el otro lado del argumento y, en teor¨ªa, formular fallos m¨¢s uniformes.

Despu¨¦s de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el control migratorio se convirti¨® cada vez m¨¢s en una prioridad para el gobierno federal. Pero la financiaci¨®n de las cortes no creci¨® a la par. Los convenios fueron reemplazados por videos de instrucci¨®n que los jueces deb¨ªan ver a solas, (fueron restablecidas reci¨¦n el a?o pasado).

Pero el factor m¨¢s decisivo es si la persona que enfrenta un caso de deportaci¨®n tiene abogado, lo cual depende si puede pagar, o si encuentra a alguien que ofrezca representarle ad hon¨®rem.

Un estudio del 2011 comisionado por un juez federal concluy¨® que en Nueva York los inmigrantes que ten¨ªan abogado cuando enfrentaban la deportaci¨®n eran cinco veces m¨¢s propensos a ganar su caso.

¡°En algunas zonas [del pa¨ªs] existen m¨¢s recursos, los abogados pueden tomar m¨¢s casos ad hon¨®rem y la gente con buenos reclamos son capaces de encontrarlos,¡± afirma Kristin Macleod-Ball, abogada principal en el American Immigration Council. ¡°Pero en algunos lugares, los centros de detenci¨®n est¨¢n fuera de alcance de los abogados¡±.

El estado de Nueva York es un buen ejemplo. En general, las cortes del estado se encuentran entre las m¨¢s favorables para los inmigrantes. Pero existe una amplia variaci¨®n. En la Ciudad de Nueva York, donde el gobierno municipal paga la representaci¨®n de inmigrantes que no poseen recursos, solo el 22% de ellos fueron deportados este a?o. Para los que estuvieron detenidos en la instituci¨®n penal del condado de Ulster, al norte del estado ¨C una zona conocida por los investigadores como un ¡°vac¨ªo¡± de tales servicios ¨C las tasas de deportaci¨®n rondan en el 85%.

La inmigraci¨®n es un asunto federal. En teor¨ªa, el control y la adjudicaci¨®n deber¨ªan ser m¨¢s o menos uniforme a lo largo del pa¨ªs. En realidad, no existe un sistema migratorio en los Estados Unidos. Existen varios. El fallo de la Corte Suprema har¨¢ poco para cambiar eso.