El Gobierno Trump se?ala y amenaza a las ciudades que no colaboran con inmigraci¨®n
El Departamento de Justicia publica el primer informe en el que detalla cada ocasi¨®n en que un indocumentado detenido no ha sido entregado para su deportaci¨®n
La Administraci¨®n Trump ha iniciado sus primeros pasos para atacar institucionalmente a las llamadas ciudades santuario e imponer sus argumentos sobre el supuesto peligro p¨²blico que los inmigrantes indocumentados suponen para Estados Unidos. El Gobierno comienza as¨ª su campa?a de presi¨®n para lograr la colaboraci¨®n de todos los cuerpos policiales en su empe?o por deportar a millones de sin papeles. Parte de esa estrategia, coherente con los mensajes de campa?a de Donald Trump, es presentar a los inmigrantes como delincuentes.
El lunes, la polic¨ªa de inmigraci¨®n (ICE, por sus siglas en ingl¨¦s) public¨® un informe sin precedentes en el que detalla uno por uno todos los casos en los que ha pedido que le las autoridades entregaran a un detenido sin papeles y esta petici¨®n ha sido ignorada. En el periodo analizado, del 28 de enero al 3 de febrero, ICE lanz¨® 3.083 ¨®rdenes de detenci¨®n en todo el pa¨ªs. En los 10 condados con m¨¢s negativas a colaborar, esas ¨®rdenes fueron ignoradas 157 veces. De ellos destacan los condados de Clark en Nevada (donde est¨¢ Las Vegas), Nassau en Nueva York, Cook en Illinois, Montgomery en Iowa y Snohomish en el Estado de Washington.
Las polic¨ªas locales y las prisiones entregan a cualquiera a la polic¨ªa federal de inmigraci¨®n siempre que haya una orden de un juez. Lo que no hacen en muchos casos es gastar recursos en retener a un detenido que debe salir en libertad solo porque otro cuerpo policial, en este caso ICE, lo est¨¢ buscando por su situaci¨®n migratoria. En algunos lugares, esa no colaboraci¨®n es ley. A eso es a lo que se llama ciudad santuario.
En el informe est¨¢n detallados 206 casos por todo el pa¨ªs de inmigrantes con alg¨²n tipo de antecedente criminal y que ICE sabe que han sido liberados, porque han cumplido su condena o han salido en libertad condicional, sin ser entregados a la polic¨ªa migratoria. La lista especifica la instituci¨®n en la que estaban detenidos, la fecha de la orden de detenci¨®n de ICE, la fecha en la que salieron libres y el delito que cometieron. Los antecedentes van desde imputaciones por cuestiones de tr¨¢fico hasta condenas firmes por tr¨¢fico de drogas. Solo hay uno con un cargo de homicidio. El condado de Travis en Texas, donde se encuentra la capital, Austin, es el m¨¢s se?alado. El informe se publicar¨¢ semanalmente.
A la publicaci¨®n del informe sigui¨® este martes un comunicado del Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, en el que dec¨ªa: ¡°Este importante informe demuestra una clara y continuada amenaza para la seguridad p¨²blica. Es inaceptable que algunas jurisdicciones se nieguen a cooperar con la polic¨ªa federal y liberen a extranjeros criminales de vuelta en nuestras comunidades cuando la ley exige que sean deportados¡±. El Departamento de Justicia, afirma, ¡°utilizar¨¢ toda la autoridad legal (¡) para exigir responsabilidades a las jurisdicciones que conscientemente violan la ley federal¡±.
El comunicado de Sessions deja claro el inequ¨ªvoco m¨®vil pol¨ªtico de la publicaci¨®n de este informe. Desde el minuto uno de su campa?a, Donald Trump, ha basado su discurso anti inmigraci¨®n no tanto en cuestiones econ¨®micas sino en la supuesta amenaza para la seguridad p¨²blica que supone esta comunidad de 11 millones de personas, a los que califica en general como integrantes de bandas y criminales. Para Trump, demostrar que los inmigrantes indocumentados son criminales es una prioridad pol¨ªtica.
En esta estrategia, Trump ha amenazado con cortar la transferencia de fondos federales, imprescindibles para muchos programas sociales, a las ciudades y condados que tengan leyes para no colaborar con ICE. La amenaza tiene dudoso encaje constitucional, pero sigue encima de la mesa. El informe del lunes hace adem¨¢s una detallada relaci¨®n de decenas de pol¨ªticas concretas, se?alando cada c¨¢rcel, departamento de polic¨ªa o sheriff que se niega a colaborar.
La publicaci¨®n peri¨®dica de estos informes es uno de los mandatos menos publicitados de la orden ejecutiva en la que Trump daba un cheque en blanco a los agentes de inmigraci¨®n para buscar y detener inmigrantes irregulares en cualquier lugar, por cualquier raz¨®n, e iniciar su deportaci¨®n inmediata. La nueva pol¨ªtica supone un cambio respecto a Barack Obama porque ya no lleva a rajatabla las prioridades de inmigraci¨®n, como los condenados por delitos violentos, sino que ampl¨ªa el objetivo a todos los indocumentados, est¨¢ llenando de angustia las comunidades inmigrantes.
Las ciudades con m¨¢s inmigrantes de Estados Unidos, como Los ?ngeles, denuncian que meter miedo a los irregulares repercute en inseguridad en todos los ciudadanos. Ya hay casos de familias que no llevan a sus hijos al colegio o que se cuidan de ir a un hospital. La mayor preocupaci¨®n de estas ciudades, con sus jefe de polic¨ªa y sheriffs a la cabeza, es que se rompa la confianza que ha costado d¨¦cadas conseguir entre los indocumentados y la polic¨ªa local, en la que recaen la mayor¨ªa de competencias de seguridad ciudadana. En Los ?ngeles, por ejemplo, se calcula que hay m¨¢s de 800.000 irregulares. En Nueva York son a¨²n m¨¢s. Si toda esa gente deja de denunciar cr¨ªmenes o colaborar con la polic¨ªa porque temen acabar deportados, la polic¨ªa perder¨¢ sus ojos y o¨ªdos en barrios enteros.
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