Quince a?os de la Carta Democr¨¢tica

Fue el 11 de septiembre de 2001, el d¨ªa de los ataques terroristas en Washington y Nueva York, cuando los pa¨ªses del hemisferio firmaron la Carta Democr¨¢tica Interamericana. (CDI).

El documento fue motivado por la necesidad de dar respuesta a crisis menos tradicionales. Ten¨ªamos experiencia en la regi¨®n con interrupciones al orden democr¨¢tico causadas por un cl¨¢sico golpe de Estado y en 1991 se hab¨ªa aprobado la resoluci¨®n 1080 de la OEA que instaba al Secretario General a actuar inmediatamente junto a los ¨®rganos de la Organizaci¨®n para facilitar soluciones.

No pose¨ªamos similar experiencia con crisis en las cuales la suspensi¨®n, desmantelamiento o ruptura del orden constitucional fueran producidos por un presidente con legitimidad de origen, es decir, que hubiera llegado al poder por medio de elecciones libres y competitivas.

El caso emblem¨¢tico fue el de Per¨² en 1992, raz¨®n por la cual la Carta se firm¨® en Lima nueve a?os m¨¢s tarde. Su presidente de entonces, Alberto Fujimori, quien hab¨ªa sido democr¨¢ticamente electo en 1990, disolvi¨® el Congreso, suspendi¨® la constituci¨®n y removi¨® de sus funciones a m¨¢s de una centena de jueces y fiscales.

Los pueblos de Am¨¦rica tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligaci¨®n de promoverla y defenderla

Durante aquella crisis, Brasil, Costa Rica y Argentina retiraron sus respectivos embajadores. Este ¨²ltimo y Chile solicitaron la suspensi¨®n de Per¨² de la OEA. Panam¨¢ y Venezuela, por su parte, rompieron relaciones diplom¨¢ticas. La Organizaci¨®n se involucr¨® activamente, denunciando los hechos, promoviendo di¨¢logos, mediaci¨®n y una salida a la crisis. Pero no pose¨ªamos un instrumento para abordar esta nueva modalidad de ruptura democr¨¢tica.

Para tal objetivo fue escrita nuestra Carta Democr¨¢tica, la que he llamado en varias ocasiones ¡°Constituci¨®n de las Am¨¦ricas¡±. No es un documento que haya sido impuesto. Los Estados miembros eligieron firmarla y as¨ª unirse al consenso sobre los principios que definen qui¨¦nes somos, en qu¨¦ creemos y c¨®mo interactuamos unos con otros.

La CDI nos dice que las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen s¨®lo cuando es conveniente. Nos recuerda que si existen violaciones a esos derechos, es nuestra obligaci¨®n se?alarlas. Y nos indica que si estamos comprometidos con la protecci¨®n de los principios y la pr¨¢ctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.

La inspiraci¨®n y gu¨ªa de la CDI es permanente. Debe ser usada, cual br¨²jula que nos se?ala el camino correcto y nos marca las diferentes etapas de ese recorrido. As¨ª fue como fue aplicada en crisis anteriores, como la de Venezuela en 2002, frente al intento de golpe contra el Presidente Hugo Ch¨¢vez, y en Honduras en 2009 ante el derrocamiento ilegal del Presidente Manuel Zelaya.

Como Secretario General estoy obligado a ser fiel a la letra y el esp¨ªritu de la CDI. Por tal raz¨®n he invocado su articulo 20 para la situaci¨®n de Venezuela hoy, identificando las serias alteraciones al orden constitucional y proponiendo al conjunto de los Estados miembros de la OEA recorrer las etapas que nos marca la Carta.

La situaci¨®n en Venezuela es grave. Baste decir aqu¨ª que en ese pa¨ªs hermano el Poder Ejecutivo tiene f¨¦rreo control del Poder Judicial, con el cual bloquea el accionar del Poder Legislativo. En otras palabras, si Fujimori cerr¨® el Congreso en 1992 enviando tanques, el gobierno de Maduro lo esteriliza con sentencias judiciales de un Tribunal Superior de Justicia que controla a discreci¨®n. El mismo sistema judicial, en la figura del Consejo Nacional Electoral, demora la verificaci¨®n de firmas necesarias para la realizaci¨®n del refer¨¦ndum revocatorio en 2016.

Como resultado, se ha erosionado la ciudadan¨ªa democr¨¢tica. Se han perdido derechos fundamentales, al disenso pol¨ªtico y la libertad de expresi¨®n, que se pagan con encarcelamientos arbitrarios, y el mism¨ªsimo derecho al voto, si contin¨²a posterg¨¢ndose la realizaci¨®n del refer¨¦ndum. En Venezuela el n¨²mero de presos pol¨ªticos contin¨²a creciendo. Son l¨ªderes pol¨ªticos, sindicales y sociales; estudiantes, intelectuales y periodistas; o bien ciudadanos y ciudadanas de a pie determinados a hacer valer las libertades perdidas.

Por estas razones y tras haberse aplicado la CDI para Venezuela, he dejado abierto el proceso de evaluaci¨®n colectiva. Quedan pendientes los pr¨®ximos pasos: seguir evaluando el contenido de mi informe de fecha 30 de mayo de 2016 por parte del Consejo Permanente, analizar los acontecimientos posteriores a esa fecha y decidir colectivamente qu¨¦ camino tomar para ayudar a recomponer la institucionalidad democr¨¢tica en Venezuela.

Somos dem¨®cratas por que no perdemos de vista que la pol¨ªtica debe funcionar como un bien p¨²blico; una vocaci¨®n de servicio para el bien com¨²n. Cuando los Gobiernos y los pol¨ªticos no cumplen con estas normas, los ciudadanos se frustran con sus l¨ªderes. Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la p¨¦rdida del prop¨®sito moral y ¨¦tico de la pol¨ªtica. El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

El esp¨ªritu de la CDI es tambi¨¦n consistente con la Declaraci¨®n de Managua para la Promoci¨®n de la Democracia y el Desarrollo de junio de 1993. En ella, los Estados Miembros expresaron su convicci¨®n de que la misi¨®n de la OEA no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere adem¨¢s una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, as¨ª como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democr¨¢tico de gobierno.

En nuestra Am¨¦rica, el camino democr¨¢tico ha sido sinuoso, con frecuencia accidentado e inevitablemente prolongado y sufrido. La CDI nos llama a vivir en democracia, y nos indica que esos derechos y libertades deben ser protegidos entre todos. Seamos fieles defensores de la Carta, nuestra Constituci¨®n de las Am¨¦ricas. Los pueblos de Am¨¦rica tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligaci¨®n de promoverla y defenderla.

Luis Almagro es Secretario General de la Organizaci¨®n de Estados Americanos.

Twitter @AlmagroOEA_2015