Las v¨ªctimas civiles de las minas antipersona en Colombia se sienten abandonadas

Invadieron sus territorios. Los potreros, las monta?as, las trochas por las que los campesinos colombianos caminaban en su cotidianidad fueron tomados por la guerra como posibles campos ¡®del enemigo¡¯. Las FARC y el Estado en un conflicto de m¨¢s de cincuenta a?os, terminaron acorralando a la poblaci¨®n civil, convirti¨¦ndola en v¨ªctima. De los m¨¢s de 11.000 afectados por las minas antipersona en el pa¨ªs, al menos el 40% no pertenec¨ªa a ¡°ning¨²n bando¡±. Eran civiles. De ellos, 1.142 menores de edad.

El Centro Nacional de Memoria Hist¨®rica y la Fundaci¨®n Prolongar buscaron cifras y se acercaron a las historias que permanecen detr¨¢s, casi invisibles. En el informe La guerra escondida. Minas Antipersonal revelan las tristezas posteriores a la tragedia. ¡°Las v¨ªctimas civiles se sienten abandonadas ante la precaria atenci¨®n y los obst¨¢culos burocr¨¢ticos para obtenerla¡±, se?ala el documento, seg¨²n el cual el 70 % de las personas sobrevivientes a las minas corresponde al estrato 1 (el m¨¢s pobre y marginado de Colombia) y en el 71% la atenci¨®n en salud es promovida por el Sisben (programa de atenci¨®n estatal). Si en este pa¨ªs es dif¨ªcil conseguir cubrimiento en medicina con programas pagos, es peor cuando depende del Estado.

Como ha sido la misma historia de Colombia, los campesinos han tenido que sufrir m¨¢s duro las consecuencias de la guerra. Les invadieron sus territorios, los desplazaron y les llenaron los caminos de minas. La investigaci¨®n del Centro Nacional de Memoria Hist¨®rica se?ala que la activaci¨®n de minas antipersona (MAP) y de remanentes de explosivos de guerra (REG) se registra en un 98% en zonas rurales. Por eso, seg¨²n una de las conclusiones de los investigadores, ¡°lograr una atenci¨®n hospitalaria o una indemnizaci¨®n satisfactoria constituyen verdaderos retos para la poblaci¨®n afectada¡±. No solo porque no disponen de los recursos econ¨®micos, ni de movilidad que exigen los procesos en Colombia, sino porque de acuerdo con los testimonios de las v¨ªctimas, el sistema es lento, insensible y, en muchos casos, revictimizante y hostil.

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¡°Me dec¨ªan que ten¨ªa que sacar m¨¢s papeles y despu¨¦s ya no pude, ya no hab¨ªa ni pasaje (transporte) para subir aqu¨ª. Tambi¨¦n es duro, 3.000 pesos (un d¨®lar) cobran de aqu¨ª a Vegas y ahora de Vegas toca caminar. Me qued¨¦ sentada y ya no quer¨ªa nada, me qued¨¦ sentada all¨¢¡±. Es el testimonio de una mujer adulta, sobreviviente, que particip¨® en un taller de memoria en Nari?o, en el sur del pa¨ªs. En esa misma regi¨®n, un campesino relata que por una fiebre que no recibi¨® supervisi¨®n m¨¦dica perdi¨® casi la totalidad de su capacidad auditiva. Otro, m¨¢s dram¨¢tico, cuenta que debido a fallas en la atenci¨®n hospitalaria tuvo que ser amputado m¨¢s arriba en su pierna de lo que habr¨ªa sido en caso de un tratamiento adecuado.

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El mercado laboral parece ajeno a lo que pasa en el pa¨ªs y los lugares en donde resid¨ªan antes de caer v¨ªctimas de una mina no est¨¢n adaptados para que puedan habitarlos. ¡°Volver a la casa se siente raro, anteriormente uno llegaba completo, normal, y despu¨¦s uno llega, tiene que vivir uno pr¨¢cticamente ¡°encamado¡± (...) uno no tiene una casa adaptada para vivir en ciertas condiciones, lo que es el ba?o toca adaptarlo¡±, dec¨ªa el a?o pasado un militar.

El 80% de personas con alguna discapacidad en el mundo vive en pa¨ªses con bajos ingresos. Colombia no es la excepci¨®n. En el caso de las v¨ªctimas de la Fuerza P¨²blica, los testimonios sobre los procesos de inclusi¨®n socioecon¨®mica contienen reclamos hacia su propia instituci¨®n y hacia al Estado. Sobre todo protestan quienes sufrieron da?os invisibles, en ¨®rganos internos y en la piel, da?os sensoriales, psicol¨®gicos. Llaman la atenci¨®n sobre el hecho de que el Estado no reconozca una pensi¨®n para estos sobrevivientes cuando la discapacidad es menor al 50 %. Adem¨¢s, claman por procesos m¨¢s serios en los tratamientos psiqui¨¢tricos. ¡°El Estado no ha prestado atenci¨®n a la salud mental de las v¨ªctimas, pues solo llegan ayudas para la reconstrucci¨®n y esas cosas, pero nunca para la salud mental (...). El Estado cree que salud mental es ir tres o cuatro veces a una consulta y ya, pero despu¨¦s nunca hay seguimiento¡±, dec¨ªa un adulto, desde Carmen de Bol¨ªvar, una zona marcada por la violencia.

La situaci¨®n de los ni?os v¨ªctimas tambi¨¦n reclama mayor atenci¨®n. O al menos, que sea m¨¢s eficiente. El 27 % de los afectados civiles en Colombia por estos explosivos, han sido personas menores de edad. En total, entre enero de 1990 y marzo de 2016, 1.142 ni?os, ni?as y adolescentes fueron v¨ªctimas directas de MAP o REG en el pa¨ªs, en donde de acuerdo con el informe, existe sospecha de la presencia de estos artefactos explosivos en 31 de los 32 departamentos. El documento aclara que no significa que todo el territorio est¨¦ minado. Para desgracia de algunas poblaciones, la afectaci¨®n de esos explosivos est¨¢ centrada en zonas muy espec¨ªficas, las mismas que han tenido que soportar el peso de una guerra que se ensa?¨® con sus pobladores y de un pa¨ªs que no ha sabido repararlos.