El papel de los militares en la guerra contra el narco divide al Congreso mexicano

Los soldados mexicanos representan las dos caras de una moneda. Son la ¨²nica fuerza que ha podido imponerse a los c¨¢rteles del narcotr¨¢fico en muchas regiones del pa¨ªs. Tambi¨¦n son responsables de no pocos abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en la guerra contra la delincuencia organizada. A diez a?os de comenzada esta batalla, el Congreso mexicano ha iniciado esta semana la discusi¨®n que pretende acotar el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra los delincuentes.

Cuatro propuestas de diferentes partidos pol¨ªticos est¨¢n sobre la mesa para ser debatidas a lo largo de las pr¨®ximas semanas. La discusi¨®n legislativa dar¨¢ como resultado la Ley de Seguridad Interior, que podr¨ªa ser votada para mediados de febrero. El texto de la izquierda, presentado por el senador Miguel Barbosa, del Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica (PRD), propone el regreso de militares y marinos a sus cuarteles, algo que ha sido solicitado por varias organizaciones civiles y defensores de derechos humanos. El legislador cree que el papel de los militares debe estar restringido a intervenir solo temporalmente en municipios o Estados donde la seguridad est¨¦ gravemente amenazada. Si la iniciativa de Barbosa fuese aprobada, los militares tendr¨ªan un semestre desde la promulgaci¨®n de la ley para volver a sus bases.

El Partido Acci¨®n Nacional, el PAN, cree que el pa¨ªs no est¨¢ preparado para que los soldados dejen las calles. El senador Roberto Gil Zuarth, un hombre cercano al expresidente Felipe Calder¨®n, dijo que el Ej¨¦rcito no puede abandonar las tareas de seguridad p¨²blica que ha asumido en los ¨²ltimos a?os. ¡°No hay polic¨ªas que puedan sustituir el despliegue que est¨¢n realizado las fuerzas armadas¡±, dijo el panista, que tambi¨¦n ha presentado una iniciativa.

Gil subray¨® una realidad que no ha podido cambiarse en M¨¦xico en la ¨²ltima d¨¦cada. Los 32 Estados del pa¨ªs no han podido capacitar ni depurar las miles de corporaciones policiales a pesar de los esfuerzos iniciados en el sexenio anterior (2006-2012). ¡°El 90% de las polic¨ªas en este pa¨ªs gana menos de 9.000 pesos al mes (400 d¨®lares)¡±, record¨® Gil en la tribuna del Senado. ¡°Con polic¨ªas mal pagados no vamos a poder estabilizar al pa¨ªs en t¨¦rminos de violencia por la capacidad corruptora que tiene el crimen organizado¡±.

M¨¦xico cuenta hoy con 48.000 polic¨ªas federales, un aumento considerable desde los 12.000 que ten¨ªa en 2006. Los legisladores, sin embargo, consideran que el pa¨ªs necesita 20.000 uniformados m¨¢s para cubrir el actual despliegue militar.

En cuatro a?os de la Administraci¨®n de Pe?a Nieto el despliegue de militares en bases mixtas de seguridad p¨²blica ha crecido de 1.680 soldados en 2012 a 3.386 en 2016. Los Gobiernos del PRI y el PAN han pagado el costo pol¨ªtico de la militarizaci¨®n en la ¨²ltima d¨¦cada. Por esa raz¨®n las propuestas de ambos partidos tienen elementos en com¨²n. C¨¦sar Camacho, diputado del PRI, ha preferido que el papel de los militares ¡°tenga cotos, l¨ªmites y d¨¦ certeza jur¨ªdica a las personas¡±. Su propuesta pretende hacer espec¨ªficos los l¨ªmites geogr¨¢ficos y temporales de las intervenciones militares en los Estados y municipios que lo soliciten.

Los acad¨¦micos afirman que ninguna de estas iniciativas est¨¢ corrigiendo el fondo del problema, que es la normalizaci¨®n del despliegue militar en M¨¦xico. ¡°Est¨¢n regulando y dando un sustento legal a la militarizaci¨®n del pa¨ªs¡±, se?ala Catalina P¨¦rez Correa, investigadora del Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®mica. La acad¨¦mica afirma que los trabajos legislativos producir¨¢n un texto que ser¨¢ inconstitucional. El art¨ªculo 21 de la Constituci¨®n se?ala que las instituciones de seguridad p¨²blica deben ser civiles.

P¨¦rez Correa advierte de que las iniciativas que se est¨¢n discutiendo crear¨¢n normas que no contienen contrapesos ni controles para las fuerzas armadas. En su lugar, propone reformar el Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica para hacer m¨¢s eficientes las polic¨ªas y proponer castigos a las autoridades civiles, gobernadores y alcaldes, que incumplen sus obligaciones de formar polic¨ªas confiables y capaces.