Miner¨ªa: m¨¢s Estado = m¨¢s inversi¨®n

Bloqueos de carreteras o de r¨ªos amaz¨®nicos por poblaciones erizadas contra inversiones inmensas ¡ªmineras o petroleras¡ª percibidas como peligrosas para su territorio o sus r¨ªos son parte del paisaje de hoy. La experiencia latinoamericana reciente va demostrando que los Estados no aciertan a¨²n a saber qu¨¦ hacer frente al conflicto social contra ese tipo de proyectos de inversi¨®n. Mientras prevalecen pr¨¢cticas b¨¢sicamente reactivas, no asoman a¨²n pol¨ªticas p¨²blicas preventivas adecuadas.

El viejo dogma de muchos neoliberales de que ¡°a menos Estado, m¨¢s inversi¨®n¡± no es cierto; se demanda y espera de un Estado fuerte y eficiente ¡ªcon raz¨®n¡ª en ¨¢reas cr¨ªticas como la seguridad o la infraestructura. O en la administraci¨®n de justicia, para resolver conflictos o perseguir el delito. Tradicionalmente se espera, sin embargo, que el Estado ¡°no se meta¡± en la ejecuci¨®n de los procesos de inversi¨®n pero tiene que hacerlo.

El sector primario exportador (miner¨ªa y petr¨®leo, en particular) ha sido decisivo en el crecimiento econ¨®mico latinoamericano de m¨¢s del 80% en el lapso 2004-2014. Tambi¨¦n en la disminuci¨®n de la pobreza; por ejemplo, la poblaci¨®n pobre en Per¨² baj¨® del 49% (2005) al 23% en 10 a?os. Al enfriarse la econom¨ªa global y disminuir dram¨¢ticamente los precios de los minerales y el petr¨®leo, las perspectivas econ¨®micas latinoamericanas se ven ensombrecidas y estos logros amenazados. Pero hay otro fantasma que pone en riesgo muchos proyectos de inversi¨®n: la conflictividad social. Esta sube como la espuma y no se tiene siempre una visi¨®n panor¨¢mica de algo que no es aislado sino generalizado. El Observatorio de Conflictos en Am¨¦rica Latina ha detectado 215 conflictos en 19 pa¨ªses sobre temas ambientales o territoriales vinculados a la inversi¨®n minera y petrolera.

Ser¨ªa una simplificaci¨®n reducirlos a que son ¡°obra de agitadores¡± omnipresentes; equivocado, tambi¨¦n, no dimensionar la seriedad del problema sin desarrollar nuevas pr¨¢cticas y pol¨ªticas p¨²blicas. Hay evoluciones en la din¨¢mica social y en las propias empresas que tienen que ser entendidas y atendidas. Si antes la conflictividad en el sector extractivo se daba, ante todo, en el terreno laboral/sindical, ahora gira alrededor de temas ambientales y territoriales.

Sin negar que en ocasiones hay ¡°incentivadores¡± pol¨ªticos a favor del conflicto, el hecho de fondo es que hoy la poblaci¨®n est¨¢ m¨¢s y mejor informada, tanto de algunas pasadas experiencias de inversi¨®n desastrosas como de sus derechos actuales. Que incluyen, entre otros, la obligaci¨®n internacional de ¡°consulta previa¡± establecida en el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo. Hay que anotar que de los 22 Estados que son parte del Convenio, 14 son latinoamericanos. Ninguno puede escapar a esta obligaci¨®n.

Muchas empresas trasnacionales no han permanecido impermeables y tienen establecidas pol¨ªticas institucionales sobre ¡°licencia social¡± impensables hace algunos a?os. Los estallidos que han bloqueado muchos proyectos han dado la pauta para apuntar a evitar el conflicto y, para lograr, buscar mitigar el impacto de la inversi¨®n estableciendo buenas pr¨¢cticas de relaci¨®n con las comunidades desde las primeras fases de la inversi¨®n.

En esto el actor crucial es el Estado. Las pr¨¢cticas y pol¨ªticas p¨²blicas avanzan a distintos ritmos sin haber ¡°redondeado¡± a¨²n en ning¨²n pa¨ªs en algo replicable a los dem¨¢s. Se est¨¢, por el momento, m¨¢s ante una suma de experiencias en las que se va haciendo ¡°camino al andar¡±, al decir de Machado. Es decir, con pol¨ªticas e instituciones p¨²blicas abocadas no siempre est¨¢n claras, recursos presupuestales y profesionales muy modestos y serios l¨ªmites en su despliegue territorial.

Mientras el Estado no pase de su actual t¨ªmido papel a desempe?ar una efectiva funci¨®n de garantizar y conducir los procesos de di¨¢logo y consulta, pender¨¢ la incertidumbre sobre los futuros ¡ªe indispensables¡ª proyectos de inversi¨®n que permitan mantener el crecimiento econ¨®mico y la reducci¨®n de la pobreza.