?Soluci¨®n o parche a la crisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El pasado 23 de mayo, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunci¨® una crisis econ¨®mica extrema que le obligaba a despedir a un 40% del personal, adem¨¢s de a limitar algunas de las funciones b¨¢sicas de su mandato, como la realizaci¨®n de visitas a pa¨ªses o la celebraci¨®n de las audiencias que mantiene durante el a?o. Unas semanas antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) hab¨ªa apelado a los Gobiernos reunidos en la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) para resolver su propia falta de fondos.

En los meses siguientes, la CIDH y la Corte se lanzaron a realizar una intensa campa?a para solicitar ayuda financiera urgente de los Estados miembros de la OEA y otros donantes dentro y fuera del continente. Esto obtuvo el fruto esperado y cuatro meses despu¨¦s, la CIDH anunci¨® la recuperaci¨®n de su bache econ¨®mico. No obstante, si bien con estos aportes la CIDH y la Corte consiguieron superar la crisis financiera m¨¢s inmediata este a?o, la sostenibilidad de su presupuesto a mediano y largo plazo sigue en entredicho.

El pasado lunes 31 de octubre, la OEA celebr¨® una Asamblea General Extraordinaria en Washington D.C. con el objeto de fijar el presupuesto de la organizaci¨®n para el a?o 2017. En la misma, los Estados deb¨ªan avanzar en el compromiso asumido en la Asamblea General de junio pasado, de lograr el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ¡ªla CIDH y la Corte¡ª, a trav¨¦s del fondo regular de la organizaci¨®n. Los dos ¨®rganos del SIDH, ya hab¨ªan entregado, el 4 de octubre, una propuesta conjunta a los Estados, solicitando que se duplicaran los fondos del presupuesto regular de la OEA destinados al SIDH.

De ese modo, pidieron que el presupuesto anual fuera de 18.204.450 d¨®lares: 11.228.250 d¨®lares para la CIDH y 6.976.200 para la Corte. Frente a esta propuesta, Argentina y M¨¦xico presentaron propuestas alternativas. Mientras M¨¦xico propuso que la OEA duplicara el monto de recursos destinados al SIDH en un plazo m¨¢ximo de 2 a?os, Argentina pidi¨® una reasignaci¨®n de los fondos ya existentes en el presupuesto de la organizaci¨®n.

Ninguna de estas propuestas logr¨® el apoyo suficiente. En consecuencia, en la Asamblea General Extraodinaria, los pa¨ªses de la regi¨®n no lograron aprobar medida alguna que duplique o aumente significativamente los recursos del SIDH. La Resoluci¨®n adoptada establece que para 2017 la OEA asignar¨¢ 5.6 millones de d¨®lares a la CIDH ¡ªde los 11,2 millones solicitados¡ª y 2.7 millones de d¨®lares a la Corte ¡ªde los 6.9 solicitados¡ª. El resto de la discusi¨®n qued¨® postergada hasta la pr¨®xima Asamblea General que se celebrar¨¢ en M¨¦xico en junio de 2017.

Aunque no se disminuy¨® el presupuesto del SIDH para 2017, respecto al a?o anterior, la CIDH y la Corte seguir¨¢n dependiendo un a?o m¨¢s de los fondos extraordinarios de los Gobiernos a los que juzga y de los Estados de otros continentes, as¨ª como de fundaciones y otros donantes. Esto genera inestabilidad y limita la capacidad de los ¨®rganos del SIDH de cumplir a cabalidad sus respectivos mandatos.

Para revertir esta situaci¨®n, los Estados deben considerar una serie de factores imprescindibles.

En primer lugar, el grueso del aumento de los recursos ha de provenir de todos los Estados miembro de la OEA y el presupuesto que se destine al SIDH debe cubrir espec¨ªficamente las necesidades y mandatos de la CIDH y la Corte.

En segundo lugar, el sistema de financiamiento debe garantizar la independencia y autonom¨ªa de la CIDH y la Corte. Deben ser los ¨®rganos, y no los Estados, los que decidan y determinen sus propios planes de trabajo y actividades sobre la base de sus mandatos.

En tercer lugar, los Estados deben adoptar una soluci¨®n que garantice un adecuado funcionamiento del SIDH de manera viable y sostenible. Esto debe hacerse sin limitar o eliminar las funciones que son parte del mandato de la CIDH y la Corte, ni recortar el acceso a recursos adicionales de donantes individuales, fundaciones y otros.

Por ¨²ltimo, es esencial que las discusiones que se mantengan en los pr¨®ximos meses sobre este tema se gu¨ªen por los principios de transparencia y publicidad, garantiz¨¢ndose que el debate sea abierto y participativo, y que las propuestas y soluciones alcanzadas sean p¨²blicas. Los usuarios, la ciudadan¨ªa, la academia, deben formar parte activa e informada del debate sobre el futuro de la protecci¨®n internacional.

Los Estados tienen por delante ocho meses para aportar a una soluci¨®n sostenible que garantice que el SIDH pueda funcionar con eficiencia y autonom¨ªa. Hay recursos suficientes en la regi¨®n como para que sea factible conseguirlo. S¨®lo hace falta saber si existe la voluntad pol¨ªtica para que los mecanismos de justicia regional cumplan su tarea de proteger derechos.