Criminalizaci¨®n de la comunidad Mapuche: un discurso alarmante

Los hechos de represi¨®n y violencia sufridos por el pueblo mapuche el 10 y 11 de enero lejos de ser aislados, forman parte de un accionar hist¨®rico del Estado nacional con los pueblos originarios en Argentina que Amnist¨ªa Internacional viene reclamando hace a?os.

En Argentina, las comunidades ind¨ªgenas no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupaci¨®n tradicional. Esto deriva, tal como apunt¨® el Relator de Pueblos Ind¨ªgenas de Naciones Unidas en su visita al pa¨ªs en 2012, en la "desposesi¨®n hist¨®rica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras".

El Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supra-legal y establece que siempre que sea posible, los pueblos ind¨ªgenas tienen derecho a regresar a sus tierras tradicionales. La comunidad (lof) Resistencia del departamento de Cushamen decidi¨® volver a su territorio en marzo de 2015 en donde se encuentra la estancia Leleque de la multinacional Benetton (que cuenta con cerca de un mill¨®n de hect¨¢reas en la Patagonia Argentina).

Desde entonces, han venido sufriendo sucesivas represiones y denuncias que por lo general funcionan como estrategia de desgaste y persecuci¨®n y que sirven para silenciar reivindicaciones hist¨®ricas de los pueblos originarios. Particularmente, desde diciembre del a?o pasado hemos advertido una deliberada campa?a en contra del pueblo mapuche. Ello motiv¨® que Amnist¨ªa Internacional ¨Cjunto con un grupo de organizaciones y referentes del movimiento ind¨ªgena¨C se pronunciara a trav¨¦s de un comunicado denunciando la alarmante pol¨ªtica del Gobierno de estigmatizaci¨®n del pueblo mapuche como amenaza para la seguridad nacional.

En esa oportunidad dimos a conocer un informe de gesti¨®n del Ministerio de Seguridad de la Naci¨®n de agosto de 2016 en el que, bajo el eufemismo "revalorizaci¨®n de la ley penal", colocaba a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuqu¨¦n, Rio Negro y Chubut como amenazas a la ley que deben ser abordadas por medio de la aplicaci¨®n de la normativa antiterrorista. En ese mismo documento, se reconoce expresamente que el Gobierno estar¨ªa llevando adelante tareas de inteligencia sobre las organizaciones mapuches.

La construcci¨®n de un discurso "securitista" funciona en estos casos como una plataforma que da v¨ªa libre para avanzar en medidas represivas y violentas fundadas en la presunta protecci¨®n del Estado.

Cruzando la frontera, el escenario del pa¨ªs vecino reproduce las mismas repudiables estrategias de persecuci¨®n. En Chile, las propias comunidades hablan de una "militarizaci¨®n" de la zona. La constante presencia policial y las denuncias de uso excesivo de la fuerza han sido persistentes y reiteradas por a?os, sin investigaci¨®n ni sanci¨®n. Est¨¢ vigente la Ley Antiterrorista chilena, dictada en 1984, en plena dictadura militar. Pese a sus sucesivas reformas, todav¨ªa sigue siendo una ley duramente cuestionada por diversos organismos internacionales.

Resulta oportuno recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden¨® al Estado chileno en 2014 por entender que la calificaci¨®n de "terrorista" aplicada a los l¨ªderes ind¨ªgenas se realiz¨® con argumentos estigmatizantes, viol¨® la presunci¨®n de inocencia y la obligaci¨®n estatal de definir las conductas delictivas con precisi¨®n y claridad.

Otros ¨®rganos de la ONU como el Comit¨¦ de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, recomendaron al Gobierno Chileno que desista de aplicar la Ley Antiterrorista para procesar y condenar a personas acusadas de delitos cometidos en el contexto de la protesta social.

En Argentina hemos asistido a este tipo de discursos que, bajo el paraguas de la protecci¨®n nacional, sirven como excusa para cometer las atrocidades m¨¢s oscuras. Es inaceptable que el Estado califique a lucha mapuche por su territorio como un problema de seguridad nacional que requiere la intervenci¨®n de fuerzas de seguridad y la aplicaci¨®n de leyes violatorias de los derechos humanos. Es inadmisible tambi¨¦n subestimar, no solo los compromisos internacionales en materia de derechos humanos incorporados a nuestra Constituci¨®n, sino est¨¢ndares y decisiones de organismos del sistema internacional de derechos humanos al que Argentina hist¨®ricamente ha honrado.

* Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnist¨ªa Internacional Argentina