Proceso cuestionado

No huele nada bien que en un proceso electoral nacional ¡ªen especial, en sus ¨²ltimas semanas¡ª el protagonismo lo ocupe la autoridad electoral y no la competencia entre quienes aspiran a un cargo elegido. Tampoco es presentable que a un mes de la elecci¨®n presidencial del 10 de abril ¡ªen desarrollo desde noviembre del 2015¡ª no est¨¦ a¨²n claro qui¨¦nes ser¨¢n los candidatos luego de cuatro meses de iniciado el proceso electoral.

Es grave que a estas alturas todo gire sobre err¨¢ticas y contradictorias decisiones de la autoridad electoral. Hace dos d¨ªas, por apretada mayor¨ªa de tres a dos, ha excluido a dos candidatos, Julio Guzm¨¢n y C¨¦sar Acu?a, que en la ¨²ltima encuesta nacional de Ipsos sumaban juntos el 25% de las preferencias. La candidatura de Guzm¨¢n destacaba, adem¨¢s, frente a las otras 17: de acuerdo a los sondeos era la ¨²nica que podr¨ªa competir ¡°de igual a igual¡± frente a Keiko Fujimori en una m¨¢s que probable segunda vuelta.

En este terreno hay varios asuntos de fondo ¡ªjur¨ªdicos y de principios¡ª que est¨¢n en cuesti¨®n. Destacan dos.

Primero, una peculiar aplicaci¨®n de la legalidad. Si una mala ley electoral ¡ªreglamentarista al extremo¡ª es un problema, mucho mayor es su aplicaci¨®n formalista por la autoridad. Subordinar el fondo a aspectos de forma subsanables no solo atenta contra el sentido com¨²n y el ejercicio del derecho constitucional a la participaci¨®n pol¨ªtica, sino contra el texto expreso de la ley de procedimientos administrativos peruana.

Principios y criterios de obligatorio cumplimiento por el administrador parecen haber sido soslayados. Por ejemplo, el informalismo, la presunci¨®n de veracidad y la celeridad como gu¨ªa para la subsanaci¨®n de posibles deficiencias formales en aras de no usurpar lo que debe ser resuelto por el electorado. Estos principios no deber¨ªan haber quedado de lado.

Segundo, las dudas sobre la imparcialidad o, al menos, la pericia de la autoridad judicial electoral. La madre del cordero est¨¢ en el ¡°registro de organizaciones pol¨ªticas¡± oficial en el que no se ha estado midiendo a todos con la misma vara. El manejo del registro ha levantado dudas y sospechas. As¨ª, mientras se busca expeler del proceso al candidato Guzm¨¢n, porque supuestamente se omitieron en su momento ciertas formalidades para constituir el tribunal electoral interno de su movimiento pol¨ªtico, son ignorados graves actos de otros.

As¨ª, mientras se castiga la impericia administrativa de pol¨ªticos noveles, no se hace nada frente a temas administrativos semejantes o hechos delictivos de otros sobre los que la autoridad est¨¢ informada. Conozco de primera mano este problema porque soy v¨ªctima de uno de ellos: se falsific¨® mi firma y usurp¨® mi nombre para hacer aparecer mi nombre como miembro de una agrupaci¨®n pol¨ªtica, cuyas siglas son UPP. Nada se ha hecho al respecto. No s¨®lo esa organizaci¨®n sigue vivita y coleando como parte de un frente electoral, sino que su candidato presidencial ¡ªgran paradoja¡ª es uno de los que present¨® tachas contra Guzm¨¢n por asuntos formales.

Este no es un debate jur¨ªdico cualquiera. Tiene que ver con el fundamental derecho a la participaci¨®n pol¨ªtica. Desde que se restableci¨® la democracia en el Per¨² a fines del 2000, ning¨²n proceso electoral nacional se hab¨ªa visto enrarecido.

Una autoridad tan controvertida deber¨ªa ceder el paso a la decisi¨®n del electorado entre todas las candidaturas que a su tiempo se inscribieron. Como lo han planteado muchos, a estas alturas no deber¨ªan proceder exclusiones de nadie ni son asuntos que debieran resolver tres personas.

La gravedad, urgencia e irreparabilidad del da?o que podr¨ªa generarse abre el camino de que quienes se sientan afectados soliciten medidas cautelares ante el sistema interamericano de derechos humanos. Ya Guzm¨¢n anunci¨® que lo har¨¢. Esto se podr¨ªa haber evitado.