¡°Los rumanos ya no aceptan que nadie les meta la mano en el bolsillo¡±

Augustin Lazar todav¨ªa recuerda la primera condena de c¨¢rcel a un funcionario corrupto en Rumania. Fue hace m¨¢s de una d¨¦cada y en aqu¨¦l entonces, cuando ¨¦l era a¨²n un fiscal numerario, se vio como algo extraordinario. Desde entonces, se?ala quien es desde el pasado abril el Fiscal General del Estado, las condenas se han sucedido y la sociedad ha evolucionado. Ya no considera normales los sobornos, los abusos de poder, los conflictos de inter¨¦s. Por eso, se?ala, los rumanos se han sentido ¡°ofendidos en su inteligencia y ultrajados¡± por el decreto del Gobierno del Partido Socialdem¨®crata (PSD) que despenalizaba algunos casos de corrupci¨®n. ¡°Una medida inconstitucional que hubiera puesto muchas trabas a la lucha contra la corrupci¨®n, que est¨¢ teniendo grandes logros¡±, y que habr¨ªa beneficiado, por ejemplo, a unos 2.000 funcionarios imputados o investigados por este tipo de abusos, afirma.

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Lazar ¨C58 a?os y 34 en ejercicio-- no tiene ninguna duda de que el Ejecutivo del PSD ha tenido como objetivo librar de las penas de c¨¢rcel a sus funcionarios y personas afines. ¡°Por supuesto¡±, exclama, ¡°se han producido una serie de coincidencias extra?as que nos demuestran que esta ordenanza se ha hecho para tener beneficiarios muy concretos; seleccionados. Han cre¨ªdo que es una buena idea para ¡®salvar¡¯ a alguien que tiene un proceso abierto en este momento¡±, dice. ¡°Y esto se llama conflicto de inter¨¦s¡±.

Miembros destacados del PSD enfrentan cargos judiciales por corrupci¨®n y se habr¨ªan beneficiado de este decreto, que situaba en 200.000 lei (44.000 euros) el tope de ¡®da?os causados¡¯ para no ir a prisi¨®n. Entre ellos est¨¢ el presidente del partido Liviu Dragnea ¨Ca quienes muchos ven como el verdadero l¨ªder del Gobierno en la sombra--, que adem¨¢s ya fue condenado a dos a?os de c¨¢rcel por fraude electoral en 2012, y quien no pudo ocupar el cargo de primer ministro precisamente por esta imputaci¨®n. En su despacho de la Fiscal¨ªa General, enfrente de lo que hoy es el Parlamento rumano ¨CCasa Poporului, la enorme mole de cemento que el dictador Nicolae Ceaucescu orden¨® construir--, Lazar ironiza con que esta es la primera vez que se usa una ¡°maniobra fraudulenta¡± para hacer una ley. ¡°El Gobierno ha tenido el arrojo ¡°de presentar una estrategia delictiva, criminal, para la lucha anticriminal¡±, dice.

Lo ocurrido, ha despertado en el pa¨ªs una movilizaci¨®n sin precedentes desde la revoluci¨®n que derrib¨® al dictador Nicolae Ceaucescu, en 1989. ¡°Los rumanos se han acostumbrado a ver a los delincuentes tras los barrotes; no antes, cuando preparan su estrategia¡±, dice. ¡°Despu¨¦s de diez a?os en el generoso ambiente de la Uni¨®n Europea y con instituciones fuertes como la Direcci¨®n Nacional Anticorrupci¨®n (DNA), que est¨¢ en la ¨¦lite del sector en Europa, esto se ha visto como una provocaci¨®n. Hoy tenemos a nueva generaci¨®n de personas que han cambiado las cosas, profesionales liberales, aut¨®nomos, gente que ha podido estudiar, que pagan sus impuestos, una importante clase media con m¨¢s conciencia c¨ªvica que ya no aceptan que nadie les meta la mano en el bolsillo; un h¨¢bito primitivo¡±, apunta

Pese a que, presionado por las feroces cr¨ªticas de los expertos y la movilizaci¨®n social, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atr¨¢s y ha anulado el decreto, el fiscal cree que no se puede bajar la guardia. ¡°Los magistrados, que han visto esta medida como una ofensa y una interferencia en la independencia de la magistratura, est¨¢n preocupados; aunque sin angustia. Estamos muy atentos al trabajo del Ejecutivo. Tenemos la misi¨®n de proteger el inter¨¦s general de la sociedad, el estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos¡±.

Rumania lleva desde 2007, con su adhesi¨®n a la UE, bajo el llamado mecanismo de verificaci¨®n, una especie de auditor¨ªa para garantizar que la justicia, por ejemplo, cumple con los est¨¢ndares de la lucha anticorrupci¨®n de los socios. Y los ¨²ltimos informes comunitarios apuntaban que el progreso en el mayor de los pa¨ªses balc¨¢nicos era ¡°irreversible¡±. ¡°La calle da hoy la raz¨®n a ese argumento. La sociedad civil ha demostrado que puede proteger el progreso experimentado en el pa¨ªs en su camino hacia la modernidad; y no podemos permitirnos desandar ese camino¡±, dice.

En los ¨²ltimos tres a?os, la DNA --una de las instituciones m¨¢s valoradas del pa¨ªs por los ciudadanos--, que persigue precisamente aquellos delitos que involucran a pol¨ªticos o legisladores, as¨ª como casos que impliquen grandes sumas de dinero, ha acusado a cerca de 2.000 funcionarios p¨²blicos. Otros 200 han sido condenados por conflictos de inter¨¦s. ¡°Se ha construido un sistema fuerte, que funciona: diputados, ex ministros, primeros ministros, personas de alto nivel han ido a la c¨¢rcel por cometer delitos relacionados con la corrupci¨®n. Es un buen ejemplo para la sociedad rumana que ve que abusar de la disciplina, que estas conductas, tienen una consecuencia punible¡±, mantiene.

Lazar reconoce que Rumania sigue teniendo un problema de corrupci¨®n grave, aunque sostiene tambi¨¦n que las cifras no solo hacen una radiograf¨ªa del problema ¨Cgeneralizado en Europa, insiste--, sino que tambi¨¦n indican que estos delitos se persiguen en este pa¨ªs balc¨¢nico con uno de los sistemas m¨¢s estrictos del mundo. ¡°Pero es necesario, si queremos modernizar un pa¨ªs necesitamos una ley para garantizar que la conducta de nuestros funcionarios es intachable¡±.

La Administraci¨®n p¨²blica, la sanidad, la educaci¨®n o el medio ambiente son los sectores m¨¢s afectados en Rumania. Tambi¨¦n el patrimonio cultural, apunta Lazar, que explica que en los ¨²ltimos tiempos se han destapado varios casos importantes en los que los funcionarios que deb¨ªan proteger los tesoros rumanos cooperaron con los ladrones o hicieron la vista gorda. En uno de ellos, la fiscal¨ªa identific¨® el robo de 30 kilos de monedas de oro, joyas y grandes tesoros que terminaron en casas de subastas espa?olas.