Justicia para las personas desaparecidas en El Salvador

El 16 de enero de 2017 se cumplen 25 a?os de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra de 12 a?os en El Salvador. El Gobierno ha puesto en marcha un plan para su conmemoraci¨®n. La iniciativa es valiosa, pero las notas celebrativas resultan agridulces en un pa¨ªs que no ha lidiado exitosamente con un legado de masivas violaciones a los derechos humanos.

Una deuda importante es la falta de esclarecimiento de las desapariciones ocurridas en ese periodo. La Comisi¨®n de la Verdad document¨® cerca de 5.000 casos, pero seg¨²n registros de la sociedad civil son m¨¢s de 10.000, la mayor¨ªa detenidos o secuestrados por actores estatales y probablemente asesinados. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les neg¨® toda informaci¨®n. Excepto por un pu?ado de casos, la mayor¨ªa no ha sido resuelta hasta hoy por la justicia salvadore?a.

Los a?os han pasado y la principal necesidad de las familias afectadas por los cr¨ªmenes del conflicto armado, sigue siendo saber qu¨¦ le sucedi¨® a sus seres queridos, d¨®nde est¨¢n, recuperar sus restos y darles una digna sepultura. Durante la guerra y en los primeros a?os del postconflicto, las familias, especialmente las mujeres -madres, abuelas, hermanas e hijas- asumieron las tareas de b¨²squeda en prisiones, recintos militares, hospitales, o en supuestos sitios de ejecuci¨®n o entierro. Muchos las amenazaron, otros simplemente las ignoraron. Esas valientes mujeres eventualmente se organizaron, documentaron las denuncias y enfrentaron al Estado. En suma, juntaron fuerzas del miedo y la debilidad para tomar acci¨®n.

M¨¢s tarde, los impulsos se agotaron y las respuestas oficiales no llegaron, ni con la paz ni con sucesivos gobiernos de derecha e izquierda. El Estado salvadore?o no asumi¨® su rol en este tema, no existe una pol¨ªtica nacional para la determinaci¨®n del paradero de las personas desaparecidas, ni un mecanismo nacional que atienda esta problem¨¢tica pendiente. Pero hoy se vislumbran nuevos signos de esperanza.

En los ¨²ltimos meses organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, junto a comit¨¦s de v¨ªctimas, han retomado los esfuerzos por demandar al Estado salvadore?o acciones concretas para encontrar a las personas desaparecidas.

El presidente de El Salvador, Salvador S¨¢nchez Cer¨¦n, afirm¨® en junio de 2014 que ¡°el pa¨ªs tiene una deuda moral con los desaparecidos y sus familias que debe ser solventada¡±. Apelando a esta promesa, en junio pasado las organizaciones antes mencionadas le presentaron una carta al presidente, solicitando la creaci¨®n de una Comisi¨®n de B¨²squeda, formada por expertos independientes, que incluya capacidades gen¨¦tico-forenses y acompa?amiento psicosocial de las v¨ªctimas. Esta petici¨®n ha dado lugar a un di¨¢logo inicial.

Al mismo tiempo, desde Estados Unidos, familiares de desaparecidos y organizaciones internacionales est¨¢n pidiendo al Gobierno de ese pa¨ªs que apoye la creaci¨®n de esta Comisi¨®n y que desclasifique archivos con informaci¨®n sobre las operaciones en El Salvador en la d¨¦cada de los 80, que puedan contribuir a la identificaci¨®n del paradero de los desaparecidos. Los anuncios del presidente Obama sobre la apertura de archivos relacionados con las dictaduras en Chile y Argentina fueron alentadores. No obstante, en ambos casos la iniciativa la tomaron los gobiernos latinoamericanos, y la Administraci¨®n Obama respondi¨® a las solicitudes. El Salvador deber¨ªa seguir este ejemplo.

La creaci¨®n de una Comisi¨®n de B¨²squeda y el poner a disposici¨®n p¨²blica la informaci¨®n que obra en manos de autoridades militares o civiles en relaci¨®n a la suerte de las personas desaparecidas en el conflicto, ser¨ªan pasos positivos para dar alivio a las familias, pero tambi¨¦n para la reconstruir el tejido social y generar credibilidad en las instituciones.

Confiamos en que el Gobierno actual finalmente asuma esta tarea pendiente y concrete la creaci¨®n de este mecanismo nacional de b¨²squeda en los pr¨®ximos meses. La tarea no se vislumbra f¨¢cil: la resistencia de las fuerzas armadas y de algunos miembros de la guerrilla no se har¨ªa esperar. Sin embargo, las respuestas deben llegar hoy. El tiempo de los familiares se agota.

Leonor Arteaga es experta en justicia transicional en la Fundaci¨®n para el Debido Proceso, Washington DC.