Brasil: de la anticorrupci¨®n al golpe

Gente en las calles de Brasil manifest¨¢ndose contra la corrupci¨®n por el caso Petrobras. O en las calles de Per¨², en previsi¨®n del posible regreso al Gobierno del fujimorismo, que encabez¨® hasta el 2000 el Gabinete m¨¢s corrupto de la historia del pa¨ªs. El hecho es que la corrupci¨®n ¡ªreal o como amenaza¡ª toca una extendida sensibilidad social, atraviesa nuestras sociedades y levanta multitudes, gatilla respuestas, enciende pasiones y encamina a veces las cosas por caminos imprevisibles.

Lo que viene ocurriendo en Brasil es dram¨¢ticamente revelador y tremendamente importante en dos planos distintos y hasta opuestos. Como con las caras de Jano, se pueden abrir dos caminos a partir del esc¨¢ndalo de Petrobras y las denuncias contra altos funcionarios del Estado.

De un lado, la continuidad del curso institucional de acci¨®n investigativa y sancionatoria en la Operaci¨®n Lava Jato. Como ha sido recordado en la OEA esta semana, ¡°esta operaci¨®n ha llevado al arresto a 133 personas, entre ellos empresarios de la estatura de Marcelo Odebrecht, Zwi Skornicki y Jose Carlos Bumlai e involucra a 16 compa?¨ªas, entre ellas Camargo Correa, OAS, UTC, Odebrecht, Mendes Junior, Engevix, Queiroz Galvao, Iesa y Galvao Engenharia, y a pol¨ªticos de numerosos partidos, entre ellos PP, PT, PMDB, PSDB y PTB¡±. Nada desde?able. La sociedad brasilera espera, con raz¨®n, que las investigaciones contin¨²en y que los que tengan que ser sancionados lo sean con todo el rigor de la ley, sea cual sea su poder econ¨®mico y pol¨ªtico.

Por otro lado, la simult¨¢nea y tortuosa instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica de la investigaci¨®n para producir un objetivo ¡ªtambi¨¦n pol¨ªtico¡ª que culmine con la destituci¨®n o renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Ella ya ha se ha adelantado a denunciar el proyecto de golpe institucional v¨ªa un impeachment sin sustento legal movido por sus opositores pol¨ªticos en el Congreso. Hay varios s¨ªntomas preocupantes sobre el desvergonzado uso pol¨ªtico de la investigaci¨®n judicial transgrediendo la legalidad y el Estado de Derecho. Dos ejemplos.

Uno: detenci¨®n de Lula, por orden del juez S¨¦rgio Moro, para prestar una declaraci¨®n pese a que no est¨¢ denunciado penalmente y que nunca hab¨ªa sido previamente citado. Y que todo se haga en medio de un ostensible despliegue de c¨¢maras, flashes y reporteros. Sea Lula o cualquier otra persona, esa conducta judicial es irregular.

Otro: el ilegal despliegue medi¨¢tico ¡ªpor el mismo juez Moro¡ª, de piezas del expediente que tienen que ser reservadas de acuerdo a ley en respeto al debido proceso. Eso es un delito de acuerdo a la ley brasile?a (Ley No. 9.296/96 y otras) y es incompatible con el debido proceso que grabaciones telef¨®nicas que van surgiendo en la investigaci¨®n y que se incorporan al sumario sean divulgadas nada menos que por el mismo juez a trav¨¦s de los medios y a las pocas horas de producidas.

Lo evidente es que un manejo pol¨ªtico, en esa articulaci¨®n entre medios y jueces, afecta al Estado de Derecho, debilita las investigaciones y contribuye indebidamente al peligroso clima de polarizaci¨®n y de tensi¨®n pol¨ªtica que ya est¨¢ a flor de piel. Adquiere pleno sentido la decisi¨®n de este martes del magistrado Teori Zavascki ¡ªrelator del caso Petrobras en el Tribunal Supremo¡ª determinando que fue irregular la divulgaci¨®n de las grabaciones y disponiendo el retiro de la investigaci¨®n sobre Lula al juez Moro.

Muy bien ¡ªy fundamental¡ª que se investigue y sancione severamente. Pero cuidado con las agendas paralelas que apuntan a sacrificar la democracia alimentando el camino de golpes de Estado institucionales.?