La Marina mexicana abre sus filas a la justicia por un caso de desaparici¨®n forzada

En menos una semana, el ej¨¦rcito mexicano ha abierto sus filas para que la justicia investigue dos supuestos casos de desaparici¨®n forzada. Este tipo de delitos ¨Cel secuestro de civiles a manos de funcionarios p¨²blicos¨C son uno de los flancos m¨¢s d¨¦biles del Estado de Derecho mexicano en su enmara?ada batalla contra el crimen organizado. Organizaciones internacionales como la ONU o la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado con insistencia la deficiente legislaci¨®n de estos cr¨ªmenes, que impide saber con exactitud el n¨²mero de casos y fomenta la impunidad.

La Marina, el sector m¨¢s duro y de mayor prestigio de la Armada mexicana, inform¨® este lunes en un comunicado que cinco de sus militares han sido imputados en un Juzgado penal de Nuevo Le¨®n, al norte del pa¨ªs, por la supuesta desaparici¨®n forzada en 2013 de Armando Humberto del Bosque, un minero de 33 a?os. Mientras que el pasado viernes, la Secretar¨ªa de Defensa anunci¨® la detenci¨®n de un general por su presunta implicaci¨®n en la desaparici¨®n en Veracruz de V¨ªctor Garc¨ªa, un mec¨¢nico de 30 a?os.

Los dos casos se sustentan en testigos que vieron como las fuerzas armadas se llevaron a las v¨ªctimas, cuyos cad¨¢veres fueron encontrados poco despu¨¦s de registrarse las desapariciones. A los cinco d¨ªas, los familiares de Garc¨ªa reconocieron su cuerpo descompuesto en la camilla de los forenses. El cad¨¢ver de Del Bosque apareci¨® con una bala en la cabeza tres meses despu¨¦s cerca del cuartel de la Marina donde le vieron con vida por ¨²ltima vez.

Desde que el presidente Felipe Calder¨®n (2006-2012) decidi¨® sacar al ej¨¦rcito a las calle y colocarlo en la primera l¨ªnea de la lucha contra el narcotr¨¢fico, M¨¦xico vive una complicada tensi¨®n entre seguridad y derechos humanos. ¡°Las fuerzas armadas enfrentan un proceso muy complejo, que pasa por internalizar el respeto a los derechos humanos. No es f¨¢cil para el ej¨¦rcito y la Marina. No est¨¢n preparados para hacer labores policiales. Su l¨®gica es otra, es la de una guerra. No puedes convertir a los militares en polic¨ªas de facto. Es un proceso largo de supervisi¨®n, vigilancia y castigo a quien no lo cumpla¡±, apunta el exdirector del servicio secreto mexicano Guillermo Vald¨¦s.

De los 300 expedientes abiertos ?seg¨²n la ONU, tan s¨®lo seis han concluido en sentencia, y ¨²nicamente un militar ha sido condenado

El Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n Forzada de la ONU lanz¨® el a?o pasado una dura reprimenda al Estado mexicano. Alert¨® en su informe anual de que la desaparici¨®n de miles de personas durante la guerra contra el narco contin¨²a siendo una pr¨¢ctica habitual ¡°por gran parte del territorio¡±. Y que pese a los ¡°numerosos casos denunciados la impunidad se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito¡±.

La CIDH tambi¨¦n ha insistido hasta en tres de sus resoluciones en los agujeros en la legislaci¨®n mexicana. Ni la ley federal ni las normas de los Estados ¨Ctan s¨®lo el 40% reconocen este delito- cumplen con los est¨¢ndares internacionales marcados por los convenios de los que M¨¦xico es firmante. La ausencia de un registro ¨²nico y fiable es otra de las cr¨ªticas basales. Las cifras oficiales no detallan, por ejemplo, la causa de las m¨¢s de 23.000 desapariciones registradas hasta la fecha, lo que alimenta un agujero negro que no permite saber si detr¨¢s de estos delitos est¨¢ la mano del narco, alg¨²n cuerpo policial, los militares o una combinaci¨®n.

¡°La presi¨®n internacional y de las organizaci¨®n de defensa de los derechos humanos es muy importante. A rega?adientes se est¨¢ consiguiendo una apertura. Parece que en los ¨²ltimos d¨ªas se han abierto los diques pero no creo que vayamos a ver una cascada de juicios contra las fuerzas armadas porque tampoco se quiere antagonizar con el ej¨¦rcito. Ser¨¢n los tribunales los que ir¨¢n modulando la nueva situaci¨®n¡±, sostiene el especialista en seguridad Alejandro Hope. El ruido internacional ha ido aumentado varios decibelios durante el ¨²ltimo a?o tras el impacto medi¨¢tico provocado por la desaparici¨®n de los 43 normalistas en la que intervinieron polic¨ªas municipales o la ejecuci¨®n a sangre fr¨ªa de 15 supuestos sicarios en Tlatlaya a manos de una patrulla del ej¨¦rcito.

El trabajo de la ONU detalla en su informe que existen 300 investigaciones abiertas. De momento, tan s¨®lo seis han concluido en sentencia, y ¨²nicamente en uno de los casos el condenado ha sido un militar. La posibilidad de juzgar en tribunales civiles a miembros del ej¨¦rcito por estos delitos ha sido un avance reciente ¨Clos c¨®digos penales federal y castrense se reformaron en 2014¨C fruto tambi¨¦n de las demandas internacionales.

¡°Los dos casos recientes son indicadores positivos. Pero a¨²n estamos lejos de una apertura de las fuerzas armadas hacia procesos m¨¢s transparentes, ajustados a los est¨¢ndares internacionales. Hay mucha resistencia por parte del ejercito a trasladar las causas de desapariciones forzadas a la v¨ªa civil, tal y como obliga la ley. Las primeras diligencias todav¨ªa son casi siempre llevadas por la justicia castrense¡±, apunta Carlos Zazueta, investigador de Amnist¨ªa Internacional M¨¦xico. Esta ambivalencia jur¨ªdica queda ilustrada en los episodios de Nuevo Le¨®n y Veracruz. Mientras que en el primer caso, los cinco marinos est¨¢n bajo la jurisdicci¨®n penal ordinaria, el oficial detenido en Veracruz est¨¢ siendo investigado por la justicia castrense por delitos contra la disciplina y el honor militar.