Per¨² crea un registro p¨²blico de fosas

El Ministerio de Justicia de Per¨² acaba de aprobar una norma esperada durante d¨¦cadas por miles de familiares de v¨ªctimas de la violencia desatada en 1980 por el grupo terrorista Sendero Luminoso,?a la que respondieron las Fuerzas Armadas y las autodefensas hasta el 2000. El Plan Nacional de b¨²squeda de personas desaparecidas crea un registro nacional de sitios de entierro (fosas) y establece los mecanismos para buscar los restos de las v¨ªctimas del conflicto con el objetivo humanitario de devolverlas a sus parientes.

¡°Hay una novedad aqu¨ª en dar prioridad al ¨¢ngulo humanitario: se est¨¢ inventando algo nuevo en Per¨², al igual que en Sri Lanka, Nepal y Colombia. Antes los mecanismos centralizados de b¨²squeda de desaparecidos, en los Balcanes, estaban articulados al Tribunal Penal, con fines de justicia¡±, explica a EL PA?S el antrop¨®logo Rafael Barrantes del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Per¨².

El plan es necesario para aplicar la Ley de B¨²squeda de Personas Desaparecidas aprobada en mayo de este a?o, y ¡°la siguiente acci¨®n ser¨¢ la creaci¨®n de la Direcci¨®n General de Personas Desaparecidas que estar¨¢ a cargo del Registro Nacional de personas desaparecidas y sitios de entierro¡±, inform¨® una fuente del Ministerio de Justicia a EL PA?S.

El plan aprobado el domingo refiere que hay m¨¢s de 13.000 desaparecidos en los 20 a?os de violencia en Per¨², pero ¡°no se cuenta con una informaci¨®n precisa e inequ¨ªvoca sobre el universo de personas¡± y muchas familias esperan hace 30 a?os informaci¨®n sobre su paradero.

Acerca del n¨²mero de sitios de entierro, la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n -que investig¨® los 20 a?os de violencia- report¨® en 2003 que habr¨ªa 4.644 en el pa¨ªs, pero posteriormente la ONG Comisedh registr¨® 4.051 solo en el departamento de Ayacucho, por lo que se estima que hay m¨¢s de 6.400 fosas en total.

La norma indica que la entidad a cargo de los trabajos de b¨²squeda de personas desaparecidas pedir¨¢ a las autoridades proteger las fosas para evitar su destrucci¨®n.

En Per¨², desde 2002 hasta 2016 han sido exhumados 3.528 individuos y han sido identificados 2.084, de los cuales un n¨²mero menor ha sido restituido a sus familiares para su sepultura. Sin embargo, unos 900 restos recuperados en exhumaciones est¨¢n almacenados por falta de recursos para aplicar pruebas de ADN e identificarlos.

Nuevo enfoque

La fuente del Ministerio de Justicia coment¨® que es importante el trabajo preliminar de ¡°mapeo y sistematizaci¨®n de la informaci¨®n que ya existe, para saber a qui¨¦nes encontrar y c¨®mo trabajar cada caso¡±.

Por su parte, el experto del CICR en personas desaparecidas precis¨® que a la fecha hay informaci¨®n ¡°organizada para demostrar la veracidad de la victimizaci¨®n¡± sufrida por los desaparecidos, pero el Registro de V¨ªctimas de la Violencia ¡°no fue hecho para buscar a dichas personas sino para dar reparaciones a los familiares¡±.

Barrantes tambi¨¦n remarca que no existe un mapeo de la probable ubicaci¨®n de los desaparecidos: ¡°la informaci¨®n no est¨¢ organizada por criterios para buscar a las personas, hay que hacer una base de datos con otras variables: aqu¨ª se est¨¢ inventando algo muy nuevo con las instituciones p¨²blicas¡±, agreg¨®. El Ministerio P¨²blico participar¨¢ en la fase de las exhumaciones.

El plan de b¨²squeda de desaparecidos prev¨¦ realizar las tareas con el consentimiento informado de los parientes, apoyo en salud mental y en la lengua materna correspondiente. El informe final de la Comisi¨®n de la Verdad determin¨® que el 75% de los muertos y desaparecidos ten¨ªan al quechua como lengua materna, y otro de los grupos ¨¦tnicos m¨¢s afectados fueron los ashaninkas. Adem¨¢s, demostr¨® que las fuerzas del orden usaron criterios ¨¦tnicos y raciales en los momentos m¨¢s agudos del conflicto para identificar a presuntos subversivos. En Ayacucho, el departamento con el mayor n¨²mero de fosas, el 68% es quechuahablante.

Varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenan al Per¨², en casos de masacres cometidas por las fuerzas del orden, localizar los restos de los desaparecidos. Uno de ellos es el caso La Cantuta, en el que el Grupo Colina (del Ej¨¦rcito) asesin¨® a nueve estudiantes y un profesor de una universidad de Lima en 1992, durante el Gobierno de Alberto Fujimori: sin embargo, hasta la fecha cinco de esas v¨ªctimas a¨²n no han sido localizadas.