La impunidad del hombre blanco

Los hechos establecidos por John Chilcot durante los siete a?os que ha durado la investigaci¨®n son abrumadores. Es un aut¨¦ntico acta de acusaci¨®n que clama por alg¨²n tipo de satisfacci¨®n penal por las responsabilidades personales de Tony Blair. Fue una guerra ilegal e injusta, en la que se enmascar¨® un cambio de r¨¦gimen bajo el disfraz de una guerra preventiva, ante la falsa amenaza de un ataque con unas armas de destrucci¨®n masiva inexistentes que pod¨ªa producirse en 45 minutos.

El n¨²mero de delitos probablemente ser¨ªa largo, porque a las mentiras de la preparaci¨®n de la guerra se a?ade la irresponsabilidad de quienes organizaron una ca¨®tica posguerra todav¨ªa m¨¢s catastr¨®fica. Si la invasi¨®n de Irak y el derrocamiento de Sadam Husein fueron ilegales y organizados con mentiras y manipulaciones, nada se hizo despu¨¦s que diera algo de legitimidad a la invasi¨®n y a la desaparici¨®n del d¨¦spota, como ha ocurrido tantas veces en la historia, en forma de beneficios para los iraqu¨ªes y de estabilidad en la regi¨®n.

Al contrario, la destrucci¨®n de sus fuerzas armadas y de la estructura entera del Estado abri¨® las puertas al infierno de una guerra civil entre chi¨ªes y sun¨ªes que en propiedad todav¨ªa no ha terminado y se ha convertido en el monstruo del Estado Isl¨¢mico. Dif¨ªcilmente sirve en este caso la doctrina del mal menor para defender los desastres ocasionados por esta guerra ante el mal mayor que todav¨ªa hoy Blair y Bush pretenden blandir con el espantajo de Sadam Husein.

Hay un delito que cuadrar¨ªa perfectamente con lo que hicieron ambos en la guerra de Irak, con la ayuda diplom¨¢tica y la complicidad pol¨ªtica de Aznar. Es el crimen de agresi¨®n, surgido como figura jur¨ªdica en los juicios de Nuremberg contra el nazismo y reivindicado en el tratado de creaci¨®n de la Corte Penal Internacional, el llamado Estatuto de Roma de 1998, como figura delictiva a incluir en el futuro a trav¨¦s de las enmiendas a dicho tratado, como as¨ª se hizo en la revisi¨®n de 2010. El problema es la no retroactividad de las leyes: cuando se cometi¨® presuntamente el crimen, en 2003, todav¨ªa no estaba incluido en el Estatuto de Roma. Para colmo, los procedimientos de ratificaci¨®n y de entrada en vigor solo convertir¨¢n en perseguible el crimen de agresi¨®n a partir de 2018.

La fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha ocultado su incomodidad con el contraste entre la impunidad de los dirigentes occidentales cuando vulneran la Carta de Naciones Unidas y la exclusiva inculpaci¨®n de ciudadanos africanos con los actuales instrumentos legales del tribunal. Los 39 inculpados hasta ahora son todos africanos. Tambi¨¦n son africanos los ¨²nicos jefes de Estado objeto de investigaci¨®n o persecuci¨®n legal, como el difunto l¨ªder libio Muamar el Gadafi o el actual presidente de Sud¨¢n del Norte, Omar Al-Bashir. Otro jefe de Estado africano, Hiss¨¨ne Habr¨¦, presidente de Chad entre 1982 y 1990, ha sido condenado a cadena perpetua por cr¨ªmenes contra la humanidad, violaci¨®n, esclavitud forzada y m¨²ltiples homicidios y asesinatos, por una corte especial creada por Senegal por encargo de la Uni¨®n Africana, en un caso ejemplar que ha hecho prescindible en esta ocasi¨®n la actuaci¨®n de la CPI.

