El choque entre el Supremo y la Fiscal¨ªa amenaza al r¨¦gimen de Maduro

El reciente informe de Amnist¨ªa Internacional sobre la administraci¨®n de justicia en Venezuela, titulado Silencio a la fuerza, se?ala una tendencia, pero los procesos penales a los detenidos en las recientes protestas contra el r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro despejan las dudas de muchos abogados. Cuando, por petici¨®n del Ministerio P¨²blico, los tribunales de primera instancia deciden que los manifestantes antigubernamentales y opositores pol¨ªticos sean juzgados en libertad, las instancias superiores impiden que se ejecute la medida y los mantienen presos.

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Las diferencias entre la Fiscal¨ªa y los l¨ªderes del Poder Judicial ya no son solo ret¨®ricas, Cuando a principios de abril, la fiscal Luisa Ortega D¨ªaz declar¨® que las dos sentencias del Supremo, que se abrogaron temporalmente las competencias del legislativo, pod¨ªan ser calificadas como un golpe de Estado, no estaba manifestando una diferencia puntual. Era una zanja abierta que separaba a dos baluartes de la estrategia chavista de convertir al Poder Judicial en un operador pol¨ªtico. El origen de esa brecha se puede rastrear en varios casos.

La abogada Tamara Bechar, de la red de asistencia jur¨ªdica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Cat¨®lica Andr¨¦s Bello (UCAB) de Caracas, defiende a dos estudiantes de ese centro de estudios apresados durante las manifestaciones antigubernamentales del ¨²ltimo mes. Se llaman Luis Acu?a y Jes¨²s Urb¨¢ez, no pasan de los 20 a?os y estudian el primer semestre de Econom¨ªa y Comunicaci¨®n Social, respectivamente. Por ¨®rdenes del tribunal 42 de primera instancia en funciones de control los estudiantes deber¨ªan estar libres y presentarse cada 30 d¨ªas en el juzgado, pero contin¨²an presos. ¡°La m¨¢xima autoridad del circuito judicial penal de Caracas, Jimai Montiel, sigue instrucciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, e impide que los alguaciles entreguen las boletas con las decisiones en los sitios de reclusi¨®n. Los j¨®venes siguen presos por una decisi¨®n pol¨ªtica¡±, explica Behar.

El Ministerio P¨²blico imput¨® dos delitos a Acu?a y Urb¨¢ez: apolog¨ªa del delito y obstaculizaci¨®n de v¨ªas p¨²blicas. El jueves 10 de abril decidieron resguardarse en la Torre Brit¨¢nica de la urbanizaci¨®n Altamira, uno de los bastiones de la oposici¨®n. En los alrededores, el r¨¦gimen reprim¨ªa a los manifestantes con bombas lacrim¨®genas e iniciaba redadas en los edificios vecinos para capturar a quienes intentaban cortar las v¨ªas y arrojaban piedras. La Guardia Nacional Bolivariana entr¨® a la torre, un viejo edificio que alguna vez fue el s¨ªmbolo de la pujante Venezuela de finales de siglo XX, buscando a quien llevarse preso, seg¨²n los testigos. Acu?a, Urb¨¢ez y otras cinco personas fueron atrapadas.

Dos d¨ªas despu¨¦s los j¨®venes fueron presentados en los tribunales. La defensa solicit¨® la libertad plena porque, seg¨²n Behar, el expediente no individualizaba los supuestos delitos que habr¨ªan cometido sus defendidos. Las actas se?alaban generalidades y la responsabilidad penal nunca es colectiva. Con todo, la Fiscal¨ªa tuvo otro criterio: decidi¨® imputar a los estudiantes y solicitar al tribunal que los dejara libres con la condici¨®n de que se presentaran cada 30 d¨ªas. El juzgado decidi¨® aceptar la petici¨®n, pero exigi¨® que presentaran fiadores.

Ah¨ª empez¨® otro proceso kakfiano. El Poder Judicial deb¨ªa verificar si los candidatos ten¨ªan m¨²sculo econ¨®mico para pagar la fianza. Transcurrieron dos semanas. Una vez que lo constataron, a finales de abril, el juzgado orden¨® la libertad condicional y expidi¨® una boleta de excarcelaci¨®n. Como el coronel de Garc¨ªa M¨¢rquez, Acu?a, Urb¨¢ez y sus familiares esperan con ansias por una comunicaci¨®n que nunca llega.

Maikel Moreno, presidente del Supremo, es, seg¨²n Behar, el ¨²ltimo responsable de que sus defendidos sigan presos. Estrecho aliado del presidente Nicol¨¢s Maduro, Moreno, condenado por asesinato y destituido en 2007 por desacatar una orden de la Sala Constitucional, jam¨¢s habr¨ªa cumplido con los criterios de la Constituci¨®n de Venezuela, que establece en el art¨ªculo 263 que los aspirantes a togados ¡°deben ser ciudadanos de reconocida honorabilidad¡±, para ocupar el cargo que hoy luce. A pesar de esos antecedentes, el abogado fue incluido en el Comit¨¦ de Postulaciones Judiciales y seleccionado despu¨¦s como magistrado en un proceso que la oposici¨®n considera viciado.

Con el voto de Moreno, la Sala Constitucional desconoci¨® en dos sentencias las competencias legislativas del Parlamento. D¨ªas despu¨¦s el l¨ªder del Poder Judicial, a instancias del Consejo de Defensa de la Naci¨®n, que asesora a Maduro, aclar¨® el alcance de las sentencias y devolvi¨® parcialmente sus facultades a la Asamblea Nacional. El esc¨¢ndalo internacional aturd¨ªa al r¨¦gimen bolivariano. Las diferencias surgidas en el seno del Gobierno determinaron el retroceso del Supremo, que dej¨® en evidencia que todas sus decisiones respaldan los intereses del Gabinete.

La historia del preso pol¨ªtico Yon Goicochea, de la formaci¨®n Voluntad Popular, es casi un calco del limbo en el que permanecen los estudiantes. En el ¨²ltimo informe de Amnist¨ªa Internacional se rese?a que el dirigente, detenido en septiembre de 2016 en v¨ªsperas de una manifestaci¨®n opositora, deber¨ªa estar en libertad condicional desde finales de octubre, despu¨¦s de que el Ministerio P¨²blico constatara que no hab¨ªa cometido delitos y la defensa cumpliera con el tr¨¢mite de elegir a dos fiadores. No ha sido posible porque sus carceleros del Seb¨ªn, la polic¨ªa pol¨ªtica venezolana, o no reciben la orden judicial, emitida por el juzgado 21 en funciones de control, o no la acatan por ¨®rdenes superiores.

Como Leopoldo L¨®pez, el l¨ªder de su formaci¨®n, Goicochea permanece incomunicado por largos per¨ªodos. Sus familiares tambi¨¦n han denunciado que el tribunal de la causa no atiende al p¨²blico desde diciembre. El retardo judicial siempre fue el lugar com¨²n de la justicia venezolana. Pero ahora, con la agudizaci¨®n del conflicto pol¨ªtico y la profundizaci¨®n de la crisis, cada vez son m¨¢s frecuentes los casos de presos que no son presentados ante tribunales en los plazos que exige la ley o no son liberados cuando corresponde. Es un mensaje. La justicia tambi¨¦n escarmienta a los adversarios de la revoluci¨®n chavista.

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