El cancerbero de la pena de muerte

A Richard Lynn Scott no le tiembla el pulso a la hora de estampar su firma en un papel que condene a un ser humano culpable de asesinato a morir por inyecci¨®n letal. Desde que empez¨® en 2011 como gobernador de Florida, este antiguo ejecutivo millonario de porte esbelto, ojos azules y cr¨¢neo rasurado ha rubricado 23 sentencias capitales, el r¨¦cord del Estado. Y su fe en la muerte como castigo sigue robusta. Ahora libra una cruzada contra la fiscal Aramis Ayala porque ella desaprueba la pena capital.

Ayala, primera fiscal afroamericana de Florida, a cargo del distrito de Osceola-Orlando, decidi¨® en marzo que su circunscripci¨®n no pedir¨ªa penas de muerte. No bas¨® su decisi¨®n en razones morales sino pr¨¢cticas. Argument¨® que los procesos de ejecuci¨®n de los sentenciados se alargan tanto que prolongan la agon¨ªa emocional de las familias de las v¨ªctimas y multiplican los costes procesales. Sostuvo que en los casos de homicidio de primer grado es m¨¢s funcional la cadena perpetua.

Scott reaccion¨® de inmediato. Unas horas despu¨¦s del comunicado de Ayala, le retir¨® a trav¨¦s de una orden ejecutiva la potestad del caso de Markeith Loyd, detenido en enero por el supuesto asesinato con arma de fuego de su novia y de una polic¨ªa que particip¨® en su arresto. El gobernador le quit¨® la instrucci¨®n de este crimen y la puso en manos de otro fiscal favorable a la condena a muerte.

Ayala est¨¢ pisando terreno espinoso. Florida es el segundo estado con m¨¢s personas en el corredor de la muerte (371), despu¨¦s de California. Aunque un sondeo reciente indica que un 62% de la poblaci¨®n estatal prefiere que los asesinos paguen cadena perpetua, existen a¨²n corrientes fuertes que defienden las ejecuciones. Y el gobernador, que en 2013 firm¨® una ley para acelerar la aplicaci¨®n de las penas de muerte, est¨¢ actuando como defensor de esa l¨ªnea con virulencia. Tras dejar a Ayala sin el caso Loyd ha dado el paso de despojarla de los otros 22 casos de homicidio en primer grado que le correspond¨ªan a su Fiscal¨ªa, traspas¨¢ndolos al mismo fiscal.

Ayala no se ha quedado de brazos cruzados. Esta semana ha presentado una demanda federal contra Rick Scott y el fiscal al que est¨¢n yendo sus casos, Brad King, aduciendo que se est¨¢ violando la Constituci¨®n al quitarle atribuciones no por error en el ejercicio de sus responsabilidades sino porque el gobernador quiere imponer otro punto de vista en materia judicial, asunto que no le compete. Scott, por su parte, ha sostenido que la ley de Florida lo ampara para asignar fiscales en situaciones especiales. Para el gobernador de Florida, que una fiscal considere apropiado sustituir las penas de muerte por condenas a cadena perpetua resulta una emergencia que exige su intervenci¨®n.

Desde 1976 en Florida han sido ejecutadas 92 personas. En este Estado el sistema para matar a los condenados es la inyecci¨®n letal, con tres modalidades de f¨¢rmacos diferentes. El ¨²ltimo ejecutado por asesinato fue Oscar Bolin Jr., en 2016. El espa?ol Pablo Ibar tambi¨¦n ha estado en el corredor de la muerte en Florida acusado de homicidio, pero el a?o pasado el Tribunal Supremo estatal anul¨® la sentencia, fue trasladado a una prisi¨®n y est¨¢ a la espera de que se vuelva a iniciar su juicio.