No es el ¨²nico contraste. Ha habido al menos dos investigaciones y centenares de denuncias por cr¨ªmenes de guerra por la muerte de detenidos iraqu¨ªes bajo custodia brit¨¢nica, algunas ante tribunales brit¨¢nicos y otros ante la CPI, aunque solo el cabo Donald Payne ha sido condenado a un a?o de prisi¨®n. Ser¨ªa una cruel iron¨ªa que el Informe Chilcot sirviera para perseguir soldados y jefes militares brit¨¢nicos y no diera lugar en cambio a indagaci¨®n alguna sobre Tony Blair. De ah¨ª que la fiscal¨ªa de la CPI haya aclarado muy sutilmente en una nota que ¡°sugerir que la CPI haya descartado la investigaci¨®n sobre el ex primer ministro por cr¨ªmenes de guerra pero pueda perseguir a los soldados es una deformaci¨®n de los hechos¡±.

Ni un solo jurista ha expresado hasta ahora su confianza en que Tony Blair, al igual que George Bush, se sienten alg¨²n d¨ªa en el banquillo, ya sea de sus respectivos tribunales nacionales ya sea de la CPI, a pesar de que lo han pedido parlamentarios brit¨¢nicos como Jeremy Corbyn o Alex Salmond y el obispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. En el caso del expresidente de Estados Unidos, porque el Senado de su pa¨ªs ni siquiera ha ratificado el tratado internacional que lo crea, a pesar de que su antecesor Bill Clinton lo firm¨® en Roma. George W. Bush boicote¨® todo lo que pudo a la CPI y aprob¨®, incluso, un paquete legislativo para impedir que sus soldados y ciudadanos pudieran ser inculpados o perseguidos bajo la jurisdicci¨®n universal.

El Informe Chilcot tendr¨¢ una lectura f¨¢cil y demag¨®gica: demuestra la impunidad del hombre blanco, del m¨¢ximo responsable pol¨ªtico frente a los soldaditos que obedecen ¨®rdenes, de los honorables mandatarios occidentales frente a los d¨¦spotas africanos y ¨¢rabes. En el momento populista que atravesamos, las opiniones p¨²blicas exigen gestos ejemplarizantes y cabezas que rueden. Se da por descontado, en cambio algo que no lo est¨¢ en absoluto en la gran mayor¨ªa de los pa¨ªses, como es que una comisi¨®n de investigaci¨®n, por encargo del Gobierno, realice un ejercicio de transparencia de tanta trascendencia y llegue tan lejos en la documentaci¨®n y determinaci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas como ha hecho John Chilcot.

Una nueva paradoja del caso es que esto sucede en pleno Brexit, el movimiento soberanista que no solo pone en cuesti¨®n la dependencia de Reino Unido de la legislaci¨®n y los tribunales de la UE sino incluso de la legislaci¨®n internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es extra?o ni anecd¨®tico que Alex Salmond haya planteado la posibilidad de que Tony Blair sea juzgado alg¨²n d¨ªa por crimen de agresi¨®n en los tribunales de esa Escocia que busca tras el Brexit su independencia y la adhesi¨®n a la Uni¨®n Europea.

Para el Parlamento brit¨¢nico el Informe Chilcot no es tan solo un ejercicio ejemplar de transparencia que demuestra el vigor de la democracia brit¨¢nica, sino tambi¨¦n un est¨ªmulo para ratificar las enmiendas que introducen el crimen de agresi¨®n en el Estatuto de Roma y dificultar as¨ª que en el futuro alguien pueda repetir una actuaci¨®n como la de Blair desde el n¨²mero 10 de Downing Street. Aunque el caso Blair no llegue nunca a La Haya, donde tiene su sede la CPI, parece haber pocas dudas de la contribuci¨®n a la justicia universal que ha hecho Reino Unido con la comisi¨®n Chilcot y su informe.

Las opiniones p¨²blicas exigen gestos ejemplarizantes y cabezas que rueden