Empresas y derechos humanos

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprob¨® los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. ?stos reiteran la obligaci¨®n de los Estados de proteger los derechos humanos, incluyendo controlar actividades empresariales; resaltan la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y la necesidad de mecanismos adecuados de acceso a la justicia para las v¨ªctimas.

El Consejo cre¨® tambi¨¦n el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos para promover la implementaci¨®n de dichos Principios. Este Grupo visitar¨¢ M¨¦xico del 29 de agosto al 7 de septiembre. Ser¨¢ la segunda visita que haga a Am¨¦rica Latina, la primera fue en Brasil en diciembre de 2015.

La visita a M¨¦xico es de gran importancia:

M¨¦xico es una de las 15 econom¨ªas m¨¢s grandes del mundo y el rol del sector empresarial, as¨ª como la relaci¨®n de ¨¦ste con los derechos humanos, es evidente.

Se ha vuelto excepcional que M¨¦xico invite a organismos internacionales de derechos humanos en misiones oficiales y que las autoridades atiendan seriamente las recomendaciones realizadas.

El pa¨ªs atraviesa por una crisis de derechos humanos, evidenciada entre otros, por los primeros lugares que ocupa respecto de desapariciones forzadas,ataques a defensores de derechos humanos (especialmente ambientalistas) y a periodistas .

Por ello la expectativa alrededor de esta visita. En preparaci¨®n, el Grupo ha recibido informaci¨®n acerca de la situaci¨®n de derechos humanos en M¨¦xico y sobre violaciones de derechos humanos causadas por empresas. Est¨¢n pendientes por anunciar los lugares a visitar y la agenda; una tarea complicada considerando la vasta geograf¨ªa del pa¨ªs y la tem¨¢tica por abordar.

En su visita a Brasil, el Grupo se reuni¨® con autoridades, empresas privadas y estatales, sociedad civil y personas afectadas. Tambi¨¦n fue a lugares estrat¨¦gicos para verificar denuncias de violaciones cometidas por empresas. Estuvo en Altamira, ciudad donde se construy¨® la represa Belo Monte, y Minas Gerais, estado donde una represa de residuos mineros se rompi¨® en noviembre pasado.

El Grupo produjo un informe sobre Brasil con 32 recomendaciones, en el cual expres¨® su preocupaci¨®n por la indebida influencia corporativa en la definici¨®n de pol¨ªticas, y porque la capacidad del Estado de vigilar a las empresas est¨¦ posiblemente comprometida debido al lobby y al financiamiento de procesos pol¨ªticos. Tambi¨¦n destac¨® que la mayor¨ªa de las empresas no eval¨²an los riesgos que sus actividades implican para los derechos humanos y cuando lo hacen, es bajo la perspectiva del riesgo para la empresa. Enfatiz¨® la debilidad de la reglamentaci¨®n, licenciamiento y monitoreo a grandes proyectos, as¨ª como la falta de consulta de medidas de mitigaci¨®n y compensaci¨®n a personas y comunidades afectadas.

Resalto diez recomendaciones que podr¨ªan ser aplicables a M¨¦xico.

Al gobierno:

Capacitar a funcionarios, tomadores de decisi¨®n y jueces sobre las obligaciones del gobierno y las empresas de prevenir y resarcir afectaciones a derechos humanos.

Definir expectativas claras sobre pol¨ªticas para que todas las empresas respeten los derechos humanos e implementen operaciones nacionales y en el extranjero con debida diligencia.

Cumplir con los Principios Rectores, los lineamientos de la OECD sobre empresas transnacionales a nivel nacional e internacional, y con est¨¢ndares internacionales y buenas pr¨¢cticas, especialmente en proyectos de infraestructura y desarrollo.

Evaluar el acceso efectivo a remediaci¨®n, fortalecer mecanismos judiciales y no judiciales, y abordar abusos relacionados con empresas.

Fortalecer la reglamentaci¨®n a grandes proyectos, as¨ª como la capacidad, recursos y coordinaci¨®n entre autoridades ¡ªparticularmente las ambientales y de derechos ind¨ªgenas¡ª para mejorar el monitoreo de impactos socioambientales.

Asegurar que cuando ocurran desastres ambientales, se implementen medidas de mitigaci¨®n y remediaci¨®n, y compensaci¨®n adecuada a los afectados (debidamente consultados).

Garantizar que los actores posiblemente afectados por proyectos de desarrollo (especialmente los m¨¢s vulnerables), reciban informaci¨®n y asesor¨ªa legal adecuada para estar en igualdad de condiciones en negociaciones con empresas.

Dar mayores recursos al programa nacional de protecci¨®n de defensores/as y enfatizar la mejora de sus condiciones sociales, econ¨®micas y pol¨ªticas.

A las empresas privadas y p¨²blicas:

Respetar derechos humanos, e identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas con debida diligencia, de c¨®mo abordan las afectaciones a derechos humanos.

Asegurar consultas efectivas con personas y comunidades afectadas. Ello implica evaluar afectaciones en derechos humanos; prestar atenci¨®n especial a grupos potencialmente marginalizados o vulnerables, garantiz¨¢ndoles informaci¨®n adecuada y oportuna sobre actividades que podr¨ªan afectarles; resaltar de manera diferenciada la atenci¨®n de riesgos para mujeres, ni?os y ni?as, y hombres, especialmente respecto de proyectos de infraestructura que involucren reasentamiento de comunidades.

La visita del Grupo de Trabajo de la ONU apunta a ser un suceso en materia de derechos humanos en M¨¦xico. Esperamos que sus conclusiones est¨¦n a la altura de lo que el pa¨ªs requiere, y que tanto el gobierno como las empresas reciban la visita y las recomendaciones con seriedad y verdadera disposici¨®n a aplicarlas. Llegar¨¢ septiembre y veremos. Nos conviene e interesa a todas.

* Astrid Puentes Ria?o es abogada ambientalista y de derechos humanos, codirectora ejecutiva de AIDA, Asociaci¨®n Interamericana para la Defensa del Ambiente - @AIDAespanol, @astridpuentes