El Supremo mexicano debate el derecho al aborto
La Corte cuestiona la constitucionalidad de dos art¨ªculos del c¨®digo penal que criminalizan la interrupci¨®n del embarazo
Margarita ten¨ªa 41 a?os cuando se qued¨® embarazada. Su avanzada edad, problemas de sobrepeso y una cirug¨ªa de bypass g¨¢strico a la que se hab¨ªa sometido meses antes hicieron que su embarazo fuera catalogado de alto riesgo. La mujer, mexicana nacida en la capital, tuvo dos amenazas de aborto y al feto se le detect¨® s¨ªndrome de Klinefelter. Cuando acudi¨® al hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de M¨¦xico para solicitar poner fin a su embarazo, los m¨¦dicos se lo denegaron hasta en tres ocasiones: dos de manera verbal y una ¨²ltima por escrito, pese a haber incluido en la petici¨®n la opini¨®n de un experto que detallaba los riesgos que enfrentaba.
Corr¨ªa entonces finales de 2013, seis a?os despu¨¦s de que el Distrito Federal aprobara la interrupci¨®n legal del embarazo, pero el 20 de Noviembre, un centro de la seguridad social para empleados p¨²blicos, se rige por las normas federales, que penalizan hasta con cinco a?os de c¨¢rcel el aborto libre. Margarita acudi¨® a una cl¨ªnica privada para poner fin a su embarazo, pero inconforme con la postura institucional, decidi¨® promover un juicio de amparo contra los art¨ªculos 332 y 334 del c¨®digo penal federal, que impiden la interrupci¨®n.
El ministro Zald¨ªvar fue el impulsor de la propuesta para el uso recreativo de la marihuana y el matrimonio homosexual en M¨¦xico
Este mi¨¦rcoles, la Suprema Corte de Justicia debate un proyecto del ministro Arturo Zald¨ªvar (impulsor de la propuesta para el uso recreativo de la marihuana y el matrimonio homosexual en M¨¦xico) que busca amparar a Margarita al considerar que la normativa federal ¡°vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la igualdad y no discriminaci¨®n¡±. La propuesta declara la inconstitucionalidad de la regulaci¨®n del aborto en el marco federal y establece que el Estado no puede exigir en su c¨®digo penal que la mujer lleve a t¨¦rmino su embarazo cuando este no fue consentido (como en el caso de una violaci¨®n), cuando est¨¢ en riesgo la salud de la embarazada, cuando el feto es inviable o en un periodo cercano a la fecundaci¨®n.
El proyecto, de ser aprobado, sienta precedente para la despenalizaci¨®n del aborto en el pa¨ªs y supone el primer caso resuelto de una mujer a la que se le niega un aborto.
En la redacci¨®n de la propuesta se establece que ¡°en sede judicial no se trata de enjuiciar la moralidad del aborto, sino de determinar si es constitucional castigar con pena de prisi¨®n a la mujer que interrumpe su embarazo en determinadas circunstancias¡±.
Actualmente, s¨®lo la Ciudad de M¨¦xico permite el aborto libre hasta las 12 semanas de gestaci¨®n. Seg¨²n datos de la organizaci¨®n civil GIRE (Grupo de Informaci¨®n en Reproducci¨®n Elegida), que trabaja en el caso de Margarita, entre abril de 2007, fecha de la aprobaci¨®n de la interrupci¨®n legal del embarazo en el DF, y mayo de 2015, el programa atendi¨® a 141.930 mujeres.
En el otro extremo, las cifras recabadas por la asociaci¨®n revelan que entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, hab¨ªa 22 mujeres en prisi¨®n acusadas de aborto, 13 de ellas de manera preventiva y otras nueve con sentencia firme. Para GIRE, impulsora de la aprobaci¨®n de la interrupci¨®n legal del embarazo en la capital, el Supremo ¡°tiene ahora en sus manos la posibilidad de enviar un mensaje a favor de los derechos de las mujeres¡±, en vez de dar continuidad a un sistema que ¡°las discrimina¡± del acceso a la justicia.
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