Un juez bloquea la amenaza de Trump contra las ¡®ciudades santuario¡¯

La denuncia original fue presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara (donde est¨¢ Silicon Valley) por considera inconstitucional la amenaza de retirarles fondos federales si no colaboran con inmigraci¨®n. Esa amenaza estaba en la orden ejecutiva del 25 de enero en la que Donald Trump increment¨® los esfuerzos para detener y deportar a todos los inmigrantes irregulares que sea posible. A esta denuncia se han sumado al menos otras 34 ciudades, entre las que est¨¢n Portland, Oakland, Seattle, Los ?ngeles, Austin, Chicago, Denver o Jersey, adem¨¢s de California como Estado.

Aquella orden ejecutiva aumentaba el personal de la polic¨ªa de inmigraci¨®n, reduc¨ªa a la an¨¦cdota los casos en los que se pod¨ªa no detener y deportar a alguien y declaraba de facto deportables a todos los inmigrantes irregulares, en vez de centrarse en los que han cometido delitos. Adem¨¢s, promet¨ªa castigar a las administraciones locales que no colaborasen en ese esfuerzo. En Estados Unidos, las competencias de seguridad est¨¢n en manos de los condados y las ciudades. Los cuerpos policiales federales, como el FBI o la Polic¨ªa de Inmigraci¨®n (ICE), no tienen suficientes agentes para lanzar grandes operaciones sobre el terreno.

Grandes ciudades con mucha presencia de inmigrantes irregulares han adoptado la pol¨ªtica de no preocuparse por el estatus migratorio de sus ciudadanos y no entregar a personas a petici¨®n de ICE a no ser que haya una orden judicial. A esto se le ha llamado en general pol¨ªtica de ciudad santuario, aunque en la realidad la aplicaci¨®n es muy distinta de un sitio a otro. Hay m¨¢s de 200 ciudades santuario en Estados Unidos, entre ellas muchas de las m¨¢s pobladas.

El Departamento de Justicia, que dirige Jeff Sessions, hab¨ªa endurecido sus palabras contra estas ciudades. Sessions orden¨® hacer un informe semanal de ciudades que no colaboran con ICE, detallando cada uno de los casos en los que una petici¨®n de entrega de un detenido no ha sido respondida, con el delito que hab¨ªa cometido la persona. La publicaci¨®n peri¨®dica del informe tuvo que ser suspendida porque estaba lleno de imprecisiones.

La batalla verbal se calent¨® a finales de marzo, cuando Sessions dijo en un comunicado que las ciudades santuario eran "una amenaza para la seguridad p¨²blica" y dijo que utilizar¨ªa "toda la autoridad legal para exigir responsabilidades" a estas jurisdicciones. Tuvo respuestas igual de desafiantes por parte de las mayores ciudades del pa¨ªs. "Los valores de Los ?ngeles no est¨¢n en venta", dijo el alcalde de la ciudad californiana, Eric Garcetti, que la semana anterior hab¨ªa firmado una orden municipal para prohibir totalmente a todos los funcionarios municipales colaborar con ICE.

En California, donde se calcula que vive m¨¢s de una cuarta parte de todos los sin papeles de Estados Unidos, hay una ley en tr¨¢mite que convertir¨ªa a todo el Estado en el primer Estado santuario. El autor de esa ley es el presidente del Senado estatal, Kevin de Le¨®n, que reaccion¨® diciendo: "El presidente Trump ha vuelto a tropezar con la Constituci¨®n". "California continuar¨¢ protegiendo a nuestros honestos y trabajadores residentes contra las pol¨ªticas c¨ªnicas y destructivas de la Administraci¨®n".

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reaccion¨® esta tarde a la orden judicial con un comunicado: "Una vez m¨¢s, una corte federal le ha dicho al Gobierno Trump: 'No puedes'. El presidente est¨¢ yendo m¨¢s all¨¢ de su autoridad cuando trata de cortar fondos vitales a las ciudades que no comparten su deseo il¨®gico e inconstitucional de utilizar a los inmigrantes como cabezas de turco".

El alcalde de Los ?ngeles, la segunda ciudad con m¨¢s inmigrantes ilegales de Estados Unidos, dijo por su parte que la decisi¨®n judicial "nos recuerda que los derechos de las personas trascienden el postureo pol¨ªtico" y pidi¨® que el Gobierno deje de criminalizar a los inmigrantes y trabaje en una reforma migratoria completa.?

El juez de San Francisco William Orrick considera que la orden amenaza con la retirada de "cientos de millones" de d¨®lares de fondos federales necesarios para estas ciudades, y concede que esto puede violar la separaci¨®n de poderes, el derecho al debido proceso y la prohibici¨®n de obligar a las administraciones locales a ejecutar pol¨ªticas federales.

Se trata de la tercera derrota judicial del Gobierno antes de haber cumplido los 100 d¨ªas y precisamente en el aspecto que es la bandera de su gesti¨®n, la dureza contra los sin papeles. Las dos anteriores son las ¨®rdenes que vetaban a los viajeros de seis pa¨ªses musulmanes. Tambi¨¦n fueron paralizadas cautelarmente en todo Estados Unidos por decisiones de jueces federales del Oeste del pa¨ªs.

Como sucedi¨® con el llamado veto migratorio, el caso no est¨¢ resuelto. Lo que ha hecho el juez es suspender la aplicaci¨®n de la orden hasta que se decida sobre su constitucionalidad. Pero el hecho de que acepte una medida cautelar tan grave (frenar en seco una orden del presidente) indica que aprecia suficiente base en la demanda como para que pudiera ganar.